Pablo Bustinduy, el hijo de una ministra felipista asume la cartera de Belarra

Al formarse Sumar, Díaz anunció su «recuperación» para las listas de la confluencia de partidos que concurrió a las generales del 23-J y ahora se convierte en un ministro de la cuota impuesta por Díaz a Sánchez, si bien la primera opción de la gallega era Nacho Álvarez.

El pasado viernes, Álvarez rechazó esa cartera al no contar con el respaldo de Ione Belarra para ser ministro y abandonó todos sus cargos en Unidas Podemos.

Bustinduy es el mediano de tres hermanos y lleva la política en vena. De hecho, cuando solo tenía dos años de edad, su madre Ángeles Amador se convirtió en ministra de Sanidad del PSOE durante el Gobierno de Felipe González entre 1993 y 1996. Su padre, Javier Bustinduy, ya fallecido, fue un reconocido ingeniero de caminos y uno de los impulsores de la transformación ferroviaria para que germinase la red de Renfe Cercanías.

El nuevo ministro tiene una amplia formación en el extranjero, es políglota y politólogo. Estudió Ciencias Políticas y Humanidades en la Universidad Complutense de Madrid, cursó un Erasmus en Francia (París), completó su formación con un master en el Instituto de Estudios Políticos de París (que lo terminó con mención cum laude) e hizo el doctorado en Filosofía Política en la New School for Social Research de Nueva York.

Bustinduy fue diputado por Podemos desde 2015, también defendió a los morados como parlamentario en la Asamblea de Madrid y fue asimismo el coordinador de la Secretaría Internacional de Podemos. No obstante, se fue del partido en pleno cisma con el errejonismo, con quien se posicionó en el congreso de los morados celebrado en Vistalegre II. Se retiró justo cuando iba a encabezar la lista de los morados a las elecciones europeas de 2019. En sus intervenciones, siempre quiso mantener una posición discreta respecto a las cuitas internas del partido, y en su momento y dada su formación como experto en materia internacional, sonó en las quinielas para ser ministro de Asuntos Exteriores.

El nuevo ministro de Sánchez protagonizó en su día enfrentamientos en la tribuna parlamentaria con el presidente del Gobierno y sus huestes socialistas, de hecho muchas de esas intervenciones se hicieron virales por la contundencia que emplea siempre en sus alegatos. Fue especialmente duro con el Gobierno de Pedro Sánchez, al reprocharle la política internacional hacia Venezuela: «Que lo haga la derecha española es normal, un cordón umbilical une la foto de la Azores con la de Colón. Que lo haya hecho usted señor Sánchez, no lo es«.

Bustinduy regresa ahora por la puerta grande a la primera línea política tras cuatro años de su paso a un lado.

Como grandes retos, Bustinduy hereda de Belarra una ley de familias que nunca llegó a tramitarse, la ley de servicios sociales, los juzgados especializados en violencia a la infancia y la lucha contra los abusos sexuales a menores o acabar con la lista de espera de la dependencia.

Así, una de las primeras medidas que podrá tomar el nuevo ministro será retomar la tramitación de la Ley de Familias que quedó interrumpida tras la disolución de las Cortes el verano pasado, como consecuencia de la convocatoria anticipada de elecciones. En todo caso, durante el gobierno en funciones ya se aprobaron por real decreto los nuevos permisos de paternidad o el permiso de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente, entre otros.

Asimismo, quedó pendiente la tramitación de la Ley de Servicios Sociales, a la que el Consejo de Ministros dio luz verde en primera lectura, y que pretendía ser la primera ley de servicios sociales de la democracia.

Esta nueva Ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, que fue impulsada por Derechos Sociales, establecía que las comunidades autónomas deberán acordar en el seno del Consejo Territorial, un mínimo común de servicios básicos para todo el territorio nacional, incluyendo las ratios de profesionales, con el objetivo de fomentar la igualdad en el territorio.

Por otro lado, el nuevo ministro de Derechos Sociales tendrá como gran desafío acabar con la lista de espera de dependencia, es decir que dejen de estar en el limbo cerca de 200.000 personas que tienen reconocida la dependencia pero no reciben la prestación que les corresponde. Cada 12 minutos muere una persona a la espera de esta prestación y, en su discurso de investidura, el candidato Sánchez a la Presidencia se comprometió a agilizar esta tramitación a un máximo de 30 días. Tendrá trabajo por hacer.

Por otra parte, durante la pasada legislatura, Derechos Sociales llegó a un acuerdo con las comunidades autónomas para mejorar la calidad de las residencias y del Sistema de Atención a la Dependencia que quiere erradicar, desde ahora hasta 2029, el modelo de «macroresidencias», ya que los centros deberán tener un tamaño máximo de entre 75 y 120 plazas, según su localización. La propuesta establece que los centros residenciales tendrán que ser «más parecidos a un hogar», con unidades de convivencia por afinidad de un máximo de 15 personas, y contempla un incremento progresivo del número de trabajadores de residencias para personas mayores, hasta que haya al menos uno por cada dos personas atendidas. También se establece la atención libre de sujeciones y se apuesta por la atención domiciliaria.

Junto a la nueva ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, Bustinduy tendrá que continuar la implementación de la Lopivi, o Ley Orgánica de Protección a la Infancia, que fue aprobada hace más de año y medio. ONG como Save the Children han recordado que queda pendiente el deber que mandata la norma de poner en marcha juzgados especializados en violencia contra los menores.

Además, Sánchez también prometió «reforzar» tanto los mecanismos de acompañamiento y de supervisión de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, «dotándoles de más personal y también de más recursos», como la labor de inspección en los centros educativos para asegurar que cumplen con los protocolos establecidos y que sus profesionales reciban la formación adecuada sobre abusos sexuales.