Las tarjetas monedero para familias vulnerables se atascan a la semana de su emisión

Un modelo «más eficiente», que acabaría con el estigma «de las colas del hambre», según Bustinduy y que debía arrancar el 1 de mayo. Sin embargo, una semana después, todavía no se ha repartido ninguna de las tarjetas e, incluso, el acuerdo con alguno de los supermercados está pendiente de firma. Así, mientras cientos de miles de familias vulnerables se encuentran a la espera de una urgente respuesta, comunidades autónomas y ministerio se reprochan mutuamente la responsabilidad.

Por una parte, las comunidades reclaman al ministerio que establezca criterios comunes a la hora de definir los destinatarios finales de las ayudas, mientras desde éste achacan a las autonomías que «no estén identificando a las familias y derivándolas a Cruz Roja [la entidad que debe hacer el reparto físico de las tarjetas]», según explican a ABC fuentes de la cartera de Bustinduy.

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En ese contexto, el Partido Popular hacía público este martes un comunicado en el que alertaba del «caos» y los perjuicios que esa «descoordinación podría tener en las personas vulnerables». A la par, denunciaba que el ministerio «se niega a establecer criterios en materias esenciales como la derivación de familias, el acceso de las personas vulnerables al programa, las medidas mínimas de acompañamiento, la compatibilidad con otras ayudas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o incluso la protección de datos de los beneficiarios».

«Son cuestiones fundamentales que debemos tener en común, no pueden depender del criterio de cada comunidad», cuentan a este diario fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. «Primero, porque no tiene sentido generar una desigualdad territorial en un tema tan sensible y que una familia pueda acceder a la tarjeta en Madrid y quede excluida en Extremadura», explican. «Y además, porque esto genera una inseguridad jurídica, se trata de fondos europeos que en dos años habrá que justificar en una auditoría ante la UE y si no están bien empleados van a pedir a la comunidad que lo devuelva, pero quien se ha encargado de organizarlo y gestionarlo con Europa [el ministerio] se niega a aclararnos las reglas del juego», añaden.

Desde el ministerio minimizan estos problemas. «Por lo que a nosotros respecta, el trabajo ya está hecho, poner en marcha el sistema de manera temporal para ayudar a las CC. AA. y darles tiempo a que lo puedan preparar para asumirlo por completo a partir de 2025», explican a ABC. «En breve va a haber comunidades que empiecen a derivar a las familias a la Cruz Roja», confiesan, en lo que parece suponer un reconocimiento implícito de que, a fecha de hoy, nadie cuenta con su tarjeta, con independencia del color político que gobierna la autonomía. «Nos están forzando una política de hechos consumados, nos quieren poner en la tesitura de que parezca que somos nosotros quienes nos negamos a que las familias tengan las ayudas, cuando sólo estamos pidiendo unos criterios comunes que no han sido capaces de establecer desde 2022», lamentan desde la Comunidad de Madrid.

Y es que, en realidad, el conflicto se remonta a diciembre de 2021, cuando el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales (constituido por el ministerio y las comunidades autónomas) acordó sumarse a los programas del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el septenio 2024-2030. Se trataba de dar salida a una partida de 563 millones de euros (más un 10% mínimo de cofinanciación autonómica) del programa del FSE+ con los que el ministerio estimaba llegar a unas 70.000 familias en siete años. A partir de ese momento, el ministerio comandado por Ione Belarra, tenía dos años para realizar las necesarias adaptaciones y ponerlo en marcha, como aprobar un convenio marco que permitiera a las autonomías gestionar esos fondos. Nunca lo llegó a hacer.

«El acuerdo se tomó por unanimidad con todas las comunidades autónomas», sostienen desde el ministerio. «Y es cierto -apuntillan desde la comunidad de Madrid- pero sólo en la decisión de adscribirse al programa europeo, pero no en los términos concretos». De hecho, «después de reclamarlo durante meses, en noviembre de 2022 nos llegó un correo del ministerio en el que adjuntaba el programa de aplicación que habían enviado a Europa el día anterior, por lo que no tuvimos tiempo ni de valorarlo«, añaden fuentes de la comunidad autónoma.

«También fue el ministerio quien decidió de forma unilateral que los fondos se repartirían a través de tarjeta monedero y que los destinatarios serían sólo familias con menores a su cargo», explican las mismas fuentes. De acuerdo al documento enviado a la UE, el ministerio tenía la responsabilidad de aprobar un acuerdo marco para que las comunidades autónomas pudieran licitar con los supermercados la nueva propuesta. En septiembre de 2023, la Comunidad de Madrid alertaba a Ione Belarra de que ya era demasiado tarde para esa solución.

Las elecciones generales de julio y el largo tiempo de provisionalidad del Gobierno hasta la nueva investidura de Sánchez en noviembre de 2023, acentuaron el retraso del nuevo modelo, de forma que el nuevo equipo del ministerio, decidió resolver la situación a través de un Real Decreto por el que encargaba la gestión de las tarjetas a Cruz Roja, de forma provisional para el periodo de mayo a diciembre de 2024, a través de una subvención de 100.236.573,50 euros. De ellos, 95,5 millones se destinan a los gastos en alimentos y productos básicos y 4,7 millones para la Cruz Roja, en concepto de gastos técnicos para la implantación del programa. A partir de 2025 la gestión completa será competencia de las comunidades autónomas, como en la práctica estaba previsto desde un primer momento.

El problema es mucho mayor, si se tiene en cuenta que el nuevo sistema prevé que las ayudas vayan dirigidas a familias que perciban menos del 40% de la renta básica y tengan menores a su cargo, pero según la Fesbal sólo el 16,5% de las personas que hasta ahora recibían las ayudas cumplen este requisito. «El ministerio ha dicho que las tarjetas llegarán a unas 70.000 personas, pero sólo nosotros atendíamos unas 423.000, por lo que más de 350.000 van a quedar fuera de este recurso», explica Greciano.

La idea de destinar los fondos sólo a núcleos familiares con necesidades saca del sistema a cientos de miles de usuarios que hasta ahora se beneficiaban de las bolsas de comida de los Bancos de Alimentos. Así, ancianos con problemas económicos, personas sin hogar, familias con hijos mayores de 18 años, inmigrantes sin papeles y comedores sociales, que hasta ahora reunían los requisitos para acceder a esta entrega de alimentos quedarán fuera de las tarjetas monedero.

La única solución para estas personas es que los Bancos de Alimentos redoblen su trabajo y suplan, a través de donaciones particulares y otras ayudas, el alrededor del 30% de sus recursos que hasta ahora recibían por la vía de los fondos europeos. Ante esa crítica, fuentes del ministerio explicaban en enero que partían desde la perspectiva de que «nadie se quede fuera» de las ayudas, pero acababan derivando esa responsabilidad a las comunidades autónomas y ayuntamientos, que son quienes tienen las competencias en servicios sociales. También añadían que entidades como la Fesbal seguirán recibiendo subvenciones y recuerdan que el pasado año la cuantía «estuvo alrededor de dos millones de euros».

Además, sostienen que al hacerse cargo desde el ministerio de todo el tramo autonómico, las comunidades disponen del 7% de su presupuesto para complementar estas necesidades. Algunas autonomías, como la de Madrid, han habilitado también una nueva línea de subvenciones a través de los fondos provenientes del 0,7% del IRPF y el Impuesto de Sociedades, con el fin de «garantizar la manutención de cerca de 100.000 madrileños sin hijos menores que no tienen recursos y que no podrán optar a una de estas tarjetas», han explicado a este diario.

En todo caso, desde la Fesbal siguen sin entender porqué el ministerio decidió el cambio de modelo a tarjetas monedero. «Todos los países de nuestro entorno siguen repartiendo la ayuda alimentaria y sólo Finlandia, Rumanía, Estonia y Lituania han optado por el sistema de tarjetas, como España», explica su director a ABC. Así, mientras las familias vulnerables esperan a que se resuelvan los problemas técnicos y recibir algún día las nuevas tarjetas, su única fuente segura siguen siendo las entidades sociales, lo que parece dar la razón a la frase de Greciano: «Cuando un sistema funciona, no lo cambies».