Cinco agentes, 121 víctimas y dos décadas sin una mujer asesinada: así trabaja la Guardia Civil en VioGén Teruel

Lucía lleva más de 35 años conviviendo con su agresor. Y solo decir este sustantivo ha supuesto para ella romper décadas de terror. Poder contarlo. Denunciar ante dos guardias civiles. «Muy majas», asegura reclutada en la cocina de su domicilio en un pequeño rincón de la comarca turolense del Bajo Martín. La misma que vivió el último crimen machista de la provincia, el de Patricia, en La Puebla de Híjar, en 2003. Las palabras agradables que le brotan a Lucía son un hueco que se permite rellenar con simpatía pese a tener el alma rota. No es algo nuevo, lleva hecha trizas demasiado tiempo, se ha hasta acostumbrado. ¡Cuántas veces no habrá flirteado con la idea del suicidio! Han sido 29 intentos este año en España, según la fiscal de Sala de Violencia Contra las Mujeres, Teresa Peramato, una muerte sopesada en vida que no se contabiliza en las estadísticas oficiales de la Delegación del Gobierno contra esta lacra. A estas alturas del año, son 53 las mujeres asesinadas, 14 más que en noviembre de 2022.

Para Lucía pensar que esta noche él, su marido, aquel joven con el que intimaba mientras su padre bajaba a hacer guardia al patio de casa «hasta que se casaran», pasará la noche en el calabozo le provoca aún más dolor. Es algo inexplicable. Quien ocasiona tanto sufrimiento le horada todavía, le duele en el corazón. Contarlo le cuesta un mundo. No quiere dar muchos más datos, solo que tiene 61 años y su marido 63, y tampoco se presta a la fotografía. Solo insinúa dos reflexiones: «Hay muchos más días que el 25 de noviembre».Para acordarse. Y «habrá muchas mujeres calladas» como ella, murmura, y las cifras del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial avalan su afirmación, porque constatan que en el medio rural se tarda más de veinte años por término medio en desanudar el silencio. Por norma general, una víctima no lo cuenta antes de los ocho años de sufrimiento puertas adentro del domicilio.

Se tarda más en esta España vaciada por el entorno; por el qué dirán, porque hay una raíz machista algo más profunda, por el miedo a quedarse sin hijos, sin hogar o sin el respaldo social, pero todo esto está cambiando, afortunadamente. Es una aseveración de quienes encienden un haz de luz en el horizonte de Lucía y tantas otras. Agentes uniformadas como Rocío Ortega Esteban y María Ortega Sánchez, guardias civiles del sistema de vigilancia de mujeres en riesgo VioGén Teruel. Ellas trabajan en pedanías y zonas rurales, comarcas alejadas y alrededor de la capital, donde el servicio está controlado por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional.

En VioGén están todas las Fuerzas de Seguridad en España, policías locales, Nacional y Guardia Civil, que se coordinan entre ellas e interactúan para elevar el nivel de riesgo de una mujer en base a una entrevista personal y un amplio cuestionario donde se rellena ítem por ítem. También se entrevista al agresor. Para protegerla a ella y controlarlo a él. Se introducen datos como los resultados de los juicios por maltrato, se cruzan con resoluciones como las medidas cautelares y órdenes de protección, pero, como cualquier otro protocolo, no es infalible. Estos días se ha llegado a poner en solfa por los casos de mujeres que denuncian (un 23% este año) y han sido asesinadas, o que llevaron a sus parejas o exparejas a juicio y el resultado fue igualmente mortal.

Pero el nivel de riesgo aumenta o baja en base a muchas circunstancias, explican las agentes. Por ejemplo, en el caso de la última mujer asesinada Tatiana B. en Madrid. Su marido fue absuelto, ella no declaró que la había agredido, sino que «no recordaba lo sucedido». La mujer no fue hasta el final con el proceso judicial y policial porque temía que su pareja se llevase a su hija de 5 años a Perú; recibió presiones familiares para no continuar más adelante. Y el desenlace ha sido, ciertamente, insoportable.

Quienes están detrás del sistema sí lo avalan. Es más, aportan un dato relevante y es que, al contrario de lo que se puede pensar porque las provincias pequeñas están dotadas de menos recursos que las zonas urbanas, la cercanía y el conocimiento de la víctima y su entorno proporcionan mejores datos en estos lugares. La coordinación es más sencilla, los agentes no están tan saturados, ayuda mucho en el proceso de la denuncia. «No es un hándicap, sino una ayuda», desmontan la tesis inicial las dos agentes entrevistadas por ABC. En Teruel, la Benemérita despliega cinco guardias civiles para 121 víctimas. Se instituyeron dos unidades en 2022, una en Teruel, a la que pertenecen las dos agentes Ortega, y otra en Alcañiz, la segunda ciudad más poblada de la provincia, por «el alto volumen de casos que hay en el Bajo Aragón», asegura Rocío Ortega.

Cuando se detecta este crecimiento de casos inmediatamente se buscan razones. Pero no las hay. Ambas destacan que comienzan a romperse ataduras que existían hasta el momento, como el caso de Lucía, pero también se encuentran muchos más casos de chicas jóvenes, golpeadas o insultadas, a plena luz del día. Sobre todo, con conductas como el control del móvil o de la movilidad personal, comentan. La concienciación, las charlas que se están dando en cada rincón de la provincia «están animando» a deshacer el silencio a mujeres de 60 y 70 años que han pasado cada uno de sus días junto a un agresor. Baste un dato: el volumen de denuncias ha aumentado un 12,3% este semestre (por un 10% en el conjunto del país) en la despoblada provincia aragonesa.

«Se está haciendo mucho hincapié» para que las posibles víctimas se destapen y denuncien a sus maltratadores, pero «también hay que decirles a los entornos familiares que es un delito público y que si ellos lo conocen, deben interponer esa denuncia», aclara María Ortega. Menos de un 2% de las denuncias las interpone gente del entorno de la mujer en la actualidad.

«Y muchas de esas mujeres, completamente traumatizadas, dañadas, ni lo saben: '¿Cómo voy a ser yo víctima de eso?'», reproduce Rocío Ortega, de boca de algunas de ellas. Tras darse cuenta, «entran en shock», les vienen muchas cosas encima, el proceso policial, judicial… y muchas se encuentran muy estigmatizadas por el qué dirán. «Pero nosotras le brindamos tiempo a las víctimas, sabemos sus circunstancias. También podemos saber que volverán con el agresor en un momento dado, es parte del ciclo» de la violencia de género. Esa «dependencia emocional» es la que puede obstaculizar su trabajo de protección e interrumpir el proceso, pero ellas no lo ven como un fracaso, lo conciben como un eslabón habitual de la cadena. Sobre el agresor, matizan que no existen perfiles. Ellas mismas lo han corroborado al formarse en un máster especializado. Solo trazan una división: los que son agresivos el 100% del tiempo; y los que ofrecen una cara al exterior, amable y calmada, y se transforman al cruzar el umbral del hogar.

Antes de constituirse oficialmente VioGén en cada provincia española con unidades específicas, como parte de una instrucción interna de la Guardia Civil, pero también como compromiso adoptado en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, unos cuantos agentes se dedicaban en exclusiva al mismo servicio.

Ahora los hay dedicados 24 horas los 365 días del año. Es tan próximo el servicio de la Guardia Civil aquí que llaman a la psicóloga de la comarca que se ocupa del caso. O a los servicios sociales. Y eso permite a ambas saber que no se han equivocado al valorar el riesgo en VioGén con ninguna de las víctimas de esta provincia; porque las conocen, y si cambian sus circunstancias, ellas mismas las entrevistan y modulan el nivel de riesgo en el sistema. «Es lo bueno de que todos nos conozcamos, de poder crear un clima de confianza con la víctima y su entorno, de tener menor ratio de víctimas por equipo, de poder dedicarles un trato más cercano y personalizado. Con todo ello la revictimización se reduce mucho», sintetiza la agente Ortega Sánchez.