Rueda asegura que en Galicia «no hubo Koldos ni Aldamas»

Pese a que al principio de su comparecencia Rueda destacó la importancia de los mecanismos parlamentarios como una muestra de la «fortaleza democrática de las instituciones gallegas», también afeó la «inconcreción» de la comisión lanzada por el BNG que, dijo, usaron «como recipiente de todo aquello que se les fue ocurriendo para convertirla en algo que a día de hoy ni sus impulsores sabrían definir». Su comparecencia, señaló, parece resultado de una «revancha» por la «decisión que tomaron los gallegos hace unos meses», «un intento de trasladarnos a la tierra de la toxicidad y los líos continuos de la política nacional» que, en su opinión, responde a «una escenificación» frente a la Asamblea Nacional del Bloque, que se celebra mañana, y el Congreso Federal del PSOE en Sevilla, que arrancó ayer.

Su pretensión en la comparecencia, dijo, no fue otra que defender el buen hacer de los técnicos de la Xunta tanto desde el 2009 como en legislaturas anteriores, remitiéndose a las cuestiones ya abordadas en las jornadas previas, a las que acudieron personas de relevancia como los conselleiros mayores del Consello de Contas –el actual y su predecesor– o un representante de la firma Garrigues, encargada de hacer un estudio de viabilidad para la construcción de una serie de infraestructuras hospitalarias –entre ellas el Cunqueiro– en el gobierno de Touriño.

De sus intervenciones, como recordó el mandatario, se desprende que el hospital de Vigo «fue construido del único modo que era posible» para cumplir los objetivos de déficit, y que la opción del bipartito de hacerlo a través de la Sociedade Pública de Investimento generaría, inevitablemente, deuda. Una decisión, dijo, de la que se siente «orgulloso» porque no suponía escoger «entre un modelo u otro», sino entre «tener hospital o no tenerlo». Sobre la contratación autonómica, defendió que la Xunta actúa de forma «escrupulosa» y acorde a la legalidad, tanto durante la pandemia como en la contratación menor. «Intentan pasar por escandaloso que contratemos, por ejemplo, con una empresa que es de las mayores contratistas de España» con la que el bipartito contrató «como mínimo» en la misma medida, afeó sobre Eulen. La contratación media anual con esta empresa durante los cuatro años del bipartito y los siguientes del PP, dijo, varía en décimas –ambos promedios rondan los 4,7 millones–, mientras que, según apuntó el portavoz popular, Alberto Pazos, entre la legislatura de Touriño y la primera de Feijóo, hubo un descenso de más del 60% en los contratos.

«Todo hecho acorde a la legalidad. Señorías, aquí no hubo Koldos ni Aldamas. Eso pasó en el Gobierno de España«, criticó Rueda, arremetiendo contra los grupos de la oposición, especialmente el BNG, por no criticar con el mismo ímpetu los presuntos casos de corrupción de sus «socios» en Madrid. «En Galicia afortunadamente eso no sucedió y, por lo tanto, no tenemos nada de que avergonzarnos», aseguró.

Por su parte, en sus respectivos turnos de réplica, quedó clara la pretensión de los diferentes grupos de la Cámara. El primero en intervenir fue Armando Ojea de Democracia Ourensana, que recordó que apoyó la constitución de la comisión con un objetivo, la «transparencia», motivado por el informe del Consello de Contas. Con todo, dijo, una «parte significativa de los comparecientes que estuvieron presentes aquí parecen coincidir en que [la licitación público-privada] era la única forma de poder hacer el hospital«. En todo caso, para el orensano lo que está claro es que hoy en día el área sanitaria de Vigo disfruta de una infraestructura «a la vanguardia de Europa», por lo que empleó su intervención -como acostumbra a hacer- para referirse a Orense y reclamar una infraestructura similar para la ciudad, «aunque tenga que tomar decisiones arriesgadas como hacerlo a través de una fórmula público-privada». Algo que, según le dijo el presidente, no sería necesario, porque «afortunadamente» hoy la situación financiera es otra, mostrando, a su vez, el compromiso con la provincia para avanzar en la mejora de las infraestructuras sanitarias.

Asimismo, en sus intervenciones, además de criticar los «vetos» al plan de trabajo y a la documentación y la ausencia de Feijóo en las comparecencias, tanto Pontón como Besteiro se remitieron a incidir en el sobrecoste del Cunqueiro, un tema que para los populares, tras las intervenciones de Contas, ya está «muerto»; las irregularidades en la concesión, pese a que, de haberse detectado algún tipo de ilegalidad, el informe habría sido remitido a Fiscalía, algo que no ocurrió; y la opacidad y la falta de transparencia en la contratación autonómica, que el secretario xeral de la Asesoría Xurídica había defendido en la intervención anterior.

«Tenemos indicios claros que apuntan a cómo ustedes llevan 15 años empleando el dinero de los gallegos para favorecer a empresas de familiares del PP«, aseguró Pontón, en la misma línea que Besteiro, que afirmó que »no es un caso aislado« sino »un modus operandi« y que su formación no descarta acudir a la Fiscalía. »Su silencio es una declaración de responsabilidad y de culpabilidad y la muestra de que tienen mucho que ocultar«, criticó por su parte la nacionalista.

Algo contra lo que arremetió con dureza el popular Alberto Pazos. Para él, «la conclusión» de la comisión la dijo el máximo representante de Contas, «cuando afirmó que si en los informes» se apreciase «alguna duda de ilegalidad, tendrían acudido a Fiscalía«, pero no fueron. «Lo que queda por saber, si lo que quieren es hablar de moralidad», dijo, dirigiéndose a Pontón, es «si puede afirmar que en su casa nadie se benefició de contratos menores otorgados y adjudicados por gobiernos del BNG». Algo en lo que volvió a insistir Rueda, asegurando que, en su caso, puede decir que «no». La cuestión, nuevamente, quedó sin respuesta.