El Gobierno rehúye su primer gran recorte de gasto y deja en el aire el plan para bajar el déficit

La decisión supone la renuncia explícita del Gobierno a su plan original para llevar el déficit público al 3% del PIB en 2024 -el esfuerzo que necesita para no entrar en el nuevo marco fiscal europeo con la vitola de incumplidor-, que pasaba por la retirada íntegra de todas las medidas extraordinarias que vencían el 31 de diciembre.

La magnitud de la desviación, que el Gobierno podrá corregir con nuevos ajustes o nuevas medidas de ingresos cuando apruebe los Presupuestos de 2024, dependerá del coste de las medidas que se prorroguen. Hay que recordar que según el Gobierno las medidas discrecionales dispuestas durante 2023 han tenido un coste presupuestario de unos 10.000 millones de euros.

Hasta hace unos días solo se daba por hecho el mantenimiento más allá del 31 de diciembre de la rebaja de IVA a los alimentos señalados como de gran consumo y primera necesidad y del transporte gratuito para menores, jóvenes y desempleados, las dos medidas cuya prórroga fue comprometida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura.

Desde Sumar, el principal socio político de Sánchez, ese compromiso fue catalogado como insuficiente y a lo largo de las últimas semanas se han sucedido las negociaciones para ensanchar el perímetro de las medidas susceptibles de ser prorrogadas. Una tarea que se ha visto facilitada por las advertencias que desde diferentes ámbitos ha recibido el Gobierno en orden a no retirar de golpe todas las medidas en vigor para no provocar un repunte de la inflación, que según el Banco de España podría ser de hasta un punto extra y algunos analistas han elevado incluso por encima de ese umbral.

Fuentes del Gobierno admiten que una maniobra brusca podría resultar especialmente dañina en un contexto como el actual, en el que la economía se encuentra en franca desaceleración y se espera un primer semestre de 2024 de cierta atonía en el crecimiento. Exacerbar la inflación en este contexto podría afectar al crecimiento y a la recuperación de la economía española, que continúa en el furgón de cola del crecimiento europeo desde el inicio de la pandemia.

Al calor de este debate, los socios del Gobierno fueron deslizando este martes varias medidas que se van a mantener más allá del 31 de diciembre. Bildu se apuntó el tanto del mantenimiento hasta 2025 de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional y fuentes de Sumar dieron por hecha la prórroga de medidas laborales como la prohibición de despedir para las empresas que hayan recibido ayudas de un ERTE por la guerra o los costes energéticos, el veto a cortar suministros esenciales a familias vulnerables o el aumentos de los descuentos del bono social eléctrico, todas ellas medidas sin coste presupuestario o con un coste intrascendente.

La batalla fiscal se juega en el terreno impositivo y de las ayudas. La segura prórroga de la reducción del IVA de los alimentos ya supone un coste en menor recaudación de unos 1.700 millones de euros, pero es que el Gobierno se plantea seriamente mantener además en todo o en gran parte la rebaja fiscal aprobada para la energía. Varias fuentes del Gobierno admitían este martes que la posibilidad estaba sobre la mesa e incluso que había un respaldo amplio en el Consejo de Ministros al mantenimiento al menos de las medidas fiscales que impactan directamente sobre el recibo de los consumidores: el tipo reducido de IVA sobre los recibos del gas y la electricidad y el tipo mínimo del 0,5% en el impuesto especial sobre la electricidad. Un puñado de medidas que han servido para rebajar el recibo energético de los hogares en más de un 5%, que el Gobierno ya aseguró a la OCDE que podrían mantenerse más allá de 2023 y que tienen un coste anual para las arcas públicas de 5.000 millones de euros.

Mantenerlas desafiará el criterio expresado tanto por la Comisión Europea como por instituciones domésticas como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que han instado al Gobierno a retirar las medidas no focalizadas que tengan un elevado coste para las arcas públicas con el doble objetivo de iniciar ya el proceso de reajuste de las cuentas públicas tras los gastos extra de la pandemia y no de azuzar las tensiones inflacionistas.

La evaluación sobre el efecto redistributivo de las medidas adoptadas por el Gobierno realizada por el Banco de España demostró que si bien la rebaja del IVA a la luz y el gas redujo en términos relativos en mayor medida el coste que estos suministros suponen para los hogares más vulnerables, la mayor parte de su coste fiscal se concentra en las rentas más acomodadas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha venido diciendo en las últimas semanas que la prórroga de estas medidas fiscales se determinaría en el último momento en función de varios factores como el mantenimiento o no de la llamada excepción ibérica o el comportamiento de los precios de la energía en el IPC. En los últimos días se ha conocido que Bruselas no prolongará la excepción ibérica, que por otra parte ya no estaba operativa desde el pasado mes de febrero por el desplome de los precios del gas, y que aunque los precios energéticos, especialmente el de la electricidad, han repuntado en los últimos meses se sitúan por debajo del nivel que aconsejó la activación del tipo reducido del 5% para el gas y la luz.

A la espera de lo que se determine en la reunión que tendrá lugar este miércoles desde primera hora de la mañana, la rebaja fiscal más en cuestión es la suspensión del Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica, que se le cobra a los productores de energía (en su mayoría empresas) y cuyo coste fiscal se estima en 4.000 millones de euros anuales. No afecta de forma directa al recibo de la luz, pero sí lógicamente de forma indirecta ya que eleva el coste regulatorio de los productores de energía e influye en el precio final de la energía.

Sumar ponía este martes más énfasis en otro flanco de la cuestión fiscal: la posible modificación del gravamen a las energéticas. La formación dirigida por Yolanda Díaz quiere que el Gobierno garantice la transformación en permanente de los gravámenes temporales a banca y energéticas y su mantenimiento en las mismas condiciones y con la misma recaudación que han generado en su primer año de vigencia, unos 2.900 millones de euros.

La posición del área socialista del Gobierno, sin embargo, es algo diferente. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño ya insinuó que las condiciones habían cambiado y que era necesario someter las figuras a revisión. La airada reacción de Yolanda Díaz ha hecho que se saque de la ecuación de esa posible modificación el gravamen de la banca, pero el área socialista del Gobierno sí quiere retocar el gravamen a las energéticas después de que Repsol o Iberdrola hayan planteado la posibilidad de llevarse inversiones millonarias a otros territorios si no se garantiza una estabilidad regulatoria y cierta competitividad fiscal en España. El debate a este respecto seguía abierto a última hora del martes.

El otro campo de batalla que seguía abierto este martes era el de las ayudas para la gratuidad del transporte, cuyo mantenimiento Sánchez garantizó para menores, jóvenes y desempleados, pero que Sumar quiere mantener tal y como han venido operando hasta la fecha, que según la información proporcionada en el plan presupuestario suponen un esfuerzo inversor de 1.400 millones de euros.

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Gregoria Caro

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Desde septiembre de 2022, el Estado ha sufragado el 30% de estas ayudas, bajo la condición de que autonomías y ayuntamientos ampliaran los descuentos hasta el 50% -Madrid ha llegado al 60%- aportando de su caja el 20% restante hasta cubrir la mitad del coste del abono transporte para el usuario. El Ejecutivo aún no se ha pronunciado de forma oficial sobre si existirá un ajuste en esta medida. Sí se intuye, como ya adelantó Pedro Sánchez en noviembre, que el decreto introducirá el transporte público gratuito para menores de edad, jóvenes (con edades aún por concretar) y desempleados, aunque esta medida deberá ser avalada por las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias en transporte . Desde el Ministerio de Transportes apuntan a que faltan flecos por concretar y no se conocerá el detalle de la medida hasta este mismo miércoles.

Otra de las medidas que podría mantenerse son las ayudas extraordinarias a la industria electrointensiva, cuyo impacto presupuestario no es excesivo y que se reclaman desde el sector para evitar deslocalizaciones de industrias en España. Fuentes del ámbito autonómica indican que hay empresas multinacionales que están pendientes de la decisión del Gobierno para tomar una decisión sobre sus plantas en España.

Lo que si está ya confirmado es la prórroga de la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables, que lleva vigente desde la pandemia. De continuar la medida tal y como está redactada, se anularán los lanzamientos cuando se trate de una vivienda habitual en la que convivan personas dependientes, víctimas de violencia o menores de edad a cargo. En el caso de impago del alquiler se protegerá al inquilino vulnerable cuando resida en un inmueble propiedad de una persona física o jurídica con más de diez viviendas en posesión. Lo que se denomina desde la entrada de la ley de Vivienda como gran tenedor.

La continuidad supone un varapalo para el sector inmobiliario -muy crítico con la norma porque entienden que protege a los inquilinos morosos- que esperaba ya la supresión de la medida en junio. Bildu, por su parte, cree que su extensión junto al tope del 3% a la revisión anual de los contratos al alquiler incluido en la ley de Vivienda «son medidas imprescindibles frente a la difícil situación habitacional que viven miles y miles de familias».

Otras medidas vigentes desde el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania previsiblemente verán su fin. Es el caso de la bonificación del gasóleo profesional del que se benefician hasta final de año el transporte de mercancías por carretera, además del de pasajeros. Ya en abril, el Gobierno redujo a la mitad la bonificación desde los 20 a los 10 céntimos por litro ante la normalización de los precios del combustible y marcó una senda a la baja por la que se redujeron las ayudas a cinco céntimos desde el 1 de octubre hasta final de año, a pesar de que el sector volvió a pedir la subvención de 20 céntimos por la coyuntura de aumento de costes.