El centro de menores de Ateca, 'la casa de los horrores': cigarrillos quemados en la piel, golpes y violación a una menor interna de 17 años
La juez ordena prisión provisional, comunicada y sin fianza para los cuatro y para el director de la entidad, que solo llevaba un año al frente de la institución y al que los menores acusan de tapar todos los delitos
Detenidos cinco trabajadores de un centro de menores en Ateca (Zaragoza) acusados de torturas y agresiones
Iván Rodríguez M., director del centro de menores que la Fundación Salud y Comunidad gestiona en Ateca (población de 1.700 habitantes en Zaragoza, a catorce kilómetros de Calatayud), en concierto con el Gobierno de Aragón. Dos educadores sociales y dos auxiliares del mismo centro -Mohamed B., Youssef B., Abdelilah A. y Alexandru R.A.- están acusados de delitos de agresión sexual en grupo a una menor de 17 años. La madre de la segunda víctima, un chico de 16 años, habría denunciado que éste fue objeto de lesiones, golpes y trato vejatorio. La juez encargada de la instrucción, la número dos de Catalatud Aíra Ramírez, también a petición de la Fiscalía tras un prolijo atestado de la Guardia Civil de Zaragoza, ordena el ingreso en el centro penitenciario de Zuera sin fianza para los cinco.
Prisión sin fianza para los cinco trabajadores de un centro de menores de Zaragoza por torturas y agresiones sexuales
Los acusados son dos educadores, dos auxiliares y el director del centro
Los hechos que se les imputan se produjeron en el centro situado en la céntrica plaza de Jesús de Ateca, un edificio de más de 40 años restaurado como centro para la acogida de menores que tienen trastornos graves de conducta y que llegan a estas instalaciones por autorización judicial.
La juez Ramírez ordenó el cierre provisional del centro a primera hora de la mañana, pero a este periódico les atendió al teléfono un trabajador del centro y se ha podido ver en la puerta entrada y salida de personas de limpieza y de mantenimiento del mismo.
El Gobierno aragonés ya ha ordenado la reubicación en otros centros del IASS (Instituto aragonés de Servicios Sociales) de la treintena de menores que alberga el lugar.
En los autos dictados, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), la instructora considera que existen indicios suficientes de criminalidad para poder considerar a los detenidos responsables de los hechos que se les imputan, conclusiones a las uqe llega teniendo en cuenta las pruebas practicadas sobre las dos víctimas, «quien han relatado de forma clara y detallada episodios de maltrato físico y psicológico, así como atentados a su indemnidad sexual, sufridos de forma continuada y permanente en el tiempo». Al director lo acusa de tener conocimiento de la existencia de este maltrato.
El gran «tapador» de todos los delitos
Al director, Iván R.M., las víctimas han declarado «que tuvo, desde su llegada al centro el año pasado, una actitud de despreocupación absoluta hacia los menores. Asimismo, relataron que el detenido protegía laboralmente a los restantes detenidos, puesto que nunca llevó a cabo ninguna sanción ni corrección de los mismos». A pesar de que en el pueblo dicen no tener conocimiento de lo que sucedía dentro, los menores relatan que las quejas eran continuas y que tras la denuncia de la progenitora del menor ante los agentes de la autoridad, el director lleva a cabo una investigación «incompleta y parcial».
Dos trabajadores del centro, la psicóloga que atendió al menor de 16 años golpeado presuntamente por los educadores, y el enfermero del centro, Javier Y., a quien el director pidió que falsificase un informe sobre el estado del menor y éste se negó, son cruciales en la investigación. Considera a Iván Rodríguez, por tanto, cooperador necesario de un delito contra la integridad moral.
«Me quemaban cigarrillos en la piel»
Respecto de los otros cuatro detenidos, los dos menores denunciantes han relatado haber sufrido, junto a otros menores, tratos degradantes, físicos y psicológicos de forma constante y retirada en el tiempo por parte de estos cuatro detenidos. En concreto el menor de 16 años, varón, relata que «le obligaron a estar de pie injustificadamente durante horas con los brazos en alto, que no ingirió alimento durante días y que llegó a defecarse encima por miedo, sin que le permitieran cambiarse ni asearse; continuando el detenido Mohamed con dichos castigos entre semana, debido a la distribución por turnos entre el personal del centro». La joven menor de 17 años, segunda víctima, dice que «desde su llegada al centro en el año 2021, la insultaban y le decían comentarios de carácter sexual acerca de su madre, la agredían injustificadamente mediante bofetadas, empujones y contenciones desproporcionadas y, le quemaban cigarrillos en los brazos y en las piernas«. La juez aclara que ella misma ha visto que la menor tiene »diversas marcas por quemaduras de cigarrillos a lo largo de sus brazos». A estos episodios de abuso físico se añadían otros de índole psicológica y sexual.
La propia juez comprobó las marcas físicas y secuelas que la chica de 17 años tiene en el cuerpo presuntamente propinadas por los encausados
Para la instructora, todo ello es una clara muestra «de la barbarie y de la extrema crueldad que sufrieron los menores durante un largo periodo de tiempo, viéndose absolutamente desamparados e impedidos para hablar o pedir auxilio por miedo a mayores represalias y ante el temor a no ser creídos, ya que los detenidos siempre les recriminaban que «nadie les creería» y que «no los querían ni sus familias».
Añade la juez en sus autos de prisión que «las declaraciones de las víctimas han sido corroboradas periféricamente por los informes forenses preliminares obrantes en autos, los cuales reflejan que las lesiones presentadas y que se aprecian en el parte médico de los menores y en las fotografías existentes son compatibles con el mecanismo causal relatado por estos, sin perjuicio de derivar a los mismos a una exploración pericial y psicológica completa en aras de precisar el alcance de las lesiones físicas y psicológicas sufridas».
En paralelo, la juez también ha ordenado el cese de internamiento para cinco de los menores residentes y es posible hacerlo extensivo a otros nueve menores fugados del centro. La jueza ha solicitado a la Guardia Civil la localización de estos menores y su puesta a disposición judicial para averiguar si han podido ser víctimas de las agresiones y abusos que se investigan en esta causa y por si guardan relación con su huida del centro.
La juez ha tomado declaración también a dos trabajadoras en baja laboral, motivadas por los hechos que ahora se investigan.
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