María Jesús Montero: la negociadora de cabecera de Sánchez completa el póker de vicepresidentas

Su protagonismo ha tenido premio. María Jesús Montero mantendrá como pretendía la cartera de Hacienda y Función Pública, con la que se garantiza un protagonismo político fundamental durante el tiempo que dure esta legislatura, y además es promocionada dentro de la estructura de Gobierno a una de las cuatro vicepresidencias que respaldarán la acción política de Sánchez, las cuatro ocupadas, al menos de momento, por mujeres: Nadia Calviño, en situación de semi-interinidad; Yolanda Díaz; Teresa Ribera y ella misma.

Montero ha ido incrementando su peso político en el gabinete de Pedro Sánchez, según ha ido avanzando la legislatura. La eficacia con la que ha encarrilado las negociaciones de los Presupuestos tanto con los socios de Unidas Podemos, con los que ha actuado de enlace permanente, como con el resto de formaciones cuyo apoyo necesitaba el Gobierno para sacar adelante las cuentas públicas, la han posicionado como un valor seguro para el presidente, que primero le encomendó la Portavocía del Gobierno en el crítico año y medio en que hubo que lidiar con la pandemia y luego la hizo vicesecretaria general del Partido Socialista. Su promoción a la condición de vicepresidenta del Gobierno confirma su peso específico en el gobierno más político de cuantos ha configurado Sánchez.

Los flancos de sombra y las dudas asoman en torno a su gestión de las cuentas públicas. Durante los últimos cuatro ejercicios Montero ha dejado bien claro que los presupuestos han estado supeditados a las necesidades de gasto público desencadenadas primero por la pandemia y posteriormente por el episodio inflacionista que todavía afecta a la economía española. En ese contexto de escudos sociales, políticas de gasto e incentivos fiscales, Montero ha construido sin grandes dificultades las mayorías necesarias para sacar adelante las cuentas públicas, dejando por el camino además una serie de apuestas fiscales de corte muy ideológico e impacto presupuestario limitado como la subida de IRPF a las rentas altas, el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, el incremento de las cargas fiscales a las rentas del capital o, últimamente, la conversión en permanente del Impuesto de Patrimonio, los gravámenes a las energéticas y a la banca o el impuesto sobre las grandes fortunas, todas ellas recurridas ante el Tribunal Constitucional.

El aval del Constitucional al llamado impuesto a los ricos no enmascara la creciente litigiosidad en que ha derivado el sistema fiscal, ni las dudas de seguridad jurídica por la inestabilidad del sistema tributario que ha generado este activismo fiscal, cuyo episodio más demoledor haya sido probablemente la histórica salida de Ferrovial rumbo a los Países Bajos.

Los efectos de la guerra abierta que Montero ha planteado a las grandes empresas del país son impredecibles. Tras la salida de Ferrovial, que el Gobierno asumió como un daño colateral de esta guerra fiscal al atribuirla a motivos fiscales, ha habido otras grandes empresas como Repsol que han condicionado sus inversiones en España a un marco fiscal más estable y otras grandes en sectores como la energía y la banca que han advertido del impacto que pueden tener tanto sobre sus inversiones para el despliegue de las energías renovables como sobre la financiación al sector privado. Desde las organizaciones que representan a la gran empresa se desliza ya sin ambages que estas tienen cada vez menos incentivos para mantenerse en España.

El otro gran flanco de incertidumbre es el estado de las cuentas públicas. Hasta ahora María Jesús Montero ha gestionado la abundancia, gracias a un flujo de ingresos fiscales sin precedentes en la historia reciente de España en parte gracias a la inflación y en parte gracias al fenomenal desempeño del empleo tras la pandemia. Todos los analistas coinciden en que ese caudal irá desapareciendo progresivamente en los próximos meses -ya ha empezado a hacerlo- y eso va a suceder cuando España aún arrastra un déficit público en el entorno del 4% (las estimaciones de cierre para este año oscilan entre el 3,9% y el 4%) y la deuda pública en el 110% del PIB, y se van a reimplantarlas nuevas reglas fiscales que exigen reducciones permanentes de la deuda y un déficit público por debajo del 3%.

La ministra de Hacienda se comprometió el pasado mes de abril con Bruselas a reducir el déficit al 3% del PIB en los Presupuestos de 2024. Bruselas y los analistas han advertido ya estos últimos días que para lograrlo no será suficiente con retirar las medidas discrecionales puestas en marcha para combatir el impacto de la inflación, sino que se deberá ir más allá, en un ajuste extra que debería oscilar entre los 3.000 y los 6.000 millones de euros el año que viene, según los analistas.

El Gobierno está convencido de que se puede lograr sin recortes presupuestarios, únicamente con subidas puntuales de impuestos, pero la experiencia indica que estas nunca han sido son suficientes y que los grandes ajustes presupuestarios siempre se han hecho por el lado del gasto.