La trama de Koldo intentó colar a Armengol otro lote de mascarillas

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. aprovechó la falta de diligencia del ejecutivo de la socialista, que no había supervisado el material y le había pagado en tiempo récord sin hacer ninguna objeción, para seguir haciendo negocio en un sector, el sanitario, donde no tenía experiencia ninguna. Cabe recordar en este punto que la mercantil un año antes de la pandemia ni siquiera había registrado facturación y entre 2020 y 2021 se llevó 53 millones de euros en contratos públicos de organismos del Ministerio de Transportes, el Ministerio del Interior y los gobiernos de Canarias y Baleares.

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Mayte Amorós

Ese nuevo intento de colar mascarillas a Baleares no prosperó. La falta de espacio en los almacenes frenó esta segunda compra aunque la operación fue valorada por dos cargos de confianza de la ex presidenta socialista, estando ya el primer lote inmovilizado debido a la mala calidad de las mascarillas, que no servían para proteger a los sanitarios del contagio de coronavirus y no se podían utilizar.

El 18 de mayo de 2020, la empresa volvió a ponerse en contacto con el director de gestión y presupuestos del departamento de Salud, Manuel Palomino. En esta segunda ocasión, el representante de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, ofreció un cargamento QILI de «499.200 unidades en 833 cajas de 600 unidades», del cual acreditaba un informe de inspección y un «test report con código QR y por un instituto acreditado por CNAS» (sic), además de «fotografías del producto empaquetado» como prueba inequívoca de su calidad.

Propuso otro «stock» KANGWEY de 140.000 unidades en 117 bultos de 1.200 unidades, con «20 por cajita» cuyo precio sería de «1,95 euros para 500.000 unidades o si lo queréis todo el stock, CIP Palma de Mallorca». En caso de formalizar el pedido, la entrega se haría en una semana aproximadamente o «10 días máximo».

Rotaeche, que firmaba los correos como «'director do escritorio de projectos' / Dirección ejecutiva de Soluciones de Gestión», adjuntó un número de teléfono móvil de España y otro de Angola, además de una dirección postal ubicada en Madrid. «Cualquier cosa, estoy a tu disposición. Gracias», se despidió.

Manuel Palomino reenvió este correo electrónico al subdirector de Compras y Logística, Antonio Mascaró, a primera hora del martes 19 de mayo, instándole a «echarle un vistazo por si nos interesan». Ambos directivos de la confianza de Armengol se habían encargado de cerrar el primer lote el 25 de abril, un mes antes. Ese día Rotaeche ofreció un avión cargado de mascarillas desde China y, en cuestión de horas, el subdirector de compras y logística puso en contacto a la empresa Soluciones de Gestión con Latinmar, que sería el representante aduanero del Servicio balear de Salud en esta compra, para que se coordinasen en la entrega.

Esta segunda vez, Mascaró informa a Palomino de que no tiene espacio en el almacén y le recuerda que aún tienen aparcadas las mascarillas de la primera remesa fallida. El cargamento de un millón y medio de cubrebocas estaba inmovilizado y sin uso en el antiguo hospital Son Dureta de Palma, tras detectarse desde el primer momento que no eran FFP2 sino una aparente FFP2 falsa que no cumplía el mínimo estándar de calidad, como constató poco después el Centro Nacional de Medios de Protección.

«Tenemos aún los 1,4 millones que le compramos a Íñigo del pedido inicial», escribe Mascaró aludiendo a este lote fraudulento recibido el 27 de abril sin contrato previo y pagado en tiempo exprés. Mascaró también le advierte de que las mascarillas que le ofrece Soluciones de Gestión no son aptas para uso sanitario, ya que «pone 'this product is a non medical device'». «Entiendo que serían para uso civil», le aclara.

Finalmente, el subdirector de compras propone esperar a ver «cómo evoluciona la cosa en cuanto a salidas» y pospone la oferta a la espera de vaciar el almacén. «Tengo problemas de espacio», sostiene.

Días después, el 8 de junio, recibiría un informe del Centro Nacional de Medios de Protección constatando que las mascarillas de Soluciones SL no cumplían el estándar de calidad de una FFP2 sino de una FFP1, por tanto no servían para uso sanitario, que era el objetivo con el que se habían adquirido tal y como justificaba la resolución de compra.

Así fue como el Gobierno de Armengol pagó unas mascarillas quirúrgicas al precio de unas FFP2, que eran tres veces más caras. Sin embargo, pese al indudable perjuicio económico a la Comunidad Autónoma, el ejecutivo regional emitió un certificado de conformidad avalando a la empresa proveedora en agosto de 2020, cuando ya sabía que las mascarillas no eran las que había pedido y pagado, como acreditó el informe del Centro Nacional de Medios de Protección.

Dos años más tarde, en julio de 2022, la Guardia Civil se presentó en las dependencias del IB-Salut para pedir el expediente de la compra de mascarillas con Soluciones de Gestión. Ni siquiera entonces, sabiendo que esta empresa estaba siendo investigada por corrupción, el gobierno autonómico movió ningún papel para exigir la devolución del importe defraudado.

Mientras tanto, ocultaba la estafa a todos los organismos de control, tanto a la Oficina Anticorrupción como a Intervención de la Comunidad Autónoma como a Fondos Europeos, al Parlamento balear y a la Guardia Civil. Además, endosó el pago del lote de mascarillas a los fondos Feder sin informar de la calidad deficitaria de este material.

Paralelamente, removía cielo y tierra para reclamar otra compra fallida de mascarillas por un importe diez veces inferior al de Soluciones SL –cerca de 400.000 euros–, contratando incluso un investigador para localizar a la aerolínea deudora, como desveló este diario.

Poco antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 y casi tres años después de la compra de las mascarillas, saltaron las alarmas en el Ejecutivo de la socialista. El 20 de marzo, Manuel Palomino, con quien la empresa de la trama se había comunicado –también– por medio de su correo personal para ofrecerle el lote de mascarillas, como reveló ABC, envió un correo electrónico notificando que el material «no cumplía con los requerimientos de FFP2». Palomino, que ya había sido ascendido a director general del Servicio de Salud, comunicó que tomaría las medidas oportunas «con el fin de resarcir al Servicio de Salud de la situación que ha ocasionado este hecho», sin mencionar importe alguno.

Ya después del batacazo electoral de Armengol en mayo, el subdirector de Compras dejó un informe sin ejecutar el último día de legislatura, el 6 de julio de 2023. Un documento donde proponía reclamar sólo la diferencia del precio entre la mascarilla FFP2 pedida y la presunta quirúrgica servida. En total, 2,6 millones de euros y no los 3,7 (más gastos casi cuatro) que se habían perdido por la falta de uso y su caducidad.

Fue el nuevo gobierno de la popular Marga Prohens el que ejecutó la reclamación formal el 24 de agosto de 2023. Una reclamación que ya estaba herida de muerte por el informe de conformidad de julio de 2020 donde el gobierno de Armengol declaraba satisfactoria la operación y «sin incidencias». La empresa de la trama se aferra ahora a este documento para negarse a devolver el dinero.

El nuevo gobierno regional del PP ha desistido de esta reclamación y ha iniciado una segunda reclamación administrativa para recuperar todo el importe, alegando que Soluciones SL. incumplía los requisitos básicos para hacer esta operación al no dedicarse a la provisión de material de protección sanitario ni tener la suficiente solvencia económica y técnica. Paralelamente, solicita personarse en el proceso penal iniciado por la Audiencia Nacional, petición que ya ha sido denegada dos veces al considerar que no ha sido parte perjudicada porque las mascarillas fueron costeadas por la UE. Estudia, además, personarse en la causa abierta por la Fiscalía Europea.