Sánchez falta a su promesa de ofrecer transporte público gratis a los jóvenes y sube al 10% el IVA de la luz

El Gobierno de Pedro Sánchez despide el año con una nueva toma de su escudo social, que elevará el gasto público en contra de las recomendaciones de Bruselas. La coalición que forman PSOE y Sumar mantendrá las bonificaciones al transporte público durante todo 2024, pero finalmente no lo hará gratuito para menores de edad, jóvenes y desempleados como así prometió el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura.

El Consejo de Ministros dio luz verde hoy a una nueva prórroga del decreto de medidas contra la inflación tras la tensa negociación mantenida hasta última hora del martes entre ambas patas del Ejecutivo, marcada por la discusión en torno a la extensión de esta medida a toda la población. Tras las presiones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el Gobierno ha decidido continuar sufragando el 30% de las ayudas al transporte público interurbano siempre y cuando comunidades y ayuntamientos complementen las subvenciones hasta llegar al 50% del coste del abono transporte.

El decreto ómnibus aprobado hoy eleva el IVA de la luz y el gas al 10% desde el 5% actual e introduce nuevas medidas como la eliminación de las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla para personas mayores y con discapacidad, y la cesión de la gestión del ingreso mínimo vital para las autonomías que lo soliciten.

El Gobierno se ha decidido a mantener en 2024 algunas de las ayudas de mayor coste fiscal, en contra de su propio plan para reducir el déficit al 3%. Serán en todo caso, comunidades autónomas y ayuntamientos los que tendrán que avalar su plan de ayudas para el transporte público, uno de los más costosos del paquete antiinflación con un montante que ronda los 1.500 millones de euros. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ya se ha mostrado a favor de continuar con estas rebajas que en el caso de Madrid reduce el precio de los títulos de transporte en un 60% respecto a sus tarifas habituales.

Además de esta subvención, Sánchez ha prorrogado la gratuidad de los viajes en trenes de Cercanías y Media Distancia para usuarios frecuentes y de los viajes en autobús en las 77 rutas de larga distancia que dependen del Estado. Para los viajeros cotidianos, los descuentos en los trenes Avant seguirán siendo del 50%.

Lo que no se aprobó, al menos de momento, es la gratuidad del transporte público para menores de edad, jóvenes y desempleados, como había comprometido Sánchez a mediados de noviembre en su discurso de investidura. El presidente aseguró entonces que estos colectivos no abonarían un céntimo por el abono desde el 1 de enero de 2024. Sin embargo, el presidente del Gobierno no hizo hoy mención alguna a esta medida en la media hora larga durante la que estuvo desgranando las medidas aprobadas, mientras que las conversaciones entre Hacienda y Trabajo han estado centradas en si acotar o no las bonificaciones al transporte interurbano a los tres colectivos antes mencionados o extenderlo a toda la población como finalmente ha sucedido.

Otro de los focos de discusión había sido el mantenimiento en su integridad o no de las rebajas fiscales a los recibos de la luz y el gas activadas durante la escalada de los precios energéticos y que, entre otas medidas, habían instaurado un tipo mínimo del 5% para ambos suministros. El Gobierno decidió este miércoles iniciar el repliegue de estos incentivos que han servido para mantener artificialmente reducido el precio de la luz y del gas para los hogares españoles, con un ahorro mensual medio de unos 25 euros mensuales, pero a un coste elevadísimo para las arcas públicas, que se estima en unos 9.000 millones anuales.

Sánchez anunció hoy la «retirada progresiva de estos incentivos fiscales», que se iniciará ya el 1 de enero con la elevación al 10% del IVA aplicable a los recibos de la luz y el gas, la subida del 0,5% al 2,5% del tipo del impuesto especial sobre la electricidad y la reinstauración del Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica, que no grava directamente al consumidor sino a las empresas productoras y comercializadoras pero que se acaba filtrando al recibo.

Este será solo el primer paso. El tipo del IVA de la luz se quedará en el 10% al menos hasta 2025, pero el del gas volverá al 21% cuando acabe el invierno, en el mes de abril; y el impuesto especial de la electricidad volverá a subir a partir de julio hasta el 3,8%, aún lejos del 5,114% en que estaba hasta julio de 2022, pero muy por encima de dónde se ha situado hasta ahora.

Según los últimos datos publicados por Estadística, el precio de la electricidad está hoy un 22% más bajo de lo que estaba cuando el Gobierno decidió la primera bajada del tipo de IVA aplicable al recibo del 21% al 10%, y a la mitad de precio de cuando se decidió rebajar hasta el 5%. En el caso del gas, su precio es un 26% más bajo que cuando se decidió bajar el IVA.

Este repliegue progresivo, decidido por el Gobierno ante el riesgo de desatar un nuevo episodio inflacionista en plena caída del IPC y abrir un foco de incertidumbre sobre un crecimiento que se augura frágil en la primera mitad del año, afectará a la senda de reducción del déficit programada por el Gobierno, que aspira a llevar el desequilibrio de las cuentas públicas por debajo del 3% del PIB para evitar entrar como incumplidor en el nuevo marco fiscal europeo, pero que se sostenía sobre la retirada de todas las medidas de los decretos contra la inflación. Solo en el flanco fiscal, esta prórroga parcial tendrá un coste de unos 3.000 millones de euros.

A esa cuenta habrá que añadir el probable coste fiscal de la modificación anunciada hoy por Sánchez en el gravamen temporal sobre las empresas energéticas. El Gobierno ha decidido retocar la regulación del impuesto y establecer una desgravación por las cantidades que las empresas inviertan en el desarrollo de infraestructuras industriales y en proyectos de descarbonización, lo que aligerará la carga fiscal sobre las energéticas.

En la decisión gubernamental ha pesado la presión del PNV y también los mensajes recibidos por algunas de las grandes empresas energéticas españolas, que habían deslizado la posibilidad de posponer sus inversiones en España y reorientarlas hacia otros países si no se garantiza un marco fiscal estable y competitivo.

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Desde Sumar se había instado de forma explícita al Gobierno a mantener tanto este gravamen como el de la banca en las mismas condiciones aplicadas en 2023 y con el mismo poder recaudatorio: unos 2.900 millones entre ambos, unos 1.600 por las energéticas y unos 1.300 millones por la banca. El Gobierno se ha decantado por retocar la regulación del impuesto sobre las energéticas, pero Sánchez también se comprometió este miércoles a promover los cambios regulatorios necesarios para convertir lo que nació como un gravamen transitorio en una figura permanente del marco tributario.

Queda la duda de saber qué ocurrirá con el gravamen sobre la banca, del que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dijo que habría que reconsiderar, pero que de momento se ha quedado en el cajón a la espera de una decisión por parte del Gobierno, aunque el sector lo da por permanente. «Este gravamen tiene efectos negativos sobre la generación de nuevo crédito, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera, en un contexto de incertidumbre económica internacional», expresaron este miércoles en un comunicado conjunto la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). «Además, esta decisión de extender el gravamen afecta negativamente a la competitividad del sector bancario».

El Gobierno confirmó este miércoles la prórroga durante el primer semestre del año del IVA del 0% para alimentos básicos (leche, pan, huevos. etc) y del 5% de pastas y aceites, y de otras medidas del llamado escudo social: la prohibición de los desahucios durante todo 2024, el máximo descuento del bono social para las familias vulnerables y la limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano hasta julio

Se anularán los lanzamientos cuando se trate de una vivienda habitual en la que convivan personas dependientes, víctimas de violencia o menores de edad a cargo. Si el desahucio es derivado por el impago del alquiler se protegerá al inquilino vulnerable cuando resida en un inmueble propiedad de una persona física o jurídica con más de diez viviendas en posesión. La extensión de la medida ha recibido las críticas del sector, que asegura que perjudicará a los vulnerables. «Va a eliminar la oferta asequible en el mercado, porque los propietarios no van a querer alquilar una vivienda ante el riesgo de tener que ser ellos lo que se hagan cargo de los posibles impagos de las familias vulnerable», advierte Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro.