Contas niega que haya un sobrecoste de 470 millones en el Cunqueiro

Aladro Fernández, que arrancó su intervención dejando claro que su participación en la comisión fue únicamente en representación del Consello de Contas, explicó que en el informe de fiscalización del Álvaro Cunqueiro se cuantificó la diferencia estimada entre el importe de la proyección de pagos de las alternativas públicas y público-privadas, concluyendo que, en términos económicos, «la licitación pública es más eficiente que el contrato de concesión realizado, ya que se podrían alcanzar resultados similares a un menor coste». Una diferencia, dijo, que se corresponde con el valor anual neto sin IVA para determinar el valor presente referido al momento de la adjudicación, que establece un ahorro con el primer modelo de 133.439.273 euros, y no la cifra que emplea la oposición de 470.469.422 euros, que, además, incluye al IVA.

Una declaración que completó acto seguido con una cuestión que varios de los comparecientes de estos días ya han puesto de manifiesto, aseverando que, en todo caso, «tras el análisis de los datos en relación a la capacidad orzamentaria, el informe también concluye que la Administración no estaría en condiciones de afrontar la licitación pública del contrato de obra sin incumplir los objetivos de déficit para los efectos de la estabilidad orzamentaria». O, dicho de otro modo, haber optado por la alternativa pública hubiese implicado «o bien incumplir la regla de déficit o renunciar a la ejecución de gasto corriente o de otras inversiones». Esto se debe, explicó, a que la evaluación partió «de un escenario óptimo» en el que la «Administración fuese capaz de financiar una inversión con recursos propios», que no era el caso.

Fue en la réplica cuando, de forma directa, el popular Roberto Rodríguez le pidió a Aladro que respondiese, con un sí o con un no, si hubo sobrecoste en la construcción del Cunqueiro, reiterando la posición del grupo, que defiende que en el informe no se refleja tal hecho. Una cuestión a la que el compareciente no tuvo tiempo de responder en su turno, pero que sí que quiso puntualizar la diputada socialista, Elena Espinosa, que dijo saber «que no hubo sobrecoste en el sentido estricto«, acusando al popular de intentar »retorcer« la situación y, admitiendo, implícitamente, el uso incorrecto del término. »Lo que dice Contas es que la alternativa de licitación de obra, por un lado, y licitación de contratos de servicios, por otra, fue lo que llevó a ese sobrecoste«, dijo, posición en la que se mantuvo en el resto de comparecencias. Esto es, la Administración no tuvo que asumir ningún sobrecoste o gasto adicional, como refleja el documento, que, en cambio, aprecia un posible ahorro en base a un caso hipotético no realista.

De la intervención de Aladro también se desprende que la Administración no incurrió en ningún tipo de responsabilidad contable o penal. Según aclaró, en respuesta al diputado del Grupo Mixto, Armando Ojea, si en el Consello de Contas se apreciase la posible existencia de responsabilidades contables esta cuestión se abordaría en el Tribunal de Cuentas, con independencia de que todas las auditorias sean siempre remitidas allí. De apreciarse responsabilidad penales, el caso sería remitido a la Fiscalía, algo que se hubiese hecho de haber existido «algún tipo de ilícito penal que se derivara de cualquier fórmula utilizada como forma de malversación o de defraudación», cuestión que no aconteció, explicó.

Del resto de cuestiones que refleja el informe, el conselleiro mayor indicó que, como apunte positivo, el estudio de viabilidad identifica como ventajas del modelo la reducción de los plazos de construcción –siendo esta una infraestructura de «imperiosa necesidad» para el área de Vigo, como destacaron otros comparecientes en sesiones anteriores– y la transferencia de riesgo, en un momento de inestabilidad socioeconómica como el de la crisis. Esta última cuestión la puntualizó más tarde Pablo Torres Arrojo, director xeral de Recursos Económicos del Sergas entre 2009 y 2015, que aseguró que «es obligatorio» incluir los servicios no sanitarios en la concesión para poder transferir el riesgo de disponibilidad y no aumentar la deuda.

Por su parte, las recomendaciones emitidas «apuntan a la dirección de realizar una planificación correcta de la inversión con el objetivo de garantizar la transparencia de la licitación y evitar modificaciones del objeto del contrato«, explicó Aladro. Eso si, defendió que »la contratación gozó de todos los caracteres de claridad, transparencia y publicidad«.

Además, entre las cuestiones que fueron aclaradas en la sesión de este miércoles está el criterio de superficie que emplea Contas en su informe, siendo una de las críticas que el Cunqueiro es «más pequeño y más caro» de lo que debería. En comparecencias previas, como la del ex conselleiro de Sanidade Julio García Comesaña, se puso de manifiesto que en el cálculo de la superficie hospitalaria no computa la quinta planta del hospital, que alberga las instalaciones. Esto se debe, explicó el conselleiro mayor, a que en el documento se emplea el criterio de superficie útil y no el de superficie construida, algo que los populares «respetan» pero «no comparten», señalaron.