Escrivá calma a Bruselas al prometer que volverá a subir cotizaciones si falta liquidez para las pensiones

De momento, el ministro de Seguridad Social, ha calmado a las autoridades comunitarias por los ingresos, solventando la papeleta de cómo pagarán un aumento del gasto estimado por la Airef que escalará hasta el 16,3% del PIB en 2049 (ahora ronda el 13%). De momento, es lo único que quiere escuchar la Comisión, aunque el varapalo dado por la Airef a la reforma será analizado con lupa en Bruselas, teniendo en cuenta que sustenta en sus informes que los cambios son insostenibles.

Escrivá confía el futuro a una triple subida de cotizaciones que modifica el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que el propio Ejecutivo aprobó en la primera fase de la reforma de pensiones para abrir la puerta a subidas automáticas de los ingresos en el caso de que el resto de medidas que se incluyen en la segunda fase de esta reforma no garanticen la liquidez necesaria para sufragar el creciente gasto.

Los cambios que ahora comienzan su andadura parlamentaria aumentan la sobrecotización que supone el MEI, del 0,6% aprobado inicialmente al 1,2% de manera progresiva (una décima anual hasta 2029) y será la Airef la que evalúe cada tres años, a partir de marzo de 2025, el aumento de los ingresos que generen las medidas. De momento sus analistas ya ha avisado de que esta reforma disparará el gasto, el déficit y la deuda en las próximas décadas, un varapalo al Gobierno realizadas por un organismo que se puso en marcha en España por imperativo de la Comisión para velar con la sostenibilidad de las cuentas públicas. Sus conclusiones tendrán, por tanto, más peso del que le gustaría al Gobierno cuando Europa analice al detalle los nuevos cambios y tenga que liberar el próximo junio un nuevo tramo de fondos de 10.000 millones.

La Airef informará al Gobierno sobre el impacto de las medidas adoptadas desde 2020 y tendrá que determinar si se produce uno de estos tres casos: si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7% del PIB, «la Airef comprobará que el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último informe de Envejecimiento de la Comisión Europea no supere el 15% del PIB»; o bien si ese impacto de las medidas es superior al 1,7% del PIB, el gasto no debería superar «el 15% del PIB más la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y el 1,7%». Y, por último, si el impacto de la reforma es inferior al 1,7%, el gasto en pensiones no deberá superar «el 15% del PIB menos la diferencia entre el impacto anual estimado de las medidas y 1,7%».

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En el supuesto de que se produzca algún exceso en los tres escenarios, transcurrido un mes desde el informe de la Airef que determine dicho exceso, el Gobierno solicitará a este organismo un informe sobre el impacto de las medidas aprobadas e incluirá en dicha solicitud «un conjunto amplio de posibles medidas para eliminar el exceso de gasto estimado». Publicado el informe de la Airef, el Ejecutivo tendrá que negociar con los agentes sociales medidas que enviará al Pacto de Toledo «para corregir de forma equilibrada el exceso de gasto».

El siguiente paso será remitir proyecto de ley al Parlamento con las medidas antes del 30 de septiembre para que entre en vigor el 1 de enero del año siguiente. Y si esta ley no entrara en vigor el 1 de enero, «la cotización del MEI aumentará para compensar dos décimas partes del exceso estimado por la Airef a partir del 1 de enero del año siguiente a la publicación del informe de la Airef, y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas por valor del mismo impacto o se corrija el exceso de gasto neto». La subida automática de cotizaciones llegaría, si se diera el caso, ya en 2026.

Como ya informó ABC, lo que ahora defiende el ministro dista mucho de lo sustentado cuando en 2019 presidía el organismo que hoy ha tirado por tierra todas sus proyecciones, la Airef. Entonces Escrivá rechazaba una subida de cuotas porque argumentaba que en España superaban «en seis puntos la media de la OCDE». También se mostró partidario de aumentar los años para calcular la pensión, desde los 25 actuales hasta los 35, y apoyó la reforma del PP de 2013 que ahora critica.

Los cálculos que realizó en aquellos tiempos apuntaban a que las reformas paramétricas de 2011 y el Factor de Sostenibilidad, ahora derogado, contendrían el gasto en 3,5 puntos. El pasado viernes la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, subrayó que «hay dos medidas fundamentales que incrementan de forma significativa el gasto, la eliminación del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización. La supresión de este último supone 2,7 puntos en 2050».