El sindicato CGT ya avisó de irregularidades en el centro de menores de Ateca hace cinco años

La madre de uno de los dos menores víctimas de presuntos malos tratos en el centro de atención de Ateca (Zaragoza) ya enfatizó en una entrevista concedida a este diario que los abusos «se remontaban años atrás» y salpicaban a varias administraciones. Esta es la acusación que ayer se introdujo en dos comunicados distintos: por una parte, el del Colegio de Educadores Sociales aragonés, que pide no externalizar prestaciones sociales como estos centros y señala que viene recordándolo desde hace años, a gobiernos de distinto signo político; también se dio a conocer por parte del sindicato CGT que –una información que rescató 'Heraldo'– hace cinco años advirtió al Instituto Aragónes de Servicios Sociales (IASS) de las irregularidades y negligencias que observaba en el centro y que se habrían arrastrado hasta la actualidad. El IASS tiene concertada una treintena de plazas para menores con problemas conductuales desde 2017 con la UTE Fundación Salud y Comunidad y el grupo Languruz.

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Érika Montañés

El asunto de la comida era uno de los que más críticas despertaba en dicho informe, también entre los extrabajadores del centro. Una de ellas, exempleada en la cocina, dijo a ABC al saltar el escándalo que «con las raciones eran extremadamente cicateros». CGT sostiene que avisó y no recibió respuesta por parte de la Administración del entonces presidente Javier Lambán de «la mala alimentación en el centro, no se servía carne halal adaptada para la mayoría de los chavales que eran musulmanes, de falta de medicamentos y ropa, las condiciones laborales y las prescindibles contenciones físicas». De estas «inmovilizaciones» que se saltan la legalidad también habló la juez de Instrucción nº 2 de Catalayud en el auto de prisión dictado el viernes para dos educadores, dos auxiliares sin cualificación y el director reciente del CAM de Ateca.

Precisamente el letrado de tres de los cinco encausados –los hermanos Mohamed y Youssef B., y Alexandru R. A.–, Juan Manuel Martín Calvente, pidió ayer a la juez la triple excarcelación porque a su juicio «no hay pruebas objetivas contra ellos»; son meras «declaraciones». A pesar de que el auto habla de la «barbarie y la crueldad» a que estas personas sometieron a al menos dos menores, el letrado es «optimista» porque sus defendidos mantienen su inocencia y la instrucción está en una fase inicial.