La vivienda será más cara y las familias tendrán que hacer frente a subidas del recibo de la luz y la cesta de la compra

Las previsiones para este año son más halagüeñas. Ya no es solo que se augure un IPC medio del 2%, sino que los analistas coinciden en que los salarios subirán por encima de la inflación -la media del consenso es que las retribuciones subirán un 3,1%-, asegurando una mejora de poder adquisitivo por segundo año seguido. Un margen que los hogares van a necesitar para afrontar las subidas de precios y tarifas que tienen por delante.

Los impuestos a la electricidad vuelven a la normalidad tras tres años de escudo fiscal que han rebajado de forma artificial el recibo de la luz. Derogada la rebaja transitoria del impuesto especial sobre la electricidad y a la espera de lo que pueda ocurrir con la derogación del impuesto sobre la producción impulsada por PP, PNV y Junts y con el impuesto a las energéticas que quiere instaurar el Gobierno, desde este 1 de enero los consumidores volverán a pagar el 21% de IVA en sus recibos. El año pasado el tipo del impuesto osciló en función del coste del mercado mayorista y permaneció durante la segunda mitad del año en el 10%.

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Desde el miércoles se estabilizará en el 21%, restaurando el estado de cosas anterior a la crisis. Según la compañía de gestión de facturas Selectra, para un hogar con un consumo superior a 50 €/mes, este incremento podría suponer otros cinco euros más en cada recibo mensual, es decir, unos 60 euros al año. También habrá cambios en el mercado regulado (PVPC). Esta tarifa, referenciada de forma directa a los precios del mercado mayorista, basará a partir de ahora su formación de precios en un 40% en lo que ocurra en los mercados de futuros, debido a un cambio regulatorio introducido por el Gobierno para que las subidas de precios por alteraciones en el mercado mayorista sean más suaves. Cabe recordar que existen tres tipos de tarifas: mercado libre -que tiene un precio acordado entre las compañías y los consumidores-; PVPC; y mixtas, que es una mezcla de ambas.

Por lo que respecta al precio del gas, derogado hace meses el IVA reducido, se mantienen vigentes dos tipos de tarifas: TUR -cuyos precios están controlados por el Gobierno y solo se puede contratar en cuatro empresas-, que sería el mercado regulado; y libre, que se puede contratar con cualquier compañía. En cuanto a la regulada, tendrá un incremento de un 10% con relación al precio establecido el pasado 1 de octubre, mientras que la TUR vecinal se incrementará entre un 13,5% y un 18,3%

El precio del mercado mayorista del gas está en valores muy altos, algo que impactará en aquellos consumidores que tengan el gas contratado bajo tarifas vinculadas al mercado libre, casi cinco millones de usuarios (más del 60% del total).

En cuanto a la bombona de butano, el precio está en 16,61 euros por unidad. No habrá cambios hasta mediados de enero cuando toque la revisión bimestral. El coste está muy lejos del pico alcanzado en mayo de 2022, en plena crisis, cuando llegó a estar en 19,55 euros por bombona.

El precio de los combustibles mantuvo una cierta estabilidad en 2024. La gasolina 95 ha cerrado el año en una horquilla que oscila entre los 1,36 euros por litro y los 1,63 euros, según la estación de servicio, mientras que el diésel ha estado entre los 1,27 euros por litro en los establecimientos 'low cost' y los 1,64 euros en las gasolineras tradicionales. La incertidumbre es mayor de cara a 2025. Las tensiones geopolíticas que se viven en Oriente Medio podrían impulsar el alza el precio del petróleo y, por tanto, del carburante. Sin embargo, la mayor amenaza es la intención del Gobierno de equiparar el tratamiento fiscal del diésel a la gasolina, una exigencia que Bruselas plantea desde hace años, que elevaría diez céntimos el precio del litro y que subiría el coste de repostar a trece millones de conductores.

Sin la exuberancia de los años de la burbuja pero de forma consistente los precios de la vivienda continuarán al alza en 2025 según las predicciones de los principales analistas. Lo harán un 4,7% según BBVA Research; por encima del 5%, según Bankinter; o en una horquilla de entre el 4% y el 6%, según Fitch, en un contexto en el que las dificultades para acceder a una vivienda, ya sea en propiedad o en régimen de arrendamiento se ha encaramado al podio de las preocupaciones de los españoles. El asunto será mucho más peliagudo, auguran, en el mercado de alquiler, donde se esperan subidas medias del 8% en 2025, según concluyen buena parte de los analistas por las restricciones a la oferta impuestas por las medidas regulatorias del Gobierno. Las buenas noticias vendrán del coste de las hipotecas, que está previsto que bajen al compás del descenso del euríbor, el índice de referencia que en 2024 experimentó su mayor caída en 12 años.

A partir del próximo 10 de abril los ayuntamientos de toda España tendrán que tener regulada y operativa una tasa de basuras específica, diferenciada de cualquier otro tributo -a día de hoy muchos municipios financian el servicio a través de un recargo en el IBI para financiar este servicio- y no deficitaria, para sufragar por completo el coste de sus servicios de recogida de basuras, lo que con total seguridad se traducirá en una subida de impuestos a los vecinos. En la ciudad de Madrid, por ejemplo, la instauración de esta tasa de basuras tendrá un sobrecoste de 141 euros para los hogares, ya que hasta ahora esa tasa solo la pagaban los locales comerciales.

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Los servicios de telefonía e internet, básicos ya en los hogares españoles, resultarán más caros en 2025. Movistar, propiedad de Telefónica, subirá sus tarifas un 5,2% de media a partir del 13 de enero, de lo que ya han empezado a informar a sus clientes. Orange, del Grupo Masorange, también llevará a cabo una subida de precios que irá de los 2 a los 6 euros por tarifa.

Cada vez es más importante comparar marcas dentro de las propias compañías. Telefónica, por ejemplo, posee una firma de bajo coste, O2, que en muchas ocasiones ofrece servicios similares a menor precio. Lo mismo sucede con Lowi, de Vodafone; o marcas como Yoigo o Jazztel, de Masorange. Los consumidores pueden comparar y encontrar alternativas baratas para servicios muy similares.

Las plataformas de 'streaming' más populares mantendrán tarifas, en su línea de ofrecer precios más bajos a cambio de ofrecer publicidad. Es el caso de Netflix, que ofrece una suscripción barata por 6,99 euros al mes, o Disney Plus, que también emite anuncios bajo un coste de 5,99 €/mes. Por su parte, Movistar+ Plus, mantiene su tarifa rebajada de 9,99 euros con algunas competiciones deportivas

El Estado seguirá subvencionando en un 30% los títulos multiviajes y los abonos del transporte urbano e interurbano siempre y cuando las autoridades autonómicas y locales complementen con un 20% más para que la rebaja alcance del 50%. El Gobierno ha prorrogado también hasta el 30 de junio los abonos gratuitos para los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia, así los de las líneas de autobús competencia del Estado.

La reforma fiscal del Gobierno provocará subidas en el tabaco, con un impacto esperado de unos 40 céntimos por cajetilla ; y los cigarrillos electrónicos y vapeadores, que a partir de abril estarán gravados con un nuevo impuesto. Suben también los sellos, un 8,5% para las cartas y un 3,8% para los paquetes; y un 2% los peajes.

Con todas las injusticias que enmascaran las medias todo apunta a que en 2025 los españoles ganarán por lo general poder adquisitivo y que, por tanto, dispondrán de más recursos para consumir o para ahorrar, como parece estar siendo la tendencia más acusada en los últimos trimestres.

Las expectativas de los analistas apuntan a un incremento medio de la retribución de los trabajadores del 3,1%, que se situará holgadamente por encima del alza del 2,1% que se anticipa para la inflación en pleno repliegue de las subidas de los tipos de interés decretadas por el BCE para amortiguar el impacto de la espiral de los precios energéticos. Sería el segundo año consecutivo que los españoles ganarían poder adquisitivo tras el duro golpe que supuso el encadenamiento de la pandemia y de la guerra en Ucrania que disparó la inflación hasta niveles no vistos en los últimos 40 años.

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La mayor presión fiscal y las subidas de tarifas reguladas y precios de mercado que se mencionan en la información anexa matizarán esa mejora del poder de compra.

También hay que recordar que, por ejemplo, los pensionistas tendrán una mejora retributiva ligeramente inferior a la que disfrutaron en 2024, cuando sus nóminas crecieron un 3,5%, frente al 2,8% que subirán este año. La pensión media del sistema escalará hasta los 1.481 euros mensuales, mientras que la máxima se irá a los 3.267 euros al mes.

Peor les irá a los funcionarios que iniciarán el año con los sueldos congelados a la espera de que el Gobierno abra la negociación con los sindicatos para la subida de sus retribuciones en los próximos años. También está pendiente la subida para los más de dos millones de perceptores del Salario Mínimo.

La mejora generalizada de las rentas de trabajadores y pensionistas se verá matizada, no obstante, por los costes regulatorios. El millón y medio de trabajadores que cotizan por la base máxima pagarán 2.700 euros más al año en cotizaciones sociales en 2025, lo que se traducirá de forma automática en un recorte de sus salarios reales.

La subida de cuotas para financiar el déficit de las pensiones alcanzará, no obstante, a todas las nóminas a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, si bien con un impacto mucho más limitado, de unos 36 euros al año, para un sueldo medio.

La progresividad en frío también contribuirá a recortar los sueldos reales de los españoles. Según Hacienda, en 2023 este efecto elevó en un 2% el IRPF de los asalariados y en un 7% el de los pensionistas.