El Gobierno pelea por proteger la red de una veintena de impuestos que encarece el recibo de la luz

Este impuesto, que grava con un 7% el valor de la energía eléctrica que se vuelca en el sistema, es de hecho una de las figuras más controvertidas y cuestionadas de esa maraña. El comité de expertos convocado por el actual equipo del Ministerio de Hacienda para aportar ideas para la reforma del sistema fiscal español recomendó en su informe de conclusiones de 2022 la supresión de esta figura con los argumentos de que perjudica por partida doble la transición energética, al no distinguir entre fuentes de energía renovables y fósiles; eleva el precio de la electricidad para los consumidores e inhibe el cambio de tecnología en la generación de energía eléctrica.

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El catedrático de la Universidad de Vigo, experto de esa comisión y referente inequívoco del Gobierno en materia de fiscalidad energética, Xavier Labandeira, se muestra en declaraciones a ABC partidario de su supresión, ya que entiende que facilitaría una reducción de cerca del 7% del recibo de la luz de los hogares, que facilitaría la aceptación social de la transición energética a cambio de un incremento muy relativo del consumo. Labandeira no es partidario de bajar los impuestos a las energéticas, pero sí de suprimir aquellas figuras que son más ineficientes y sustituirlas por otras que fuercen a las empresas a internalizar los costes ambientales que provocan.

A grandes rasgos estos son los argumentos que han defendido también los promotores de la enmienda que ha puesto el IVPEE en la picota, PP y Junts, las formaciones que como ERC votaron a favor de su suspensión y que ya tenían registrada una enmienda similar en otra ley y las que como PNV y Vox también decidieron respaldar la suspensión del impuesto siempre que el sistema eléctrico no genere déficit.

El impuesto sobre la producción de energía eléctrica es solo uno de los más de veinte tributos que gravan la electricidad en España y que se filtran al precio final que se abona en el recibo de la luz. Así lo denunció Iberdrola en la fase de consulta previa a los trabajos del comité de expertos para la reforma fiscal. Además del impuesto sobre la producción está el canon por utilización de las aguas continentales, que grava el valor de la energía hidroeléctrica generada; los impuestos sobre la generación de residuos radioactivos en centrales nucleares y sobre su almacenamiento; los que gravan el consumo (IVA y especiales) y una docena de impuestos autonómicos que gravan desde la instalación de centrales a las emisiones a la atmósfera, además de la eólica o el agua embalsada.

Un aluvión de figuras a las que hay que sumar otros impuestos locales como el IBI, que hacen que según los datos de Eurostat la carga fiscal de la factura de la luz de los hogares españoles sea una de las más altas de Europa con el 45,3% (datos de 2020), cuando la media europea está en el 39,7%.

Un artículo escrito por el propio Xavier Labandeira y la profesora del CEU Marta Villar a cuenta del futuro de la fiscalidad energética concluía que «el sistema fiscal actual no contribuye de forma eficaz al logro de los compromisos ambientales de España» y reclamaba una integración de la figuras tributarias sobre la energía para «evitar la proliferación de impuestos pretendidamente medioambientales» y también «duplicidades impositivas y sobrecarga regulatoria». Y el Gobierno aún pelea en el Congreso para añadir un nuevo impuesto a las grandes energéticas a este ya complejo entramado.

Las diversas figuras fiscales aplican además de forma desigual entre empresas. En el caso del nuevo impuesto en que trabaja el Gobierno las compañías más afectadas serían Repsol, Moeve -la antigua Cepsa- y Naturgy. La figura, que carga los ingresos comerciales, deja fuera el negocio regulado, lo que beneficia a Iberdrola y Endesa, cuyos resultados financieros se apoyan más en las redes, retribuidas bajo regulación.

En cuanto al impuesto a la producción eléctrica, grandes del sector como Iberdrola, Naturgy y Endesa, que por afectación son las mayores contribuyentes directa del mismo, pueden repercutir ese coste en la factura de los consumidores porque son comercializadoras. Por el contrario, hay otro grupo de empresas a las que el impuesto afecta de forma más intensa aún cuando su factura fiscal pueda ser inferior porque su negocio se centra en la producción y no pueden repercutir el coste a los consumidores. Es el caso de Acciona, Solaria, Capital Energy, Grenergy, Greenalia y Forestalia.