Alerta entre los caseros por la ley de vivienda: «Está hecha a medida de okupas»

El proyecto de ley aprobado por el Gobierno de coalición en febrero del año pasado era toda una declaración de intenciones, pero los socios de coalición del Ejecutivo lo han acabado de rematar. El acuerdo, que previsibilemente se aprobará el próximo jueves en el Congreso, añade nuevas disposiciones (a través de modificaciones de la ley de enjuiciamiento civil) que complicarán a los propietarios recuperar su casa, tanto en caso de impagos de la renta del alquiler como de okupación ilegal.

Son las dos medidas pactadas con ERC y Bildu las que sobresalen y ponen sobreaviso a caseros y sector inmobiliario. La que más preocupa es la obligación de notificar a las autoridades el día y la hora exactos del desahucio a los ocupantes de la vivienda «independientemente de que se haya intentado llevar a cabo con anterioridad». Una medida que «supone un grave obstáculo para la ejecución efectiva» del lanzamiento, apuntan desde Alquiler Seguro, empresa con más de 76.000 contratos de alquiler firmados en toda España.

¿Por qué se convierte esto una traba a la hora de ejecutar el lanzamiento? «Cuando los okupas conocen la fecha del desalojo llaman a otros okupas, generan inseguridad para su ejecución ,y la policía decide no actuar para no poner en riesgo de las personas», apunta Arantxa Goenaga, socia de Círculo Legal Barcelona y abogada experta en derecho inmobiliario, que insiste: «Esto es algo que los okupas saben».

La experta legal señala que hasta ahora se debía notificar una fecha, pero la hora exacta no era conocida hasta el día anterior, sobre todo en ciudades en los que el volumen de contratos es elevado como es el caso de Barcelona, donde trabaja su despacho. «Cuando los okupas han tenido conocimiento, nos hemos encontrado con varias situaciones así», remarca Goenaga.

El otro punto en discordia es el que se refiere a las prórrogas de hasta dos años para evitar los lanzamientos de vivienda. El acuerdo de ley pactado complica los desahucios en aquellos casos donde el ocupante de la vivienda tenga una situación económica y social vulnerable. «En el 99% de los casos esa es la situación familiar» añade Goenaga. La nueva norma facilitará que los tribunales decidan la suspensión del desahucio en base a la previa valoración «ponderada y proporcional» del caso concreto, fijando un plazo de suspensión en dos meses para las personas físicas y cuatro meses para las personas jurídicas. Esto supone un incremento de los actuales plazos de uno y tres meses, respectivamente.

En este examen, solo jugará a favor de la parte demandante la posibilidad de demostrar que su situación familiar es de vulnerabilidad económica cuando se trate de recuperar una vivienda por impago de alquiler. Para estos casos, la ley fijará este motivo cuando el importe de la renta más los gastos de suministros superen el 30% de los ingresos de unidad familiar y estos no alcancen, de manera general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (Iprem). En base a este índice, serían unos 1.800 euros al mes para una familia con un hijo.

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Desde Alquiler Seguro consideran que, de aprobarse la ley así, supondrá «un fortalecimiento de la posición ocupa o morosa» que supone un grave riesgo para el propietario que «estará desprotegido en caso de producirse un impago continuado». Es decir, será una llamada al fenómeno conocido como inquiokupación, ques se da cuando el inquilino se queda como ocupante de la vivienda sin hacer frente al pago de la mensualidad de arrendamiento. Desde la inmobiliaria especializada en alquiler apuntan a que medidas así provocarán que muchos caseros «opten por derivar sus viviendas al turístico, a la compraventa y sencillamente las dejen vacías». «Aquellos que decidan mantener sus inmuebles en alquiler añadirán una prima en el precio al enfrentarse a mayores riesgos», señala el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza.

Especialmente en desventaja deja la norma a los grandes caseros, a los que la ley considerará como aquellos propietarios de diez o más viviendas, pero que podrá ser rebajada a cinco cuando estén dentro de una zona denominada como tensionada siempre que las comunidades puedan justificarlo. En estos casos, cuando se trate de ocupantes en situación de vulnerabilidad social y económica, no se admitirán las demandas «en las que no se acredite que la parte actora se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas competentes», según se explica en el borrador de la norma al que ha tenido acceso este periódico.

Por lo que los criterios de actuación respecto a los desalojos en estos casos quedarán en manos de las autonomías, que además tendrán que ofrecer una alternativa habitacional ya sea en desahucios de propiedades de grandes tenedores como de pequeños.