Junts evidencia la minoría del Gobierno al anunciar que votará en contra del último real decreto porque afecta a la ley de amnistía

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Nati Villanueva

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PP, Vox y UPN suman 171 escaños en el Congreso. Con Coalición Canaria, 172. Los siete diputados de Junts son, por lo tanto, decisivos para cualquier votación en bloques ya que el resto de grupos que dan apoyo al Gobierno (PSOE y Sumar) suman 171 votos. Puigdemont utilizará esta baza en cada votación y en cada negociación. Y no ha esperado mucho. El real decreto-ley de 211 páginas que aborda cuestiones de distintos sectores, avanzado por ABC el 20 de diciembre, y que abre la puerta a una regulación de la amnistía por la puerta de atrás ha sido suficiente para evidenciar que Sánchez no tiene una mayoría de legislatura.

Nogueras ha avanzado hoy el voto negativo de Junts al texto que contiene medidas relacionadas con el servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo porque «pondría en riesgo» la aplicación de la ley de amnistía. «Es uno de los diversos motivos por los que ya comunicamos al PSOE que votaríamos en contra de los reales decretos. Hay más, que también son importantes para Cataluña», ha dejado escrito negro sobre blanco en un apunte en X.

Tal y como apuntó este diario, el artículo 43 bis del real decreto-ley «pondría en riesgo» la aplicación de la ley de amnistía, también asumido por la portavoz de Junts, que además ha añadido que en su opinión si se aprueba el decreto no se respetarían las competencias de la Generalitat. «La idea de acordar 'conjuntamente' lo que le corresponde a la Generalitat, que no tienen el resto de comunidades, da siempre el mismo resultado: infrafinanciación», ha lamentado en X.

En este sentido, ha asegurado que este tipo de decretos son «decretos macedonia que regulan materias diferentes e inconexas que dificultan el posicionamiento político», al incluir diversos asuntos en un mismo texto, y que solo se puede votar a favor o en contra, ya que al ser un real decreto-ley no se puede enmendar como sí se permite a las grupos las iniciativas legislativas completas.

Así, salvo que el PP o Vox den su apoyo, el real decreto-ley no saldrá adelante. Fuentes de los populares, informa Víctor Ruiz de Almirón, han apuntado que no es su «prioridad» ahorrar «derrotas al Gobierno» y que solo darán su apoyo a cuestiones que sean «en clave de país». En cualquier caso, sobre este real decreto-ley en concreto, han añadido las mismas fuentes que analizarán el texto. Pero, eso sí, han advertido «que no cuenten con el PP».

El real decreto-ley en cuestión refuerza el efecto suspensivo que tiene sobre un procedimiento concreto la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que toca de lleno a la ley de amnistía, que en su redactado actual trata de impedir esta paralización. La aplicación de la ley de amnistía, que será recurrida por distintos partidos y colectivos, quedaría así suspendida desde el momento en el que un juez plantease dudas sobre la compatibilidad de la norma con el derecho europeo y hasta que la justicia europea resuelva.

Según avanzó ABC, en la práctica esta suspensión ya se estaba llevando a cabo en base a la propia doctrina europea, pero es ahora cuando el Ejecutivo la ha plasmado por escrito en un real decreto-ley (de 211 páginas) por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Entre las normas a modificar se encuentra la Ley de Enjuiciamiento Civil, que añade un artículo bis al 43, regulando con precisión las consecuencias de la presentación de una cuestión prejudicial por cualquier juez que tenga dudas sobre el encaje de una ley con el derecho de la Unión Europea.