ERC y Bildu se anotan una ley de vivienda en manos de las CCAA

Baste decir que empezaron explorando el acuerdo hace tres años José Luis Ábalos como ministro de Transportes y el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y que ayer se felicitaron del desenlace, como responsables de esas dos carteras, la socialista Raquel Sánchez y la sucesora de Iglesias al frente de Derechos Sociales y del liderazgo de Podemos, Ione Belarra.

El propio Pedro Sánchez lo tildó de «histórico» en Twitter y en parecidos términos se expresaron sus ministros y aliados, en el caso de la formación morada sin olvidarse de sus blancos habituales. «Gana la ciudadanía y pierde Blackstone, los fondos buitre y los especuladores. Hoy la mayoría progresista avanza y Joan Clos y la Patronal Inmobiliaria se quedan atrás», enfatizó Belarra, metiéndole el dedo en el ojo a su socio al mentar al exalcalde de Barcelona y hoy responsable de lamentada Patronal.

La alusión a la Ciudad Condal, uno de los lugares de España con los precios de los inmuebles más altos, no es baladí, como tampoco que en la escenificación del acuerdo fuesen ERC y EH Bildu quienes se apuntaran el tanto. La primera de esas formaciones ya estuvo a punto en 2019 de arrebatarle la alcaldía a Ada Colau, algo que solo impidió el apoyo contra natura a la regidora de Manuel Valls y sus concejales. Ambos grupos anunciaron el acuerdo a primera hora de la mañana, y ambos lo presentaron en una rueda de prensa en el Congreso que protagonizaron la republicana Pilar Vallugera y el portavoz adjunto del antiguo brazo político de ETA, Oskar Matute. En una escenificación acordada con el Ejecutivo.

Pero por encima del énfasis para saludar el acuerdo y de su puesta en escena, a menos de cincuenta días de las municipales del 28-M, los diputados independentistas no pudieron soslayar el hecho de que la norma dependerá, en buena medida, de la voluntad política de los gobiernos autonómicos. Preguntados sobre qué ocurriría si gobiernos como los del Partido Popular (PP) en Madrid o Andalucía, o el del PNV en el País Vasco, decidiesen no declarar esas zonas tensionadas, a pesar de que la nueva norma rebajará los requisitos para poder hacerlo, Matute afirmó que en ese caso habría que dar la batalla política en contra de esos gobernantes y sus, a su juicio, equivocadas prioridades.

Vallugera, menos sutil, llegó a afirmar que no le incumbe lo «que voten» en comunidades que no sean Cataluña. Ambos señalaron como un éxito del acuerdo el que no se vean afectadas ninguna de sus competencias autonómicas. «Es que somos independentistas», concluyó esbozando media sonrisa la diputada de ERC, quien dejó claro que «nunca en la vida hubiésemos aceptado que el Estado [central] hubiese podido declarar zonas tensionadas en nuestros territorios», zanjó.

Y es que las comunidades autónomas tendrán también la potestad de rebajar la condición de gran tenedor de vivienda a quienes posean cinco inmuebles, y no los diez establecidos en la actualidad, otro de los puntos del acuerdo presentado por ERC y EH Bildu como un gran avance para, según dice textualmente el texto presentado ayer, reducir «la especulación y el aparcamiento de inmuebles que practican fondos buitre y demás fondos de inversión». Dicho de otra manera: quienes posean cinco pisos o casas se verán sometidos a las medidas restrictivas para ese tipo de propietarios, pero solo si el gobierno autonómico de turno decide que así sea.

En otro aspecto clave de la norma, el del control del precio de los alquileres -se produzcan estos o no en zonas tensionadas- los aliados del Ejecutivo han terminado aceptando la propuesta adelantada hace semanas de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que establece que en todo 2024 el límite para subir el precio del alquiler será del 3%, apenas un punto porcentual más que el 2% ya vigente, una de las medidas incluidas en los decretos de emergencia aprobados como consecuencia de la guerra en Ucrania y de la espiral inflacionista.

Cerrado el acuerdo, que garantiza que la ley vea la luz, aunque dentro de la justa aritmética con la que ha tenido que manejarse el Gobierno de coalición durante toda la legislatura, queda por saber cuándo la nueva norma será aprobada por las Cortes. El propio Matute pidió a PSOE y Podemos que utilicen su mayoría en la Mesa del Congreso para acelerarlo lo más posible y que pueda estar listo antes de los comicios del 28-M. Ayer Belarra compareció desde su ministerio después de que hablaran ERC y Bildu, y nadie de Podemos salió en rueda de prensa para explicar una norma que han llevado por bandera.

Este protagonismo cedido a ERC y Bildu se interpretó en algunos circuitos del gobierno de coalición como un movimiento intencionado -lo que no significa que no lo hayan pedido ellos-, teniendo en cuenta que ERC es el principal rival de los comunes de Ada Colau, marca catalana de Podemos y hoy alineada con el Sumar de Yolanda Díaz. Ayer en la dirección de Podemos no sentó nada bien que el mensaje en Twitter de Díaz no mencionara el trabajo que Belarra lleva haciendo en su departamento durante más de tres años con esta ley.

Como era de esperar, la oposición salió en tromba contra una norma que consideran contraproducente para los objetivos que dice perseguir. Alberto Núñez Feijóo alertó de que las restricciones al alquiler podrían desincentivar a los propietarios a arrendar sus viviendas y la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, tildó de «comunistas» e ineficientes las medidas de control de precios.