De la Modelo al Congreso, una amnistía (im)posible

Incluso entre los promotores de la iniciativa, que habían escogido las paredes de la Modelo (centro penitenciario que dejó de albergar reos poco antes del referéndum ilegal) para conectar la represión durante el franquismo con la actuación bajo orden judicial de la policía el 1-O, el escepticismo era el sentir general. ERC y Junts cumplirían con su compromiso: llevar la propuesta al Congreso. Y hasta ahí. La Mesa de la Cámara Baja, con los votos del PSOE, PP y Vox, rechazó la propuesta, en marzo de 2021. Podemos, como los comunes catalanes, no veían ningún problema a su tramitación y, lógicamente, estuvieron a favor de su aprobación.

La línea general de los socialistas por aquellas fechas era la que, a modo de ejemplo, en 2019 escenificó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando aseguró que la amnistía a los protagonistas del 'procés' no cabía «en nuestro ordenamiento jurídico».

Al fin y al cabo, Marlaska es juez. Algo sabría de leyes. El mismo conocimiento que cuando, cuatro años después, defendió la norma, con más vehemencia. Vino a decirnos que las leyes, de la Constitución abajo, se aplican, interpretan y modulan en función de los votos que el candidato socialista a presidir el Consejo de Ministros necesite. ¿Por siete votos? La amnistía es legal. Al cambio de opinión de Marlaska se sumaron todos los ministros.

Tras el portazo de la amnistía en la Cámara Baja, el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha los indultos. Era, dijo el presidente y líder socialista, el inicio de una nueva etapa de convivencia en Cataluña. Olvidó que la receta mágica a esta paz colectiva tuvo cuatro antecedentes imprescindibles: el artículo 155 de la Constitución (tabú durante lustros), la prisión para los líderes del 'procés' (es decir, los actos ilegales tienen consecuencias), el discurso del Rey el 3 de octubre y la victoria de Ciudadanos en las elecciones. Por primera vez, un partido que no era nacionalista ganaba en votos y escaños en unas elecciones al Parlamento de Cataluña.

Nada. Sánchez necesitaba a ERC para legislar. Los indultos se convirtieron en «utilidad pública», dijo Sánchez. Se aprobaron en junio de 2021. Pero el presidente del Gobierno no podía ignorar que los indultos le importaban, únicamente, a nueve personas. Solo unos días antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, los independentistas, ¡aquellos 'locos' de la Modelo!, se presentaron en la Carrera de San Jerónimo de Madrid con 200.000 firmas para exigir una ley de amnistía. Porque no podía ser que en España se aplicase «el derecho penal del enemigo». La iniciativa ya había sido fagocitada por ERC y Junts.

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Pero la reivindicación cayó donde todas las iniciativas que no son materia de chantaje político. En el olvido del Madrid político. Rodó entre bla, bla, bla todo el año 2022 y fue un simple juego de «y tú más» entre los de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Carnaza de sesión de control del Parlament y ridiculizaciones de los opinadores nacionalistas que empujan pero no asumen responsabilidad. Las causas judiciales fueron avanzando y concluyendo. Gota a gota. El caldo de cultivo perfecto. Solo faltaba la aritmética. Un solo voto era suficiente. ¿Pero cuándo?

Por tierra, mar y aire, los ministros socialistas negaron de noche y de día, en público y en privado, que fueran a aprobar mediante sus dedos en los botones del sistema de votación del Congreso una ley de amnistía. «Piden la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución», fijó Sánchez en piedra un día de noviembre de 2022. Carmen Calvo, en mayo de 2021, en sede parlamentaria: «La amnistía no es planteable en un Estado constitucional y democrático porque eso sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado que es el Poder Judicial».

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Hasta el 23 de julio de 2023. La aritmética. Los 'locos' de la Modelo. En realidad fue hasta el 25. Porque el 24 el líder del PSC, Salvador Illa, que conoce como nadie el 'sanchismo', de ahí que pueda decir una cosa hoy y la contraria mañana, todavía aseguraba que «el PSOE no aceptará ni la amnistía ni la autodeterminación» y dijo con firmeza, tranquilidad y pausadamente que «no negociarían con Puigdemont» una investidura de Sánchez. El resto es conocido. Hubo negociación, en Suiza y Bélgica, porque el próximo gobierno de la Generalitat se decidirá en Cataluña, no en Madrid, pero el de España se pactó en Ginebra y Bruselas.

Sánchez necesitó entonces los siete escaños de Junts. Los sigue necesitando. No hay ley orgánica (mayoría absoluta) que el PSOE pueda aprobar sin el «sí» de Junts, ERC, PNV y Bildu. De los cuatro. Salvo que La Moncloa se siente a negociar con «el PP más ultra» (Félix Bolaños, 'dixit'). Y la ley de amnistía es ley orgánica. Este jueves concluye el trámite parlamentario y arranca el vía crucis judicial..., para los jueces. Al son de la canción de Maria del Mar Bonet y Lluís Serrahima: «Què volen aquesta gent?», los 'locos' de la Modelo presentaron su iniciativa hace cuatro años. Hoy entonarán el «todo está por hacer y todo es posible» (poema «Ara mateix» de Miquel Martí i Pol) que el nacionalismo ha hecho suyo.

El PSOE no llevaba en su programa electoral del 23 de julio la aprobación de una amnistía para los independentistas. Pero sí había letra pequeña. Una enmienda oculta que, a pie de página, especificaba que el programa incorporaba cualquier cosa, iniciativa o propuesta que Junts le pidiera a Sánchez si eso era moneda de cambio para mantener La Moncloa. El fin justifica los medios. Incluso a costa de que los propios amnistiados fueran los redactores de la ley. La próxima llamada es el referéndum de secesión. El PSOE y el Gobierno ya han dicho que «no». Es el paso previo a su aprobación.