El Gobierno oculta la inyección récord que necesitará la Seguridad Social en 2024

En 2020, 2021 y 2022 el Ejecutivo dio a conocer en la aprobación del techo de gasto la inyección a realizar a la Seguridad Social desde los Presupuestos del Estado del año siguiente para sufragar los llamados gastos impropios. En esta ocasión ha escondido esa cifra, que ascenderá a casi 23.000 millones, frente a los casi 20.000 millones de un año antes. En el Ministerio de Hacienda se justifican con que se debe dar a conocer al momento de presentar los Presupuestos.

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Bruno Pérez

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Tal y como trasladan fuentes oficiales, las distintas inyecciones de financiación que recibe la Seguridad Social a lo largo del año son una parte consustancial del presupuesto del organismo. Y el Gobierno asume que la cuantía irá creciendo toda vez que deberán cubrirse los gastos impropios, aquellos de carácter no contributivo.

Por ejemplo, a cierre de 2023, el sistema habrá recibido una inyección récord de 38.734 millones de euros. De ellos, la cuantía más importante se destina a satisfacer los gastos impropios, bajo la recomendación primera del Pacto de Toledo de separación de fuentes de financiación, con un total de 19.888 millones de euros, comunicados en el techo de gasto del año pasado. Del resto de transferencias hasta cubrir los casi 39.000 millones, las más importantes por su cuantía son los 7.261 millones destinados a complementos a mínimos, los 6.000 millones para pensiones no contributivas e ingreso mínimo vital o los 3.500 millones dirigidos a dependencia.

De los gastos impropios, los mayores desembolsos son los relativos a complementos de prestaciones contributivas sujetos a límite de ingresos, que precisan de un aporte de 3.761 millones. Siguen los 3.117 millones en prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, los 2.203 millones para cubrir el coste de la pensión anticipada involuntaria en edades inferiores a la edad ordinaria de jubilación, los 1.812 millones para financiar reducciones en la cotización a la Seguridad Social y 1.162 millones para subvenciones implícitas al régimen especial del mar, el sistema especial agrario y los contratos de formación, a los que se suman costes de menor cuantía y el apéndice de «otros conceptos» para lo que se destina la mayor cuantía, 5.559 millones de euros.

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ratificó ayer el objetivo de bajar el déficit al 3% el año que viene desde el 3,9% en que está previsto que se cierre 2023. Pese a que ha sido el Gobierno Central el que ha empleado más recursos -hasta 10.000 millones según sus propias estimaciones- en aprobar medidas discrecionales para ayudar a empresas y particulares a pasar el trago de la inflación, la senda de consolidación fiscal dibujada por el Gobierno deja la mayor parte de ese ajuste a las autonomías, que deberán reducir su déficit nada menos que cinco décimas entre 2023 y 2024, en tanto que el Estado apenas asumirá dos décimas, las que van desde el 2,9% de desequilibrio que se espera este año al 2,7% que Hacienda se ha autoimpuesto para 2024.

Montero, a la que la desviación extraordinaria del déficit por la pandemia le ha obligado a activar por primera vez en la historia un plan de reequilibrio para el Estado, confía en sustanciar ese recorte del déficit sin hacer ajustes presupuestarios. Así lo dijo ayer y así lo ratifican las cifras del techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros, que prevén un incremento del gasto estructural del Estado de más de 16.000 millones de euros en 2024, el mayor tras la pandemia y uno de los mayores que se recuerdan.

La ministra aspira a sufragar esa nueva vuelta de tuerca al gasto público con un crecimiento de los ingresos del 9%. Tras tres ejercicios en que Hacienda se ha conducido con una prudencia incluso excesiva a la hora de elaborar sus previsiones de ingresos, la reinstauración de las reglas fiscales y con ellas del principio de que los ingresos extra deben ir a reducir deuda han aconsejado al Gobierno ir más al límite con los ingresos, para los que ha previsto un crecimiento similar a los de los años de inflación galopante.

Montero aseguró ayer que las costuras presupuestarias ofrecen colchón suficiente e incluso deslizó que el Gobierno estudia prorrogar algunas de las ayudas públicas puestas en marcha por la crisis energética. Montero dejó entrever que serían aquellas vinculadas al control y bajada de los precios. En este sentido, España tiene en vigor, entre otros asuntos, la reducción del IVA para ciertos alimentos, la bajada del IVA a la electricidad y gas, y las ayudas al transporte, que en principio decaerán el 31 de diciembre.

La vicepresidenta cuarta confirmó que antes de terminar el año se solicitará el cuarto desembolso de los fondos Next Generation, de 10.000 millones. Ahí será cuando la Comisión Europea evalúe la segunda pata de la reforma de las pensiones.

Montero señaló también ayer la intención del Gobierno de hacer permanentes los gravámenes temporales a la banca y las energéticas, en línea con lo pactado con Sumar. En este sentido, avanzó que realizará «algunos ajustes» en el gravamen a las energéticas y que irán en la línea de incentivar los proyectos de inversión en la red eléctrica. El anuncio llega después de que empresas como Repsol e Iberdrola pusieran en riesgo sus inversiones en España, y de que el PNV calificara el gravamen de «mercancía averiada».