Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y los regantes presionan en Madrid contra el hachazo al trasvase del Tajo

Puig consuma su pulso a Sánchez al alegar en contra del plan hidrológico en la víspera a la gran manifestación frente a Transición Ecológica

Manifestantes contra el recorte en el trasvase Tajo-Segura en 2021

Alicante

11/01/2023 a las 01:25h.

El tiempo y las opciones de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana para frenar el recorte del trasvase del Tajo al Segura se agotan. Este miércoles, regantes y representantes de las tres comunidades se encuentran en Madrid para protestar contra la decisión. Incluso el Gobierno del socialista Ximo Puig cuestiona ya abiertamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez, con alegaciones presentadas ante el Consejo de Estado contra el Plan del Tajo, que considera «nulo de pleno derecho». Andalucía lo tacha de «gravemente lesivo» y Murcia avisa de graves «defectos de forma en su tramitación» y de ser «incompatible» con el plan del Segura. Todo en una carrera contra el reloj para que el órgano consultivo informe de manera negativa sobre los planes del Ministerio para la Transición Ecológica.

El recurso de la Generalitat Valenciana, el último en emitirse, llegó este martes en la víspera de la concentración de protesta que celebran este miércoles los regantes en Madrid. En el recurso, la comunidad solicitó a la presidenta del Consejo de Estado, la exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico. Se trata del último recurso de los afectados antes de que el texto llegue al Consejo de Ministros para su aprobación.

La Abogacía de la Generalitat, al igual que la de Murcia y la de Andalucía, acredita «defectos acaecidos en la tramitación del proyecto» que podrían ser «determinantes de la nulidad de pleno derecho» del proceso.

La controversia se debe al cambio de redacción que ha sufrido a última hora un artículo que afectaba al plan del Tajo, la disposición adicional novena del proyecto de real decreto y, sobre todo, en la manera en que se llevó a cabo ese cambio.

Tal y como informó ABC, el pasado noviembre se presentó al Consejo del Agua, ente que reúne a las comunidades y a otros organismos del sector, un primer texto en el que esa disposición abría la puerta a suavizar el recorte al trasvase si se constataba que el estado del río Tajo era bueno. El texto fue aprobado, pero ya en la reunión Transición Ecológica dejó caer que podría ser modificado, respondiendo así a las presiones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Así ocurrió. Con posterioridad a ese encuentro, se reescribió el texto, que no es el que se sometió a debate y votación en el Consejo Nacional del Agua. Con la nueva redacción, se imponen unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas «con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura», dicen las alegaciones.

Cambio unilateral

Ese texto modificado de manera «unilateral» por Transición Ecológica es el que finalmente ha llegado al Consejo de Estado, por lo que la Abogacía de la Generalitat entiende que «no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación» y que, por tanto, podría haberse producido «una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo».

La Abogacía de la Generalitat sostiene que se ha «tomado una decisión arbitraria basada en la libre voluntad de la Administración redactora de la norma» y que durante el proceso «se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia».

Sin embargo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, rechazó este martes las críticas de la Generalitat y de las demás autonomías y apuntó a que «muchos» comentarios de los remitidos al Consejo de Estado tendrán «más que ver con el componente emocional».

Además de las alegaciones, el presidente andaluz, Juanma Moreno, también envió una carta a Valerio lamentando que ninguna de sus alegaciones al previas al plan fueron recogidas y que «los nuevos caudales ecológicos que recoge el Plan resultan excesivos».