El nuevo plan contra la exclusión evidencia el fracaso del Gobierno en su lucha contra la pobreza

«La pobreza es el principal problema político y social que tiene este país», denunciaba ayer el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy en el marco de la presentación de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 2024-2030. De acuerdo con los datos presentados por el ministerio, el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social se sitúa en el 26,5% (la media europea es el 21,3%), lo que supone alrededor de 12,7 millones de personas. Una situación más «preocupante» cuando tenemos en cuenta la tasa de pobreza infantil, donde el porcentaje de 34,5% supera en casi diez puntos al de la Unión Europea (24,8%).

«Son datos inasumibles e inaceptables», insistía el ministro en unas declaraciones en las que parecía marcar una distancia con una situación en la que, en la práctica, como encargado de la cartera de Derechos Sociales, tiene una responsabilidad directa, al igual que sus antecesores en el cargo, Ione Belarra y Pablo Iglesias. Para Bustinduy, después de «la década ominosa de la austeridad y los recortes» y desde que «en España existe un Gobierno de coalición», las políticas seguidas se han «hecho de una manera diametralmente opuesta» y los resultados «son objetivos, son inapelables». No es cierto. Los españoles seguimos siendo igual de pobres desde que Sánchez llegó al poder.

Según la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (Arope, por sus siglas en inglés), el indicador de 2019 (correspondiente al año 2018) era de un 26,2%, frente al 26,5% de 2023. Y lo que es peor, la desviación con el objetivo marcado de acuerdo con la Unión Europea para ir reduciendo gradualmente la pobreza, con el horizonte de 2030, ha ido en aumento. Si en 2019 era de 1,3 puntos (26,2 frente al 24,9 marcado), en 2023 ya había ascendido a 5,5 puntos (26,5 frente a un objetivo marcado de 21). No en vano, España se sitúa la tercera por la cola en los indicadores de pobreza de los 27 países de la UE, sólo por detrás de Rumanía y Bulgaria. En 2023 la tasa española estaba más de cinco puntos por encima de la media europea (21,4%).

Es en este contexto en el que ayer presentaba el ministro la Estrategia de lucha contra la pobreza para el periodo 2024-2030, «la hoja de ruta que el Gobierno seguirá en los próximos años para que España reduzca su porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social». En la práctica, se trata de un informe holístico con todas las medidas de los diferentes ministerios encaminadas a este fin y es requisito imprescindible para que la Unión Europea desbloquee sus fondos para políticas sociales.

Llama la atención el que sea en enero de 2025 cuando se presente un plan cuyo arco temporal comienza un año antes. Preguntado por ABC sobre si este retraso se debe a que su antecesora en el cargo (Ione Belarra) no había preparado nada en el momento de su cese, o no ha sido una prioridad del ministerio ya que le ha costado más de un año ver la luz, Bustiduy (que asumió la cartera en noviembre de 2023) explicaba que en el último año «se ha realizado una evaluación en profundidad de la estrategia anterior y un proceso también de participación de todos los actores implicados que es condición necesaria para que la estrategia pueda funcionar». Para elaborar la estrategia, que se aprobó en el último consejo de ministros de 2024, «nos hemos tomado el tiempo que requiere la magnitud del problema, para dar un diagnóstico y las soluciones adecuadas, por lo que ha sido un proceso exhaustivo», añadía.

Lo cierto es que, según ha podido conocer ABC, con Belarra al frente, el ministerio no había ni comenzado a realizar el balance de la Estrategia anterior, que tenía una duración de 2019 a 2023. En aquel convulso año electoral, y con las fuertes discrepancias entre los ministros del PSOE y los de Podemos, el Ejecutivo decidió prorrogar el plan anterior, ante el riesgo de perder los fondos europeos. No parecía entonces que la lucha contra la pobreza fuera una prioridad del Gobierno.

Ayer, en la presentación de la nueva estrategia, otra circunstancia llamaba también la atención: las principales medidas que el ministro explicaba en su intervención no estaban explícitamente recogidas en el texto. Así, Bustinduy, junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también presente en el acto, abogaban por la adopción de una «prestación universal por crianza» y anunciaban que están «negociando» para que aparezca en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Se trata de una medida defendida por Yolanda Díaz y «los ministerios de Sumar» que se encuentra en el proyecto de la ley de familias, cuya tramitación está estancada en las cámaras.

Iba más allá Bustinduy al reclamar «la intervención de forma urgente del mercado de la vivienda», una medida más política que social y que supera con creces las garantías de acceso a la vivienda para las personas más vulnerables que establece la Estrategia. Su justificación es que «la crisis de vivienda es un factor de exclusión social y de pobreza ya que el mercado funciona según la lógica especulativa que no crea valor alguno, solo lo extrae».

El remate político, ya muy difícil de justificar en el contexto de lucha contra la pobreza, llegaba en sus palabras finales, señaló que «la principal amenaza a la democracia es la concentración obscena de riqueza y de poder en unas pocas manos, en manos de los 'ultraricos'. Y si no, basta con ver al hombre más rico del mundo, el señor Elon Musk, jugando al 'Risk' con las democracias europeas y poniendo las redes sociales al servicio de proyectos políticos antidemocráticos, sino abiertamente fascistas».

«Defender la democracia hoy pasa por confrontar este proyecto político y por hacerlo a través de la redistribución de la renta y la riqueza», añadía. «En España el 10% de la población concentra el 50% de la riqueza mientras la mitad de la población no posee apenas nada», por lo que abogaba por una «distribución de la riqueza en nuestro país, que es profundamente desigual, injusta y que es lesiva de los intereses generales». Según afirmó «tres de cada cuatro españoles apoyan que se incremente la presión fiscal sobre los grandes patrimonios y las grandes empresas para poder reforzar los servicios públicos y el estado del bienestar».