Junts y ERC exigen el control de interventores y secretarios locales

Es a ellos a los que la normativa doméstica reserva de manera explícita tareas de carácter público obligatorio como la fe pública, es decir la constatación de la legalidad y validez de los actos administrativos; el asesoramiento legal preceptivo, el control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria de los ayuntamientos, su contabilidad, su tesorería y su recaudación.

Y su designación depende del Estado desde hace exactamente un siglo porque ya entonces se entendió que era preferible alejar lo más posible el nombramiento de los responsables de llevar a cabo estas tareas del espacio en que se decide la política municipal para reducir al máximo la aparición de eventuales episodios de corrupción. Así ha sido desde entonces con un breve paréntesis entre 2007 y 2013, en que la competencias se cedieron a las comunidades autónomas y que según Alberto Bravo Queipo de Llano, portavoz de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Apsital), resultó en un desastre por la incertidumbre que se generó, los paréntesis en las convocatorias de plazas y el impacto que tuvo sobre las bolsas de opositores.

Una década después de esa experiencia, ERC y Junts aspiran a aprovechar las enmiendas al proyecto de ley de medidas urgentes para la ejecución del plan de recuperación para conseguir que el Gobierno central transfiera a la Generalitat el control sobre la designación de interventores, secretarios y tesoreros municipales.

Los nacionalistas catalanes han planteado sendas enmiendas para impulsar una modificación de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local que les atribuya esas competencias «de acuerdo con los principios autonómicos de descentralización, de eficiencia y de autonomía local».

La enmienda de Junts se limita a reclamar para la Generalitat el ejercicio de las competencias en la materia de acuerdo con los principios de descentralización de competencias hacia Cataluña establecidos en el Estatut, pero ERC va más allá y plantea un esquema mucho más ambicioso, en el que la Generalitat y el resto de gobiernos de las comunidades autónomas tendrían la capacidad de remover a los habilitados nacionales que a día de hoy cumplen estas funciones en los ayuntamientos catalanes y sustituirlos tanto por funcionarios reclutados por concurso de méritos (no por oposición) como, excepcionalmente, por personal incorporado por la vía de la libre designación.

Desde Apsital, la asociación profesional que representa a un colectivo de funcionarios habilitados formado por más de 6.000 profesionales, ven el sistema que subyace tras las enmiendas de ERCy Junts como un intento de colonizar la administración local catalana y advierten de sus riesgos.

«Cuando en 1924 el Estado decidió asumir la designación de los interventores, los secretarios y los tesoreros municipales lo hizo porque constató que su nombramiento por los poderes locales generó un problema de corrupción y entonces incluso se dijo que el cambio lo agradecería el interés general y los propios funcionarios», explica Alberto Bravo Queipo de Llano, portavoz de la asociación profesional. «Creemos que esas cautelas sigue siendo aconsejables a día de hoy».

Los funcionarios habilitados nacionales defienden que son un cuerpo esencial para el adecuado funcionamiento de la administración municipal y que suponen la última línea de defensa del Estado de Derecho frente a los responsables del poder local que pretendan regatear la ley. Entienden que si lo son, es en buena medida porque el Estado es el que los designa y las corporaciones municipales en las que desarrollan su trabajo no tienen la capacidad para influir sobre ellos, ya que su permanencia en el puesto no depende de si hay un cambio en la Alcaldía o no. Algo que se reveló como fundamental, por ejemplo, en las jornadas previas al referéndum ilegal del 1-O, en las que la intervención de los secretarios municipales impidió en muchos casos que los ayuntamientos dieran cobertura institucional a la consulta ilegal convocada por el gobierno de la Generalitat.

Les preocupa la deriva institucional que puede seguir a la implantación de un sistema que, como plantea ERC, determinaría el acceso a esas funciones críticas para el adecuado funcionamiento de la administración local de personas sin la formación adecuada y sin conocimiento de la regulación local a partir de concursos de méritos que, según la enmienda presentada, valorarían aspectos como el «conocimiento de las especialidades de la organización territorial de cada comunidad autónoma y del derecho propio de la misma, el conocimiento de la lengua oficial en los términos previstos en la legislación autonómica respectiva, y los méritos específicos directamente relacionados con las características del puesto», que serían determinados en todo caso por el gobierno autonómico de turno.

La enmienda de ERC quiere desactivar además el control estatal previo que rige tanto para los nombramientos de habilitados nacionales como sobre todo para sus ceses, lo que facilitaría la sustitución de los interventores, secretarios y tesoreros actuales por funcionarios autonómicos o personas designadas por la Generalitat.

«Quieren destruir el cuerpo de habilitados nacionales», concluye el portavoz de Apsital, que recalca que la enmienda de ERCpretende recuperar la denominación que ya se implantó tras la aprobación del Estatuto del Empleado Público de 2007, que previó la cesión de las competencias sobre este cuerpo de funcionarios a las comunidades autónomas, cuando se sustituyó la naturaleza de habilitado nacional por la de habilitado estatal.

«Creemos que es un paso más en la degradación del Estado de Derecho», asegura el portavoz de la asociación profesional.

Este colectivo forma parte de la decena de organizaciones de altos funcionarios de la Administración del Estado –entre las que se cuentan asociaciones de magistrados, fiscales y otros cuerpos superiores como los inspectores de Hacienda, los inspectores de Trabajo o los abogados del Estado– que han constituido el Pacto de profesionales en defensa del Estado de Derecho y que emitieron hará cosa de un mes un manifiesto fundacional en contra de la ley de amnistía y de los cambios promovidos por el Gobierno en las oposiciones de acceso a la Función Pública por entender que se está bajando el nivel de exigencia y comprometiendo la calidad de los servicios públicos.

Los votos de los grupos parlamentarios de ERC y Junts son fundamentales para que el proyecto de ley de medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia supere el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados con éxito.