Llega el fin de la comisión de los «chanchullos» y la «paranoia de corrupción»

El único aspecto de la comisión que estuvo libre de polémica fue el objeto a investigar, estipulado por los nacionalistas: el sobrecoste del hospital vigués Álvaro Cunqueiro por el modelo concesional escogido; los «contratos a dedo» de la Xunta desde 2009 hasta a la actualidad; presuntos «chanchullos» para beneficiar a amigos y familiares; e irregularidades que la oposición acusa durante las contrataciones en pandemia. A partir de entonces, no hubo más acuerdos, y nacionalistas y socialistas denunciaron «atropellos» y «vetos» constantes por parte de los populares.

El primer desacuerdo surgió con el plan de trabajo. Cada grupo hace una propuesta, a partir de las cuales se elabora la definitiva. Los populares, explica en conversación con ABC el diputado Roberto Rodríguez, ofrecieron una transacción, que incluía 19 comparecientes de las propuestas de la oposición y «toda la documentación» que pedían, pero son «tan apóstoles del no, que la rechazaron». Pero en esto no coinciden los nacionalistas. El diputado Luis Bará explica a ABC que el PP «hizo un simulacro de acuerdo«, en el que »vetaba« la asistencia de personas que ellos consideran clave: el antiguo presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo; su hermana; su prima; su cuñado; y la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una ausencia de comparecencias cruciales que para los del Bloque es una clara »vulneración de derechos«, y que según los populares solo buscaban desviar la atención de »la verdadera trama de corrupción« que afecta a al Gobierno central. Su decisión de no aceptarlas, aseguran, está amparada por todos los letrados de la Cámara.

Después, arrancaron las sesiones, y tampoco lo hicieron libres de conflicto. Por la silla de los comparecientes pasaron personas de renombre en cada uno de sus ámbitos, como los conselleiros mayores del Consello de Contas –el anterior y su sucesor–; conselleiros del bipartito, de la época de Feijóo y algunos en activo. Sobre el Cunqueiro, el representante de Contas incidió en que, para evaluar la diferencia del coste, se debe emplear el valor anual neto sin IVA, cercano a los 133,5 millones, y no los 470 millones (que incluyen el IVA), cifras que aparecen una seguida de la otra en el informe de Contas. Y en que se hizo una comparación entre una situación real, como la de España en plena crisis del ladrillo, y una hipotética, de «óptimos», que «no era el caso» y hubiese supuesto incurrir en deuda e incumplir la norma de déficit europea. Por su parte, la conselleira de Política Territorial del bipartito, María José Caride, aseguró que su Gobierno iba a levantar la infraestructura mediante la Sociedad Pública de Inversiones, pese a que esto hubiese supuesto incurrir en déficit.

Declaraciones tras las cuales el tema del sobrecoste «está muerto» para los populares, indica Rodríguez. Fue una comparación hipotética, que hubiese supuesto «renunciar al gasto corriente de la Xunta». «No había dinero, así de sincero», dice. Y acusa, además, de un uso «deliberadamente incorrecto» del término sobrecoste, una palabra que «vende mucho» pero que el propio informe explicita que «la Administración no asumió«. En todo caso, los nacionalistas insisten en que hubo un »sobrecoste acreditado« de 470 millones, y que además el hospital »es más pequeño« –el informe solo tiene en cuenta la superficie útil, y no la construida–. La documentación, asegura Bará, «está incompleta», y señalan a informes que «acreditan que no se ejecutó la obra que estaba contratada». «Eso parece una ilegalidad de gran repercusión, y mantenemos el mismo análisis», expone.

Sobre los contratos «a dedo» y los «chanchullos», tampoco hay consenso en el balance que hacen ambos grupos de las comparecencias. Los nacionalistas mantendrán en su propuesta de dictamen que con los contratos menores o los de emergencia se incurrió en ilegalidades. Contas, explica Bará, «hace mención a numerosos casos de sistemas de contratación que no se ajustan a la legalidad», y cita, además de Eulen, a entidades públicas. Al respecto, acerca de que el organismo fiscalizador explicase que «en caso de apreciar responsabilidad penal» los informes se hubiesen puesto en conocimiento de la Fiscalía, señala que «es su decisión», e incide en que la «contratación menor continuada en el tiempo» y la fragmentación es ilegal y una práctica habitual en la Xunta.

En cambio, los populares insisten en que Contas explicitó que la contratación pública se hizo «sin tacha ni reparo de ilegalidad». «Cuando lo hacen ellos [el BNG] es contratación menor y cuando lo hace el PP es contratación a dedo; cuando sacan una concesión es externalizar, cuando lo hacemos nosotros es privatizar», resume sobre la oposición, acusando una suerte de «paranoia de corrupción». Y sobre las denuncias de 'enchufe' para beneficiar a familiares y amigos, sacó a colación lo abordado en la última sesión de comparecencias, con Rubén Cela –conselleiro de Xuventude del bipartito y recién salido de la Executiva del BNG– y Alberto Souto –secretario Xeral de Medio Ambiente, también de la época de Touriño–.

En ella, hizo referencia a Cela como Director de Proyectos en Atlantic Ponte, empresa que ha obtenido 49 contratos por 3,6 millones de euros, la mayoría con gobiernos del BNG. Y también a Souto como socio fundador de Carrumeiro Media, empresa que, tras su salida del Gobierno, recibió 1,1 millones de euros por 78 contratos públicos. El 92% de ellos sin publicidad y sin «buscar de forma oficial la mejor oferta». Algo que el BNG dice «que no se puede hacer», continúa, pero hacen «desde hace dos décadas. ¿Vienen aquí a hacer un ejercicio de hipocresía?» se pregunta. Todo ello bajo la sombra de la pregunta que Ana Pontón, recuerda, aún no ha respondido, sobre si «puede decir que en su entorno» tampoco hay contrataciones con administraciones del partido que la ha vuelto a nombrar jefa de filas. Pero aclara que no hizo «ni una sola acusación», porque, además de que «los conflictos de intereses están legislados«, una »relación de parentesco« no es »motivo de exclusión«. Argumentos que, a ojos de los nacionalistas, muestran un PP »acorralado«. »Intentan crear la idea de que todo el mundo lo hace igual y no tiene nada que ver«, asegura Bará.

El dictamen se conocerá pronto, y tampoco se libra de la polémica. El BNG acusa un «cierre en falso», y ninguno de los grupos de la oposición acudió el viernes a la reunión de la ponencia para elaborarlo, denunciando incumplimientos en el plazo de convocatoria. De todas formas, el dictamen estará sujeto a lo que diga la ley. El Bloque presentó un recurso en el Tribunal Constitucional, acusando al PP de «vulnerar sus derechos fundamentales» en la Cámara al imponer su plan de trabajo. Al respecto, los populares les invitan a ir un paso más allá: «Llevan 15 años hablando de una maquinaria de corrupción perfecta«, asevera Rodríguez, que insiste en que vayan a los juzgados con sus acusaciones, »pero no interesa porque saben que no hay nada«. Los nacionalistas no avanzan qué harán. Si el Constitucional falla a su favor, la comisión se anularía y podría empezar de nuevo, con el BNG al timón. En caso contrario, mantienen la intriga. »Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente«, asegura Bará.