Llarena mantiene la orden de detención a Puigdemont y da cinco días a las partes para informar sobre la amnistía
La Sala Segunda del Supremo y la juez que instruye Tsumani inician también de oficio los trámites para estudiar la aplicacion de la norma
Turull pide al Supremo que borre sus 12 años de inhabilitación por la malversación del 'procés'
Apenas unas horas después de la entrada en vigor de la ley de Amnistía, el Tribunal Supremo ha puesto en marcha ya todos los mecanismos para estudiar la aplicación de la norma: el juez Llarena con los prófugos y procesados del 1-O, entre ellos Puigdemont; la Sala Segunda, con los condenados y todavía inhabilitados, y la juez Susana Polo con Tsunami Democràtic, donde Puigdemont también está encausado.
En este contexto Llarena ha dictado una providencia en la que da un plazo de cinco días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los hechos por los que están procesados los prófugos Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, así como sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos.
En la misma resolución, el juez ordena que se comunique a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que «continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención» de los cuatro procesados citados, adoptadas en auto de enero de 2023, «por lo que deben proceder a su cumplimiento mientras esas decisiones no sean judicialmente modificadas o revocadas». De esta forma el instructor cierra la puerta a la entrada a que Puigdemont entre en España sin ser arrestado. Al menos hasta que tome una decisión tras escuchar a las partes.
Llarena recuerda que la ley de Amnistía establece en su artículo 1 los requisitos para exonerar de responsabilidad criminal a los actos tipificados como delito que hubieran sido presuntamente perpetrados en el contexto del proceso independentista catalán, pero en su artículo 2 excluye, recuerda, otros supuestos de hecho. Así, mientras corresponde al legislador establecer los criterios para ser beneficiado por la amnistía, "corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas" en ese ámbito de aplicación.
El juez detalla a las partes que deben informar “sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados”, y “sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos”, prestando una "particular referencia" a si los hechos se entienden comprendidos en las previsiones del artículo 1 de la ley para los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos, así como si pueden considerarse excluidos del ámbito de aplicación de la Ley por la específica previsión del legislador en el artículo 2 de la ley.
Por su parte, el tribunal de la Sala de lo Penal que juzgó la causa del procés y la magistrada Susana Polo, como instructora del ’caso Tsunami Democratic’, han dictado otras dos providencias en las que dan traslado también a la Fiscalía y demás partes personadas para que presenten alegaciones a la aplicación de la Ley de Amnistía en sus asuntos respectivos. El primero, que tiene en sus manos el destino de Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, señala de forma específica que las partes han de informar de las consecuencias derivadas de lo previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley al regular los hechos amnistiables y sus exclusiones. La Sala recuerda que la Ley señala que “sólo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal (…) cuando así haya sido declarado por resolución firme dictada por el órgano competente para ello con arreglo a los preceptos de esta ley”.
Respecto a Susana Polo, en su caso el plazo dado a las partes se extiende a diez días. La instrutora tiene que decidir sobre Puigdemont y Rubén Wagensberg, ambos aforados e investigados por terrorismo en Tsunami.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete