El BNG lleva al Constitucional los 'vetos' del PP en la comisión de investigación sobre los contratos público
Presentan un recurso de amparo contra la «deriva autoritaria y antidemocrática» del Ejecutivo autonómico según explicó la líder de los nacionalistas, Ana Pontón
La conselleira de Sanidad del bipartito dice que sus planes para el hospital Cunqueiro eran «viables»
![En el centro, Ana Pontón este lunes tras presentar el recurso de amparo al Tribunal Constitucional](https://s1.abcstatics.com/abc/www/multimedia/espana/2024/12/09/ponton-R58zJB38UMtBjE0NXNcKj5O-1200x840@diario_abc.jpg)
El devenir de la comisión de investigación sobre los contratos de la Administración Pública, impulsada por el BNG, no convence al partido nacionalista, que presentó ayer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) denunciando que se están «vulnerando sus derechos fundamentales» ... y acusando al Partido Popular de impedirles ejercer un control sobre la acción del Gobierno autonómico.
Como en anteriores ocasiones, la líder del Bloque, Ana Pontón, cargó contra el PP acusándoles de «boicotear» e imponer «vetos» en las lista de comparecientes (incidiendo en la no presencia del líder de los populares, Alberto Nuñez Feijóo), así como en el plan de trabajo, lo que «impide el funcionamiento normal de la comisión de investigación». Una estrategia que calificó de «ataque directo al corazón de la democracia». «Este disparate del Partido Popular lo que confirma es la deriva autoritaria y antidemocrática de un partido que lleva quince años de mayorías absolutas y que piensa que las instituciones son su finca particular», afirmó Pontón.
Por ello, la líder de la oposición anunció que ayer su formación presentó un recurso ante el Constitucional asegurando que «existe una jurisprudencia extensa» al respecto, denunciando las imposiciones del PP en la constitución y contenidos de la comisión, así como de privar a los diputados nacionalistas de «documentación clave» para analizar los hechos que se investigan. Todo ello supone, a juicio del BNG, una «vulneración de sus derechos fundamentales».
«En definitiva, lo que no podemos permitir es que el Partido Popular impida el funcionamiento democrático de esta Cámara y, sobre todo, que los gallegos y gallegas conozcan la verdad sobre como han gestionado durante estes últimos quince años los recursos públicos», aseveró Pontón, que no perdió la ocasión de calificar esta gestión como «chanchullos en la contratación pública».
Volver a empezar
El objetivo de los nacionalistas no es otro que volver al punto de partida para poder establecer la lista de comparecientes y el plan de trabajo de acuerdo a su previsión inicial, a pesar de que los populares cuentan con mayoría absoluta en la Cámara y, por lo tanto, potestad para modificar estos aspectos a su antojo. Una comisión que pretendía abordar los contratos de la Xunta con empresas como Eulen o el modelo de financiación del Hospital Álvaro Cunquiero de Vigo, y que finalmente no contó con la presencia de personalidades como el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, para pesar de los nacionalistas gallegos -y también de los socialistas-. «Sabemos que no van a actuar [en referencia al TC] con la misma diligencia que estamos viendo en otros casos del Estado, pero tenemos que confiar en los mecanismos que tenemos», concluyó Pontón.
Una segunda 'intentona'
Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quitó hierro al asunto. Así, ante las preguntas de los medios, indicó que ve en este movimiento de los nacionalistas un intento de «dar vida» a una comisión que «no salió como le hubiese gustado al Bloque» ni tampoco «a Pedro Sánchez», y que no obtuvo la «repercusión nacional» que esperaban. «No se cumplen esos objetivos y ahora, supongo que por intentar darle vida o hacer una segunda intentona, toman esta decisión», dijo, convencido de que «la decisión del BNG de promover esta comisión» estuvo, en parte, impulsada por «devolver» a los socialistas el favor de haber apoyado a Pontón en la campaña electoral del 18F. En todo caso, con la tranquilidad habitual con la que el mandatario habla de esta cuestión, reiteró que «todas las contrataciones de la Xunta» fueron hechas siguiendo «estrictamente» los procedimientos legales.
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