La pinza de PP y Junts para suprimir un impuesto eléctrico ahonda la debilidad del PSOE

En esta legislatura, donde la debilidad del Ejecutivo se hace patente cada semana, como se demostró este martes al tumbarse una proposición de ley del PSOE –con el voto en contra de PP, Vox, Junts y PNV– que pretendía regular el derecho a manifestar qué tratamiento asistencial recibir al final de la vida, cualquier desliz o error se paga caro. El lunes, en la ponencia del proyecto de ley que discute el régimen del comercio de gases de efecto invernadero, el PP y Junts colaron una enmienda, con el respaldo de Vox, ERC y PNV, para suprimir un impuesto, el de producción eléctrica, que le supone al Estado una recaudación anual de 1.500 millones de euros.

El Gobierno tiene capacidad de vetar las enmiendas que supongan un incremento del gasto público o una disminución significativa de la recaudación, pero su propuesta de veto, que estaba formalmente registrada, no fue aceptada por la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica por la ausencia del secretario primero del órgano, Juan Antonio Lorenzo, del PSOE. Un triple empate impidió que se vetasen las enmiendas que pedían la eliminación de ese tributo y el PP y Junts acordaron una transacción que después recibió el visto bueno de una mayoría suficiente de la ponencia, por lo que fue incorporada a su informe.

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Una vez la supresión de este gravamen se ha incluido en el informe de la ponencia, aprobado el lunes, el Ejecutivo pierde su capacidad de veto. Ahora, el PSOE busca la fórmula para «revertir» su error, pero todas las fuentes parlamentarias consultadas por este diario coinciden: está en manos de la voluntad de sus socios, que, por una u otra razón, 'a priori' están a favor de eliminar ese impuesto.

López apuntaba este martes la opción de aprobar un voto particular en la Comisión de Transición Ecológica para eliminar esa parte del texto y aseguró, sin citarlas, que existen otras vías para dar marcha atrás. En cualquier caso, el PSOE necesitará convencer a sus aliados, que ya han dejado claras sus intenciones. Junts y PNV, por un lado, han manifestado reiteradamente que están en contra de gravar en general la actividad de las empresas energéticas. Pero es que en este caso incluso ERC está a favor de la enmienda transaccionada por PP y Junts. Según fuentes republicanas, el impuesto encarece la producción energética y retrasa la descarbonización. «Fue creado por el PP en el año 2013 con la intención de desincentivar la producción de energías renovables y no existe en ningún otro país europeo», argumentan.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, explicó este martes: «Este impuesto se estableció cuando había déficit de tarifa y el déficit de tarifa ya no existe. La motivación que llevó a establecer este impuesto ya no lo sostiene». En cualquier caso, el revés al PSOE ralentiza la ley. Este martes se reunió la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica, según fuentes parlamentarias con la intención inicial de convocar este jueves una sesión del órgano para debatir el dictamen de la norma, pero tras la cita no se anunció tal cosa. Tampoco hay otra fecha prevista en el horizonte, lo que llevó al PP a registrar un escrito de queja a la presidenta de la comisión, la socialista Cristina Narbona.

El impuesto a la generación eléctrica, que grava con un siete por ciento los ingresos de las compañías, es un tributo transversal en su afectación. Por un lado, se trata de una figura que grava a las empresas de manera directa, aunque no a todas por igual, y, a su vez, repercute a los clientes residenciales.

En cuanto a las compañías energéticas, las que lo soportan son las que producen electricidad en España. Grandes del sector, como Iberdrola, Naturgy y Endesa, que por afectación serían las más agraviadas, pueden repercutir este gravamen en la factura de los consumidores porque también son comercializadoras. Así, según cálculos del PP, la suspensión de este impuesto supondrá un ahorro estimado de cuatrocientos millones de euros para las familias.

Sin embargo, hay otro grupo de empresas que resultan más afectadas porque la mayor parte de su negocio se centra en la producción de energía. Entre estas estarían Acciona Energía, Solaria, Capital Energy, Grenergy, Greenalia y Forestalia, por ejemplo.

Asimismo, también se incorporó otra enmienda al informe de la ponencia que favorece la continuidad de la industria de cogeneración, una de las grandes aliadas para la descarbonización de los grandes grupos. Entre las industrias directamente afectadas por esta medida se encuentran compañías como Moeve, Borges, Repsol o Pamesa.