Los funcionarios a los que el independentismo puso en el punto de mira desde el 1-O

Fue en ese escenario, en Barcelona y en otros muchos ayuntamientos, en el que cobró especial protagonismo la figura del secretario municipal, funcionario de la Administración local pero con habilitación de carácter estatal, y que, en el caso de la capital catalana, fue muy claro en el informe emitido a poco más de dos semanas para la celebración del referéndum. El secretario del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Cases, sentenció en un informe de 15 páginas que ceder los locales municipales usados habitualmente en procesos electorales incumpliría la suspensión del referéndum ordenada por el Tribunal Constitucional (TC), advirtiendo de que esta hipotética cesión vincularía a la alcaldesa y a los trabajadores municipales, pudiendo incluso a acarrear consecuencias penales.

«La alcaldesa, el Ayuntamiento y sus trabajadores y trabajadoras en ejercicio de sus funciones públicas quedan vinculados por el mandato del Tribunal Constitucional, de abstenerse de realizar actuaciones que permitan la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña, actuaciones en las que, sin duda, se incluiría la eventual puesta a disposición de locales para la votación», señalaba Cases en su informe.

Fue en base a ese texto, pero también en base a la voluntad de Colau de que en Barcelona se pudiese votar el 1-O, que el Ayuntamiento se instaló en una calculada ambigüedad: se apoyaba la consulta, pero no se cedieron locales de manera oficial, aunque informes posteriores apuntaron que hasta ocho emplazamientos municipales sirvieron para votar, sin que ello, eso sí, al final tuviese consecuencias penales para la alcaldesa o su equipo.

La posición del secretario municipal en Barcelona fue en todo caso coherente con la de todo el colectivo. Así, el Consejo de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cataluña (Csital) subrayaba ya unos meses antes de la consulta que la actuación profesional de sus miembros se regía por el cumplimiento del principio de legalidad y recordaba que debía ser fiel «al espíritu y al texto de la Constitución».

En un comunicado emitido tras anunciarse por parte de la Generalitat la celebración de la consulta, la Junta General del Csital exponía que su código ético profesional contiene «un enunciado claro que no admite interpretaciones». Este enunciado indicaba que «el funcionariado de la Administración local con habilitación de carácter estatal debe actuar de acuerdo con las leyes, los reglamentos y las normas e instrucciones que sean aplicables al cumplimiento de sus deberes». «En cualquier caso –subrayaba– debe permanecer siempre fiel al espíritu y al texto de la Constitución Española, a la normativa autonómica y europea y a los principios de conducta de este código ético».

Este mismo organismo manifestaba su disgusto por haberse convertido en la semanas previas al 1-O en objeto de controversia política, cobrando «un protagonismo que no nos corresponde», y llegándose a poner en duda su profesionalidad. Fue precisamente su posición clara en ese momento la que explica el disgusto del independentismo con respecto a un colectivo que ahora, pasados los años, trata de poner bajo su tutela.

Los meses de tensión de verano y otoño de 2017 se vivieron con desagrado, particularmente por las presiones del independentismo y de manera especial en los ayuntamientos más pequeños y volcados con el secesionismo: se estima que unos 700 consistorios se posicionaron a favor. Por si alguien tenía dudas, el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a enviar durante ese periodo hasta cuatro cartas a los secretarios e interventores de los 947 ayuntamientos catalanes en las que notificaba las advertencias de la Fiscalía sobre las consecuencias penales que tendría cualquier acto dirigido a celebrar el referéndum del 1 de octubre, y haciendo un llamamiento a la responsabilidad de los funcionarios.

Las misivas, con acuse de recibo, reforzaban lo que ya era una posición generalizada. También hubo casos, se apuntaba desde La Moncloa, en que los funcionarios contestaron «fuera de tono, alguno con chulería». Apenas fueron una treintena de 947. Es la mayoría restante a la que Junts y ERC tratan ahora de someter.