Moncloa rechaza negociar con el PP el decreto anticrisis y lo recorta

Sánchez presumió de «mejorar y proteger la vida de los ciudadanos con medidas valientes cuando y donde sea preciso». Y, aunque es cierto que prorrogó el grueso de políticas vigentes -como la prohibición de los desahucios o del corte de suministros básicos-, el presidente también maquilló que el decreto-ley aprobado recorta políticas 'anticrisis' para paliar los efectos de la inflación y crisis energética derivadas de la guerra de Ucrania.

El Gobierno aprobó el octavo 'escudo social' en contra de una parte de lo que defendió el socio minoritario de la coalición, Sumar. Y en contra también de lo que reclamó la oposición. El PP reprocha que se vaya a retroceder de forma gradual en las rebajas del IVA a la electricidad y el gas y que La Moncloa no negociará con ellos este texto.

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Por su parte, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, reveló en redes sociales no estar de acuerdo con el PSOE en materia fiscal al término de la comparecencia de Sánchez: «No compartimos una rebaja fiscal al impuesto de las grandes energéticas, cuando estas empresas tienen beneficios mucho mayores en España que en el resto de Europa y la gente lo esta pasando mal», reprochó. Pide «una reforma fiscal estructural».

PSOE y Sumar lo habían negociado 'in extremis', atascados sobre todo en los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas. Se prorrogan, como pedía Sumar, pero PSOE incluyó en el caso de las energéticas un cambio normativo para que, desde el 1 de enero, se puedan deducir las inversiones estratégicas relacionadas con la transición verde. Lo que soliviantó a Sumar. También acepta el PSOE que se incluya un compromiso de revisión en el 2024 como figura de carácter permanente.

Otro de los puntos en los que no se pusieron de acuerdo fue en la gratuidad del transporte público para menores, jóvenes y desempleados. Siendo además un compromiso de investidura del presidente, que faltó a su palabra otra vez. A primera hora de este miércoles, fuentes de Sumar conocedoras de las negociaciones garantizaron que esta medida estaría incluida en la ampliación del decreto. Pero Sánchez anunció otra: la gratuidad para «usuarios frecuentes» de trenes y autobuses y una bonificación en el transporte público generalizada durante todo 2024.

El relevo de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, es inminente porque tomará posesión como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) el 1 de enero. También el presidente anunció de pasada que no se tratará de un simple reajuste, sino que la remodelación será mayor: «La crisis de gobierno ya les anuncio que será este viernes y que conocerán a los protagonistas el próximo viernes». Protagonistas. Plural.

Después, presumió de los datos macroeconómicos -crecimiento del PIB y del empleo, así como la reducción de la inflación-. «La economía española ha desmentido a todos los profetas del caos mostrando fortaleza y solidez», esgrimió el presidente. Y cargó contra el PP, al que acusó de perpetrar una oposición de confrontación con «insultos» y falta de institucionalidad. Mientras el PSOE, insistió, negocia «con todo el mundo», menos con la extrema derecha de Vox.

Aprovechó este momento para hacer un planteamiento victimista por la escalada de violencia verbal «asimétrica» contra él y su partido. «Pretenden desmovilizar y crear desafección», dijo, señalando a la derecha y a la extrema derecha. Esto es, insistir en su estrategia de polarización donde confina a PP con Vox. En el turno de preguntas, reiteró que la renovación del CGPJ es «imperativa» y que «si mil veces dice no el PP, el Gobierno tenderá mil veces la mano».

También fue preguntado por sus insaciables socios secesionistas, Junts y ERC. Entonces, Sánchez defendió «encontrar un punto medio» entre un referéndum de autodeterminación para Cataluña, que aseguró que no forma parte de la hoja de ruta del PSOE, y una reforma del sistema de financiación autonómica. «Diálogo y convivencia» para Cataluña, recetó de nuevo.

En su lado del tablero, el PP insiste en que no es incompatible una oposición frontal a las políticas más ideológicas de Sánchez con poder tender la mano para acuerdos de Estado o importantes para el país. Y así es como pretenden deshacer el relato de Sánchez de que están radicalizados a la derecha.

Por ahora, el PP avisa de que no apoyará la convalidación del decreto cuando se vote en el Congreso. Desde Génova no quieren definir todavía su voto, pero sí dejan claro que no lo apoyan tras conocer que el Gobierno retirará las bajadas del IVA a la electricidad y al gas. La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, defendió que para ellos «es esencial la bajada del IVA a luz, gas y alimentos frescos».

Moncloa tendría que rectificar dos cuestiones para el sí del PP. En primer lugar, revertir la retirada en la bajada de IVA en electricidad y gas, que el Gobierno eliminará de forma progresiva. Y en segundo, actuar sobre el IVA de la carne, el pescado y las conservas. «El progresismo del Gobierno favorece a los que más tienen. Viven en un paripé permanente», denunció Fúnez.

«Es incompatible subir el IVA en cuestiones básicas y a la vez facilitar el transporte gratuito», añadió. Reivindican que en el pasado han defendido medidas que luego el Gobierno hizo suyas. No tendrían problema en apoyarlo si asumiesen algunos de sus planteamientos. El PP intenta escenificar que Sánchez «ha elegido de socio al independentismo porque quiere» cuando tiene alternativa.

«El PP tendía la mano para trabajar en medidas que verdaderamente fuesen útiles. La bajada del IVA a la luz, el gas o a los alimentos de primera necesidad nacieron en esta sede». Los vicesecretarios Juan Bravo y Paloma Martín contactaron hoy con las vicepresidentas María Jesús Montero y Teresa Ribera. Pero desde el PP aseguran que no se aceptó el planteamiento de negociar con ellos el decreto y que se les instó «cuando se publique».