Una revuelta municipal trata de echar abajo la tasa obligatoria de basuras impuesta por el Gobierno

Lo que dice la ley es que el próximo 10 de abril de 2025 los ayuntamientos españoles tendrán que tener regulada y operativa una tasa de basuras específica, diferenciada de cualquier otro tributo -a día de hoy aún muchos municipios mantienen un recargo en el IBI para financiar este servicio- y no deficitaria, es decir, que sus ingresos deben alcanzar a cubrir la totalidad del coste real que implique la recogida de los residuos, lo que con casi total seguridad se traducirá en una subida de impuestos a los vecinos.

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Bruno Pérez

Advierten de que la vaguedad de la norma generará diferencias de pago entre unos municipios y otros y se traducirá en una ola de impugnaciones y recursos

Además, tendrán que garantizar que se sujete al principio de 'quien contamina, paga', de modo que las ordenanzas que regulen la tasa incorporen elementos que tengan en cuenta la cantidad de residuos generada por los ciudadanos.

Los ayuntamientos se quejan no solo porque tendrán que asumir por imposición del Gobierno una subida de impuestos a sus vecinos, sino porque además consideran que el Estado se ha desentendido del proceso de regulación de una tasa de gran complejidad y que esconde un riesgo elevado de generar tratos diferentes entre municipios colindantes, con los riesgos de litigiosidad que ello conlleva.

Los ayuntamientos pedían, por ejemplo, un diagnóstico general sobre el coste estándar de prestar el servicio de recogida de basuras en el conjunto del territorio nacional o criterios comunes para modular la aplicación del principio de pago por uso. El Gobierno no ha dado respuesta a ninguna de estas peticiones.

La situación ha generado una contestación unánime de las corporaciones municipales, al margen de colores políticos, y hace un mes la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) emitió una declaración institucional en la que solicitaba formalmente al Gobierno retrasar la entrada en vigor de la tasa y modificar la ley de residuos de 2022 para alumbrar «una regulación más clara y concisa que evite la discrecionalidad de cada entidad local y que, respetando la autonomía local, garantice la consecución de los objetivos de la directiva».

La institución entiende que la imposición por parte del Gobierno del Estado de una tasa a los ayuntamientos es contraria a la ley de haciendas locales, que establece que la aprobación de tasas es una potestad exclusiva de los gobiernos municipales y en ningún caso una obligación.

La FEMP advierte, además, de que la aplicación de la norma en los actuales términos «va a provocar una disparidad de situaciones para los ciudadanos según la localidad en la que residan» y recuerda que con independencia del sistema que se utilice «la tasa obligatoria impuesta por la ley va a suponer un incremento» de las cargas fiscales de los ciudadanos.

La Asociación de Inspectores de Hacienda Local considera que tal y como está regulada en la actualidad existe un riesgo muy elevado de que la aplicación de la tasa de basuras acabe generando una avalancha de recursos similar a la que generó en su día la Plusvalía Municipal, cuyos efectos los ayuntamientos aún sufren a día de hoy tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal el impuesto en octubre de 2021.

«Se puede aplicar en función del domicilio, del número de personas que residen en la vivienda, del valor catastral...hay muchas posibilidades y sin una guía clara podemos acabar con más de 8.000 tasas municipales de basuras distintas, lo que seguro va a generar recursos e incluso criterios diferentes en los tribunales regionales hasta que el Supremo unifique doctrina, lo que puede tardar cinco años», indican.

Pese a la fenomenal incertidumbre que rodea la entrada en vigor de la nueva tasa -muchos ayuntamientos ya han avanzado que ante la falta de seguridad jurídica continuarán aplicando la que tienen vigente, el Gobierno ha decidido no atender las reivindicaciones de los municipios. Se escuda en que el establecimiento de la tasa de basuras es una obligación impuesta por una directiva europea y que incumplir esa obligación podría acarrear una sanción al Gobierno de España, una posibilidad que Bruselas ya ha dejado entrever por el retraso en la aplicación de la directiva.

La estrategia de defensa del Gobierno en el asunto ha sido puesta en evidencia por la propia Comisión Europea. El vicepresidente de la Comisión, el eslovaco Maros Sefcovic, avaló hace apenas unos días la solución de la tasa de basuras para lograr los objetivos planteados por la directiva, pero negó en la misma comunicación que la elección de la misma fuera una obligación impuesta por Bruselas, que proporciona a los países un menú de opciones para cumplir con los objetivos de la directiva.

«La directiva establece objetivos a cumplir para reducir la generación de residuos, aumentar la reutilización y reciclaje, pero corresponde a cada país elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar los objetivos», critican desde el Partido Popular, cuya ofensiva parlamentaria para conseguir que el Congreso forzara al Gobierno a replantearse lo que han dado en llamar el 'tasazo de basuras' también ha sido rechazada por la mayoría que respalda al Ejecutivo.

«Es una decisión del Gobierno de Pedro Sánchez», insisten los populares, que también han registrado una iniciativa legal en el Senado, donde tienen mayoría, para tumbar la tasa de basuras. «Repercutir el coste al ciudadano no es algo inusual en los países de la UE, pero es menos común que se haga al 100% de la población mediante una ley que impone una obligación a todos los municipios. Alemania, Italia, Francia o Portugal tienen sistemas de pago por generación que no alcanzan ni al 50% de la población».