Moncloa sopesa que la amnistía entre en vigor tras las europeas

Ahora, y de nuevo entrando en abierta contradicción con sus propias palabras de hace sólo un año, el Ejecutivo les concede –a ellos y sobre todo a Carles Puigdemont, encausado aún junto a centenares de personas por el 'procés'– el olvido legal de los delitos por los que les condenó en 2019 el Tribunal Supremo (TS), lo que motivó también una reforma 'ad hoc' y urgente del Código Penal para borrar del mismo la sedición y rebajar notablemente las penas por malversación. Todo un traje a medida, que el Gobierno justificó durante meses en que serviría para aplacar las ansias de máximos de los independentistas. Durante el debate parlamentario no perdieron ni un minuto en pedir un referéndum, como hicieron los portavoces de Junts y ERC, Míriam Nogueras y Gabriel Rufián, quien dijo: «Próxima estación, referéndum».

Sin embargo, el Ejecutivo adoptó un perfil deliberadamente bajo en el debate de ayer. Ni siquiera consumió un turno a favor de la norma, al que siempre tiene derecho. Sánchez estuvo el tiempo imprescindible en el hemiciclo para votar, lo que se hizo de nuevo por llamamiento por exigencia de la oposición, y al levantarse de su escaño azul para decir 'sí' el diputado de Vox Manuel Mariscal, responsable de comunicación y redes de los de Santiago Abascal, le gritó «traidor». Lo mismo que había proferido, junto a otros compañeros, en el debate parlamentario, el más bronco de la actual legislatura. Dentro de ese perfil bajo, el Grupo Socialista eligió a un diputado de tercera fila, totalmente desconocido para el gran público, Artemi Rallo, como portavoz para la ocasión. En la tribuna tildó de «filonazis» y «neofascistas» a los representantes del tercer partido de la Cámara.

Abascal, en su turnó, definió la ley de amnistía como «un gran acto de corrupción política», y arremetió contra el diputado de Sumar Gerardo Pisarello por haber arrancado una bandera de España en sus tiempos de concejal de los comunes en Barcelona. Pisarello, miembro de la Mesa aunque en este caso desde su escaño, pidió un turno por alusiones para en un encendido discurso, muy aplaudido por su bancada, reprochar al líder de Vox su reunión esta semana con «el carnicero de Rafah», en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El secretario general del grupo de Vox, José María Figaredo, pidió otro turno por alusiones, pero la presidenta Francina Armengol se lo denegó, provocando la indignación de los de Abascal.

Al término del pleno el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, compareció brevemente en el escritorio contiguo al Hemiciclo para decir que la ley nace «con respaldo social» y que abre una nueva etapa en Cataluña. Sólo concedió dos preguntas, pese a lo relevante de la jornada, e interrogado sobre el futuro ahora de la norma, prefirió ser cauto: «La decisión última sobre una ley la tienen los magistrados y jueces, como no podía ser de otra manera. Es decir, que una vez que entre en vigor, después serán los jueces y tribunales de este país los que tendrán que aplicar la ley de Amnistía», aclaró.

De momento la norma no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo para lo que no hay un plazo determinado. De hecho, primero tiene que ir al Boletín Oficial de las Cortes Generales, para que se dé traslado al Ministerio de Relaciones con las Cortes y de ahí al Rey Felipe VI para que la sancione, como es preceptivo. Pero no hay prisa, e incluso Moncloa baraja que pueda entrar definitivamente en vigor después de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. La amnistía está en manos de los jueces y de las cuestiones prejudiciales que puedan plantear, singularmente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tendrá que pronunciarse sobre el encaje de la norma, que afecta a delitos como el terrorismo o la malversación, en la doctrina comunitaria, muy estricta con esos supuestos. Esas cuestiones prejudiciales pueden plantearse aunque no se haya publicado formalmente la ley, al contrario que los recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) que lleva tiempo anunciando la oposición.

La aprobación de la amnistía llega además con un escenario de gobernabilidad incierto aún en Cataluña, después de las elecciones del pasado 12 de mayo y la victoria en las mismas del líder del PSC, Salvador Illa, que busca ahora la fórmula con la que presidir la Generalitat. El lunes 10 se constituye la Mesa del Parlament y evidentemente todas las expectativas están puestas en cuándo y de qué manera pueda regresar a España Puigdemont, con el que Sánchez se comprometió a reunirse una vez aprobada la norma.

El secretario general del PSOE completa así el mayor de sus giros copernicanos, desde que el último día de la campaña electoral de las generales, el viernes 21 de julio de 2023 afirmase tajante en una entrevista en Televisión Española que «el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido».

Después de un resultado en el que la posibilidad de seguir pernoctando en La Moncloa pasaba, única y exclusivamente, por el apoyo de Puigdemont, el PSOE comenzó a modular su discurso hasta registrar en solitario, en noviembre, la proposición de ley de Amnistía. Antes de su calificación en la Mesa del Congreso, se nombró un nuevo letrado mayor, Fernando Galindo, procedente de un puesto en el Gobierno. Al contrario que su predecesor, que la legislatura pasada abogó por inadmitir a trámite la propuesta de amnistía de los independentistas por entrar en «contradicción palmaria» con la Constitución –criterio compartido entonces por el PSOE–, el jefe de los servicios jurídicos de la Cámara Baja avaló su tramitación porque no veía esa supuesta inconstitucionalidad «palmaria y evidente».

La norma avanzó en el Congreso entre exigencias separatistas, que iban reclamando ir más allá y que el PSOE iba asumiendo. Y aun así el 30 de enero Junts votó en contra del conjunto de la ley para forzar su devolución a la Comisión de Justicia, donde consiguió que los socialistas aceptasen eliminar las alusiones al Código Penal español en lo tocante al terrorismo, por el que están encausados los autodenominados Comitès de Defensa de la República (CDR) e investigados los miembros de Tsunami Democràtic, en cuya cúpula el juez sitúa al 'expresident' Puigdemont. La cámara Baja terminó dando luz verde al olvido legal del 'procés' en marzo y el Senado, tras amagar con un choque institucional que no elevó al TC, vetó la amnistía el 14 de mayo. Veto tumbado este jueves en la Cámara Baja.