Más de 300 millones invertidos en la política migratoria de Ruanda se perderán con la derrota de los conservadores

Para la oposición, esta es «una de las políticas del ministerio del Interior más absurdas y derrochadoras de todos los tiempos» por lo que han prometido que en caso de hacerse con el poder, pondrán en marcha, para controlar la entrada de personas sin papeles, un nuevo Comando de Seguridad Fronteriza con el que pretenden ponerle coto a las bandas que trafican con migrantes.

Un informe de la Oficina Nacional de Auditoría publicado el pasado febrero señala que 270 millones de libras esterlinas le serían entregados a Ruanda a finales del año financiero 2023/2024, un monto no reembolsable. Según cálculos de 'The Guardian', otros gastos que no serán recuperados si el plan se suspende, incluyen 2,3 millones de libras en honorarios legales para que el ministerio del Interior pueda responder a las demandas contra el plan ante la justicia, los costos directos de personal de Interior dedicados a esta medida, que ascendieron a dos millones en febrero; 413.541 libras en viajes de tres diferentes ministros del Interior que han viajado al país africano en varios momentos desde que se anunció el plan en abril de 2022, y medio millón de libras que se han gastado para poder arrestar a más de un centenar de solicitantes de asilo que están en lista para ser deportados.

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Para Stephen Kinnock, responsable de inmigración en la formación laborista, este despilfarro «es un insulto al contribuyente británico, y el pequeño número de personas involucradas no creará un elemento disuasorio para quienes cruzan el Canal». Kinnock confirmó que «el Partido Laborista cancelará el «truco» de Ruanda y redirigirá el dinero a un nuevo Comando de Seguridad Fronteriza, con cientos de nuevos oficiales especialistas que utilizarán nuevos poderes para aplastar a las bandas criminales que están traficando personas a través del Canal».

Peter William Walsh, investigador del Observatorio de la migración de la Universidad de Oxford, asegura sin embargo que pese a estos números, «el costo final de la política es desconocido» y que aunque llegara a implementarse, «es difícil predecir cómo afectaría al número de personas que cruzan el Canal en pequeñas embarcaciones o que solicitan asilo en el Reino Unido» aunque matiza que «la evidencia disponible sugiere que es poco probable que sea el cambio decisivo que el Gobierno espera» y por tanto «no se puede concluir con firmeza que será rentable». Sobre todo, cuando los gastos serían enormes, con más de 700 millones de euros necesarios para enviar a tan sólo 300 personas al país africano. Según el experto, «las estimaciones sugieren que el gobierno gastaría alrededor de cuatro mil millones de libras para enviar a 20.000 personas, lo que equivale a alrededor de 200.000 por persona» mientras que «el costo de procesar una solicitud de asilo en el Reino Unido de manera normal es de alrededor de 106.000 libras».

Las alarmantes cifras plantean dudas sobre la eficacia y la justificación de la medida, que en todo caso podría quedar en el olvido esta misma semana si Keir Starmer se convierte en el nuevo inquilino de Downing Street. Pero Rishi Sunak, que en diciembre del año pasado afirmó que el plan de Ruanda «literalmente nos ahorrará miles de millones a largo plazo» aunque no explicó cómo, ha prometido que si es reelegido, habrá un ritmo regular de vuelos de deportación a partir de finales de julio, casi tres semanas después de las generales, aunque en otros momentos se había comprometido a que los aviones empezarían a despegar en primavera.

Lo que está claro es que uno de los caballos de batalla de los tories y una de sus principales promesas electorales, el poner freno a la inmigración ilegal, es un tema que no se refleja en la intención de voto de un electorado que parece estar más preocupado por los problemas domésticos, como la crisis en el sistema nacional de salud, el precio de la vivienda o el costo de la vida. Y el probable triunfo de Starmer, si cumple lo dicho, pondrá fin a la polémica medida, ya que, según prometió, «no habrá vuelos programados ni despegando después de las elecciones generales si el Partido Laborista gana esas elecciones». Además, culpó de esta crisis a un «acuerdo del Brexit mal gestionado» por el gobierno por obstaculizar la cooperación con agencias europeas sobre la seguridad fronteriza y la inmigración ilegal.