«Entregas a tus hijos a protección de menores y te los devuelven torturados»

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El escándalo del 'centro de los horrores' saltó tras videollamar un menor agredido a su madre

ABC / E. M.

En su domicilio, sentada en la terraza junto a Karelly, relata los más de veinte audios recibidos de otros menores contando episodios como los que ellas conocen ahora de sus vástagos. Tienen, incluso, el de una menor que pide indagar en que uno de los cuatro monitores apresados arrastraba una denuncia por abuso en otro centro y se le contrató igualmente en éste de Ateca.

La versión de estas madres es la suya. Pero están muy arrepentidas de haber confiado en el sistema. Y esa versión difiere mucho de la información que trascendió afuera desde el centro. El IASS, en la Consejería de Bienestar y Familia del Gobierno aragonés, tiene la treintena de plazas concertadas en Ateca desde 2017 con la Fundación Salud y Comunidad y el grupo Languruz. El organismo afirma que se personará también como perjudicado por lo sucedido en la 'casa de los horrores' de Ateca, además del colegio de educadores de Aragón, que no da crédito a todo lo que falló en la contratación del personal que ha acabado entre rejas en la cárcel de Zuera.

La denuncia inicial parte de Karelly. Esta mujer sospechaba que algo no funcionaba desde hace un año. Su hijo, de 16 años, llegó al municipio de 1.700 habitantes justo en julio de 2023. «No es conflictivo» como se pretende transmitir desde las autoridades respecto al tipo de chicos que estaban dentro del CAM, arguye. «Tenía un trastorno de déficit de atención (TDA) y no estaba bien, así que pedí ayuda. Te dicen que tienes que entregar la tutela provisional y vienen a buscarlo. Te dicen que es una solución temporal. Entregas a tus hijos a protección de menores para que los ayuden, no al panadero ni al carnicero, se lo entregas a tutela, al IASS, y te los devuelven torturados», se duele.

Estas dos madres han estado siempre vigilantes y muy encima de lo que ocurría con sus hijos, pero han chocado con el aislamiento y el encierro del sistema. «Los ves una vez cada mes. No es suficiente, o te anulan visitas cuando ha pasado algo. En el caso de mi hija yo ignoraba por lo que estaba pasando. De hecho, ella nunca me lo contó ni me ha hablado a mí directamente de agresiones sexuales. A mí solo me repetía que la sacara de allí. El día que le partieron un diente, hace tiempo, yo iba con mi madre a verla y nos cancelaron la visita. Luego supe que la arrojaron por las escaleras, le partieron un tobillo, tenía lesiones en la espalda...», enumera Marcela.

Esta chica de 17 años fue la que mostró a la juez de Instrucción nº 2 de Calatayud, Aída Ramírez, las quemaduras de cigarrillos en brazos y en piernas con que los presidiarios decoraban su piel a bocajarro. Su madre se horrorizó al verlos, pero la joven estaba «atemorizada y no confesaba lo que le habían hecho, o decía que los golpes venían de darse con una raqueta».

El detonante de todo este caso, tal y como publicó 'Heraldo' el pasado domingo de boca de Karelly, fue la videollamada que le hizo su hijo. Había perdido más de veinte kilos en total y aseguraba que lo habían tenido sin comer durante días. «Dijo que le habían intentado acuchillar. Que uno de los trabajadores ahora en prisión había pasado a través de la ventana un arma artesanal a otro». El menor logró zafarse y se lo contó a su madre.

«¿Que por qué hemos tomado las armas nosotras? A nuestros hijos los llaman los justicieros. Lo contamos nosotras porque nuestros hijos fueron quienes se atrevieron a hablar. Los tenían amedrentados incluso con matar a sus madres, con matarme a mí. Yo denuncié el pasado 21 de julio tras la videollamada porque creí que me iban a matar a mi hijo, que me lo devolverían muerto», apuntilla Karelly, sin poder añadir mucho más. «La propia Guardia Civil nos dijo que habíamos destapado la caja de los truenos. Nos llamaron 'madres coraje'», sale al rescate Marcela.

La hija de Marcela le acreditó los abusos de los que estaba siendo objeto su hijo, sin dar cuenta de que ella misma estaba siendo abusada. Marcela lleva 22 años en Zaragoza, su hija ha nacido aquí y lo que demanda es Justicia para lo que han sufrido sus hijos. Están contentas porque el viernes vieron cómo sus hijos retornaban a sus hogares y han pasado el primer fin de semana con ellos en muchos meses, pero están siendo testigos de las secuelas: «Mi hija se despierta gritando 'mamá', con pesadillas. No descansa. Ahora mismo nos llama la psicóloga de los chicos y te tenemos que dejar», cierra Marcela.

No han dormido más que unas horas desde que estallara el escándalo. Están exhaustas y claramente «saturadas» por la atención mediática que ha adquirido su caso –se acaban de ir las cámaras de TVE y Aragón TV, no han comido aún y pasan las cinco y media de la tarde–. Quieren matizar que no van a abanderar una «causa conjunta» y colectiva contra el Gobierno de Aragón, sino que piden que cada familia vaya a la Guardia Civil tal y como hicieron ellas.

La juez ordenó el realojo de los menores el pasado viernes y el cierre provisional del centro de Ateca. También acreditó que hay nueve menores fugados y que puede tener que ver con estos hechos. El goteo de bajas entre el personal también era notable. Según relata uno de los menores internos, al llegar al centro, en 2018, quemaron parte del mobiliario como «llamada de atención» por lo que estaban sufriendo y se les hizo caso omiso.

La versión oficial era que «fíjate si eran problemáticos que estaban prendiendo fuego y que con desarraigo familiar nadie les creería». Este chaval, S., se desencaja porque entonces solo se ofreció un relato, el de los educadores del centro, y nadie investigó qué había puertas adentro. Pusieron al «zorro a cuidar del gallinero» arroja como moraleja del infierno de Ateca.