La Justicia reacciona a la amnistía y mantiene prófugo a Puigdemont

Cumpliendo su papel y una vez publicada y ya en vigor la amnistía, los tribunales han puesto en marcha la maquinaria para que, en un plazo récord de entre cinco y diez días a lo sumo, informen sobre la aplicabilidad o no de la norma en afectados concretos. No en vano, en dos meses la ley tiene que estar aplicada en aquellos procedimientos cuyos encausados sean susceptibles de ser beneficiados con el borrado de sus delitos y la consiguiente extinción de su responsabilidad penal.

Y puede que no sean todos a los que aspiran el Gobierno y sus socios a tenor del mensaje que el juez Llarena se encargó de lanzar ayer en la misma providencia en la que emplazó a Fiscalía, acusación popular y defensas de los prófugos Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, a pronunciarse. «Corresponde al poder legislativo el establecimiento de los criterios para ser beneficiado por la amnistía y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador». Y es esa potestad del juez la que no ha derivado en un levantamiento automático de las medidas cautelares que pesan sobre procesados como Puigdemont, sino que esta sea también una decisión del instructor tras escuchar a las partes.

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Así en la providencia notificada ayer Llarena ordena que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que «continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención» de los cuatro procesados citados, adoptadas en auto de enero de 2023, «por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas».

El magistrado cierra la puerta así a que, al menos de momento, Puigdemont entre en España sin ser arrestado. Una vez que las partes informen, se verá. A ellas les pide que concreten no sólo si la norma es aplicable «a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados», sino también «sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos». También que manifiesten si hay algún motivo de exclusión en la aplicación de la ley.

De la misma forma, el tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó la causa del 'procés' y la magistrada Susana Polo, como instructora del 'caso Tsunami Democratic', dictaron sendas providencias emplazando a la Fiscalía y demás partes personadas para que presenten alegaciones a la aplicación de la ley en sus respectivos asuntos. El primero, que tiene en sus manos el destino de Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, recuerda que la Ley señala que «sólo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal (…) cuando así haya sido declarado por resolución firme dictada por el órgano competente para ello con arreglo a los preceptos de esta ley».

Susana Polo, por su parte, quien tiene que decidir sobre Puigdemont y Rubén Wagensberg (ERC), ambos aforados e investigados por terrorismo en Tsunami, da a las partes diez días para expresar su parecer.

Y respecto a la parte de Tsunami que sigue en la Audiencia Nacional, el juez instructor Manuel García-Castellón siguió el mismo camino, una providencia que pedía informe a la Fiscalía y el resto de acusaciones y defensas sobre la posibilidad de aplicar la amnistía a sus investigados por terrorismo, desde Marta Rovira a Josep Lluis Alay, pasando por Xavier Vendrell o Josep Campmajó. Algunos, como Oriol Soler o Marta Molina pidieron ya la aplicación del olvido, pero tendrán que esperar a que al cabo de diez días, hayan informado todas las partes. En cuanto a la Fiscalía, discrepó con el juez porque no apreciaba terrorismo, así que no es descartable que no se oponga a la amnistía.

Sin salir de la Audiencia Nacional, penden también de la ley los acusados de terrorismo como miembros de una célula violenta de los Comités en Defensa de la República. En su caso, ya en manos de un tribunal, la cuestión se dirimirá en la vista previa al juicio señalada el 27 de junio, donde las defensas pedirán la amnistía y la Fiscalía fijará su posición.

También los tribunales catalanes arrancaron ayer el proceso para amnistiar a los expresidentes Artur Mas y Quim Torra, así como a los arquitectos del 'procés', Josep María Jové y Lluís Salvadó. Los dos últimos, con juicio señalado para el próximo octubre. Las partes tienen ahora un plazo de diez días para pronunciarse al respecto.

En el caso de Mas, fue condenado, junto a Joana Ortega e Irene Rigau, a casi dos años de inhabilitación por organizar la consulta del 9-N. Pese a que dichas penas ya están agotadas, la amnistía supondría cancelar sus antecedentes. Otra de las causas, la que afecta a Torra, hace referencia al fallo por desobediencia tras negarse a retirar una pancarta en favor de los políticos presos del balcón de Palau, durante una campaña electoral. La sentencia, que le impuso 18 meses de inhabilitación, le obligó a abandonar la presidencia.

La de este martes fue una jornada en la que se sucedieron los escritos en cascada, entre ellos, los 38 de Esquerra para que tanto los ya condenados -Junqueras- como los aún procesados -Rovira- se beneficien del olvido penal. Además de políticos, también 'activistas' han solicitado ya la amnistía. Entre otros, aquellos sentenciados por agredir a policías, como Adrián Sas, pendiente de ingresar entre rejas para cumplir tres años y medio por golpear a dos mossos.

Incluso Víctor Terradellas, investigado por el juez Aguirre en la denominada trama rusa, a la que él mismo dio inicio, al hacer referencia en una conversación al supuesto apoyo del Kremlin a la independencia de Cataluña con criptomonedas y el envío de «10.000 soldados», formalizó ya su escrito para que el instructor de carpetazo a las pesquisas.