De lo que se queja el Ibex: litigiosidad, inestabilidad jurídica y presión fiscal

El asunto ha alcanzado tal magnitud que la compañía se ha visto obligada a aclarar esta semana que el ordenamiento jurídico español «está a la altura de los mejores del mundo» para apaciguar los ánimos, especialmente los del Gobierno, alertado por el debate social en torno a la inseguridad jurídica de España y el potencial problema reputacional que pudiera acarrear al atractivo de España para la inversión internacional.

ABC ha realizado una batida de los últimos informes anuales publicados por las empresas del Ibex 35, las mayores del país por capitalización bursátil, y se ha encontrado con referencias a la inseguridad jurídica y la inestabilidad regulatoria en España en más de una veintena. En no pocos casos estas son explícitas y apuntan a aspectos concretos del marco regulatorio, como la política fiscal, las trabas administrativas o la presión regulatoria; y en otros son más veladas y se sustancian, por ejemplo, ensalzando iniciativas tomadas en una serie de países en los que no aparece España, pero de un modo u otro asoman en el análisis anual que hacen de su actividad.

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En lo que hay una coincidencia general entre las empresas del Ibex es en la relevancia cada vez mayor que el riesgo regulatorio tiene sobre su actividad, principalmente, en tres direcciones: presión regulatoria creciente, conflictividad con la Administración e incremento de la presión fiscal.

Antes de hacer pública su decisión de trasladar su sede fuera de España, Ferrovial ya había subrayado en sus dos últimos informes anuales los factores políticos y el marco regulatorio como algunos de los principales riesgos estratégicos para la compañía.

No es la única. Endesa considera que «la falta de un enfoque coordinado entre los diferentes actores y reguladores» afecta de forma negativa al proceso de electrificación y descarbonización de la economía y señala a los obstáculos regulatorios como los grandes riesgos a la hora de alcanzar los objetivos de la transición energética por la dificultad «para conseguir autorizaciones administrativas y para el desarrollo de proyectos».

El hiperregulado sector energético invierte ingentes cantidades de dinero en proyectos de abastecimiento de energía y renovables y teme que la burocracia y la inestabilidad regulatoria afecte a sus objetivos estratégicos. Repsol menciona entre los riesgos que se han materializado este año 2022 «las medidas de regulación e intervención en los mercados energéticos adoptadas por el Gobierno de España», que habrían impactado de forma negativa en sus resultados tanto por el descuento al precio de la gasolina –que le pasó una factura de 500 millones– como por la mayor presión regulatoria y fiscal. Naturgy lamenta, por su parte, que el incremento de los precios de la energía haya dado lugar «a importantes cambios regulatorios y a una constante incertidumbre en España».

En este mismo sentido se pronuncian Acciona, que advierte de que «si no se diseñan y aplican de forma correcta» estos cambios regulatorios «pueden suponer una barrera para el desarrollo de la transición ecológica» y para la actividad de la compañía, y Solaria que señala al activismo regulatorio en el sector energético como un riesgo materializado.

No es ningún secreto, a las empresas les espanta la inestabilidad regulatoria. Lo apuntó Ferrovial al mencionar lo del «marco jurídico estable» como razón para su mudanza y lo mencionan otras importantes empresas del Ibex como Iberdrola que enfatiza en su informe anual que la selección de los países en que opera tiene en cuenta «la estabilidad del entorno regulatorio que afecta al sector y la calificación crediticia a largo plazo». Aviso a navegantes.

Otro pasaje, en este caso del Santander. «Santander defiende la necesidad de una regulación robusta y de alta calidad que fomente la fortaleza y la solvencia de los bancos». La seguridad jurídica como factor clave.

Acciona, Acerinox, BBVA, Cellnex, IAG, Telefónica, Repsol... la nómina de empresas que reconocen abiertamente o sugieren un impacto negativo en su actividad de la presión regulatoria o de la inconsistencia legislativa en determinados aspectos en España es larga y está encabezada por los sectores más atados a la regulación: banca y eléctricas.

Una prueba de que el asunto inquieta es que hasta Indra, la empresa controlada por el Estado, apunta al declive de la situación geopolítica como uno de los riesgos para su actividad.

El acecho fiscal asoma como uno de los riesgos regulatorios que más se mencionan. Ferrovial ya lo apuntó también de forma muy tenue en su informe de 2021 tras detectar políticas económicas «encaminadas a primar los intereses nacionales o regionales, y/o incrementar la presión fiscal». .

La empresa de transporte y logística Logista menciona entre los riesgos identificados en 2022 en España «un potencial incremento significativo de tributos» con potenciales efectos negativos para el negocio de la compañía a presente y a futuro; e IAG, matriz de Iberia, también advierte que la cada vez mayor presión fiscal sobre el sector amenaza con disparar los gastos de explotación con efectos potencialmente negativos sobre la demanda. Conviene recordar aquí que el Gobierno valoró la idea de imponer un impuesto sobre el queroseno para gravar el tráfico aéreo y que la iniciativa también está en el libro blanco de los expertos para la reforma fiscal.

Aunque donde el termómetro de la indignación fiscal alcanza mayor temperatura, al menos en los informes publicados por las empresas, es en los sectores más directamente afectados por la ofensiva fiscal del Gobierno a final del año pasado: banca y energéticas. Bankinter es, quizá, la entidad más dura sobre este aspecto al asociar de forma directa la maniobra fiscal del Gobierno con su reputación internacional. «Todo ello (en relación al rocambolesco proceso de aprobación de los nuevos gravámenes, que según muchos expertos determinarán su ilegalidad) genera inseguridad regulatoria, hace desconfiar a los mercados del sistema tributario español y daña la imagen de nuestra economía», afirma María Dolores Dancausa, presidenta de Bankinter, en su carta a los accionistas. «Las entidades financieras están sujetas a un marco regulatorio complejo y cambiante», asume BBVA, al referirse al gravamen a la banca; en tanto que el Santander lo asume como un episodio más de las crecientes obligaciones regulatorias impuestas al sector en los últimos años.

Es muy probable que tanto el gravamen a la banca como el de las eléctricas acaben en los tribunales, como ya anticipan Naturgy y Bankinter, y generen así un nuevo foco de litigiosidad entre la administración tributaria y las grandes empresas.

El capítulo de provisiones y litigios de los informes anuales de las empresas del Ibex es desalentador. Pulsos judiciales que se dilatan durante años por la imposición a las empresa por parte de los sucesivos gobiernos de cambios legislativos de dudosa legalidad, discrepancias por la aplicación de la normativa sobre competencia y, sobre todo, litigios fiscales, por casi cualquier impuesto y por casi cualquier tasa impuesta desde lo público.

Los asesores fiscales de las grandes empresas llevan años proclamando que esta situación es insostenible, no solo por las cantidades millonarias que inutiliza en tanto no se resuelva el litigio fiscal sino por los insoportables costes de gestión que provoca a empresas y Agencia Tributaria. Un ejemplo bien reciente es el referencial litigio entre la Agencia Tributaria y Telefónica, resuelto a favor de la compañía de telecomunicaciones y que ha dado lugar no solo a la devolución de los 790 millones cobrados indebidamente en su día por la Hacienda Pública sino a 560 millones en concepto de intereses de demora.

«Estamos en una época muy litigiosa y va a ir a más porque el estado español es muy peleón, lo pelea todo», aseguraba hace unos días el abogado experto en litigios y mediaciones y socio de la firma White & Case, Francisco Málaga, en una jornada sobre competitividad organizada por CEOE.

Dijo, asimismo, que las empresas españolas ya han interiorizado esa conflictividad y han aprendido a convivir con ella y gestionarla. El informe anual de Meliá Hoteles lo acredita de una forma palmaria al admitir que evalúa «los tratamientos fiscales inciertos» a la hora de elaborar su estrategia en este campo y refleja en la misma «la incertidumbre sobre la factura fiscal» que le corresponderá pagar.