Diana Morant, la ministra 'silenciosa' y alejada de las polémicas conserva el Ministerio de Ciencia que se une a Universidades

Lo que no mencionó en su cuenta de Twitter como 'hito' fue que le tocó 'rematar' la ley de Universidades que comenzó su antecesor, Manuel Castells, y durante cuya aprobación parlamentaria se incluyeron 150 enmiendas de los nacionalistas catalanes. Así fue como consiguió ERC romper con la neutralidad ideológica de los campus.

El catalán ha sido un ministro muy contestado, sobre todo por el problema generado con la homologación de títulos extranjeros, sobre todo desde los psicólogos que no pueden ejercer aunque les hayan prometido que sí. Promesa que se plasmó en la ley y que, pese a ello, no se cumple.

Otra asignatura pendiente que tendrá que asumir Morant, una ministra que no ha generado apenas polémica si se la compara con su ahora antecesor, es la aprobación del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI). Este ya se debería haberse puesto sobre la mesa del Congreso en forma de proyecto de ley, pero no ha ocurrido. Y es que la nueva ley de Universidades (LOSU) marca en una disposición final que «en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de ley del estatuto del personal docente e investigador universitario».

La ley entró en vigor el pasado 12 de abril y del estatuto no hay noticia. Los seis meses se han cumplido este mes de octubre pero el Gobierno estaba en funciones, algo que para algunos juristas, como publicó ABC el mes pasado, explica el hecho de que el estatuto no esté terminado. Sin embargo, otras fuentes jurídicas consultadas discrepan. «La Ley Orgánica del Sistema Universitario contempla la obligatoriedad de aprobar el proyecto de ley en seis meses y es una ley posterior, en el tiempo, a la ley del Gobierno, que es de finales de los años 90. De esto se puede entender que para este caso concreto, la aprobación del estatuto no rige la norma general de la Ley del Gobierno si no la norma especifica que contempla la LOSU; el legislador podría haber señalado que la aprobación del estatuto se tenía que hacer de acuerdo con las norma general para la aprobación de proyectos de ley, y no lo hizo, precisamente, por el carácter urgente de este texto legal».

A las homologaciones y al estatuto del PDI se suman otrso retos: «Arreglar los efectos negativos que ya está produciendo la nueva ley como la desintegración del sistema o los problemas de burocracia o el reclamo que le hicieron los rectores respecto a la financiación», señala Jorge Sainz, exsecretario general de Universidades con el PP. La presidenta de los rectores (CRUE), Eva Alcón, le trasladó su inquietud al exministro en su encuentro del pasado 11 de octubre. Entonces, la también rectora de la Universidad Jaume I calificó la situación «de urgencia y pidió a Subirats que se detalle con la mayor brevedad el compromiso de las distintas administraciones para alcanzar el incremento, como mínimo, de hasta el 1% del PIB que fija la LOSU», señalaron en un comunicado. «Sin financiación no se va a poder desarrollar la norma; me consta que el ministerio está haciendo los cálculos pero nosotros tenemos que insistir en que esto es fundamental, el Gobierno debe ser consciente de que la Losu sin financiación no será una realidad», explicó la rectora a este periódico.

Este mismo lunes la CRUE publicó un comunicado en el que agradecen la fusión de Ciencia y Universidades, felicitan a la ministra y dejan algunos recados: asegurar una financiación adecuada, estable y plurianual; reforzar el sistema de becas y ayudas al estudio; aumentar la internacionalización del SUE, facilitar la atracción y retención de talento; agilizar la gestión de la investigación; incentivar la transferencia del conocimiento; mejorar la regulación de los procedimientos de acceso y admisión a la Universidad; potenciar la educación a lo largo de la vida e impulsar la Ciencia Abierta.

En cuanto a los retos en ciencia, durante su debate de investidura, Sánchez puso sobre la mesa uno de los gran problemas para los científicos de nuestro país: que se van fuera para buscar un futuro mejor. El presidente habló de la necesidad de recuperar los 'cerebros' que han tenido que salir fuera de España en busca de una mayor estabilidad. La idea no es nueva. En 2018 el entonces ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, aprobó una inversión de 101 millones de euros para ofrecer más de 800 contratos permanentes y temporales, de al menos cinco años de duración, a jóvenes científicos migrados.

El asunto también se abordó en la aprobación de la nueva ley de Ciencia de Morant, pero sin especificar cómo iba a llevarse a cabo, según lamentó en su día la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), que agrupa a 42.000 investigadores de todo el país. Este punto fue conflictivo, ya que el borrador incluyó 'in extremis' las reivindicación del sector para aplicar el reconocimiento de la experiencia (quinquenios) en el sueldo de los investigadores llegados de centros extranjeros.

«Traer al talento que ha salido fuera del país es una iniciativa recurrente, pero no se ha presentado de una manera suficientemente atractiva y con visos de que haya una programación seria de incorporación a las plantillas de los centros de investigación, con buenas condiciones laborales, formando equipos sólidos, con infraestructuras adecuadas y financiación constante», señala María Ángeles Serrano, secretaria general de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce).

Aunque Serrano reconoce que en el último año ha habido un aumento «significativo» de la financiación de los fondos destinados a la ciencia, «para que esos investigadores de alto nivel vuelvan, tiene que haber un compromiso real con la ciencia, aumentar la inversión pública de manera plurianual, no de manera puntual de un año», subraya.

Sánchez también prometió incrementar la financiación de los centros de investigación españoles, a los que calificó de «un auténtico orgullo» para el país, y apostó por fomentar una mayor colaboración público-privada en el I+D+i. Además, habló de aumentar los contratos predoctorales y postodoctorales, «pero también hay que fomentar las carreras investigadoras ya desde la enseñanza infantil y que socialmente no se vean como una carrera de obstáculos, sino como un trabajo atractivo y dignamente pagado», indica. «La ciencia es el futuro y no puede ser objeto de vaivenes y oportunidades políticas», concluye la secretaria general de la Cosce, a quien unir los ministerios de Ciencia y Universidades le parece «la opción más lógica».