Los regantes del trasvase Tajo-Segura protestarán ante la ministra por su «sentencia de muerte» y Ribera promete ayudas para la desalada
Los agricultores se plantarán en Madrid el día 11 por cien de los 20.000 hectómetros que se embalsan en España mientras el Gobierno ofrece subvenciones
El Gobierno confirma el recorte definitivo al trasvase Tajo-Segura y triplica el precio del agua desalada
Los regantes usuarios de los trasvases del Tajo al Seguraprotestarán el próximo miércoles, 11 de enero, ante el Ministerio para la Transición Ecológica, en Madrid, porque culpan directamente a su titular, Teresa Ribera, de una «sentencia de muerte« para el sector con recortes previstos de 105 hectómetros cúbicos de agua (27 para abastecimiento en viviendas).
Mientras, Ribera ha vuelto a justificar esta merma a la mitad de estas transferencias a cinco sentencias del Tribunal Supremo (TS) que obligan a establecer un caudal ecológico para el Tajo. No obstante, esas resoluciones no establecen ninguna cantidad concreta, tal como le recriminan los agricultores, que habían aceptado -como mal menor- una subida del seis a siete metros cúbicos por segundo en ese baremo y revisar en 2025 la situación del río antes de elevarlo más.
Para dar una idea de cuál es la dimensión del problema para el campo en Alicante, Murcia y Almería, desde el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), han aportado un dato revelador: «Resulta paradójico que en un país como España (con una media actual de 20.000 hm3 de agua embalsada), el Levante tenga que continuar luchando para disponer de los recursos necesarios para seguir generando riqueza, empleo y progreso y por lo que supone un exiguo volumen con respecto a la cifra global«. En concreto, sus reivindicaciones representan un centenar de hectómetros de ese volumen global de 20.000.
«Una clara evidencia de que algo se está haciendo mal en la planificación hidrológica de nuestro país«, han lamentado en un comunicado.
En cuanto a la repercusión de esta reducción de los volúmenes hídricos disponibles, según sus cálculos supondría la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable; la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros.
A estas consecuencias sería preciso sumar la eliminación de los sumideros de CO2 de los cultivos vinculados a los regadíos existentes. «Otra de las consecuencias directas de esta disminución de las aportaciones del trasvase se traduce en un incremento del precio del agua de boca que paga el consumidor, ya que se produce una mayor dependencia del agua desalada, cuyo coste e impacto medioambiental resulta mayor (desde el año 2003 hasta ahora la tarifa se ha triplicado, por la incorporación de aguas desalinizadas)«, han advertido.
También hacen hincapié en que el propio Ministerio tiene previstas numerosas medidas de mejora de los sistemas de depuración de los caudales que vierten al río, así como de modernización de los regadíos de la cuenca del Tajo. «Cuestiones que evidencian que no es la falta de caudal del río la causa de que no alcance el buen estado ecológico, y que nos llevan a considerar que existe una intencionalidad exclusivamente ideológica del Gobierno de España», han reprochado.
A su juicio, en estos momentos no existe ninguna alternativa a la disminución del volumen de agua disponible. La utilización del agua desalada en exclusiva, como recurso ordinario, puede generar «problemas a nivel agronómico« y su obtención supone »un coste ambiental desproporcionado« (su dependencia energética es cuatro veces mayor que el agua del trasvase), y además cuenta con unos precios sujetos a una »altísima volatilidad«, por los costes reales de la energía. El precio del agua desalada en la actualidad supone costes superiores a 1,40 €/m3 para el agricultor, por encima incluso del agua destinada a los hogares, señalan desde el Scrats.
«En este escenario, el Gobierno de España ha puesto entre las cuerdas al sector agrario, con mayores índices de productividad del país y está desestabilizando el futuro de toda la sociedad del Levante, dejando de lado los criterios de solidaridad, sostenibilidad (en todas sus vertientes) y vertebración del territorio», concluyen.
Inversiones para la desalinización
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, además de aludir a las obligaciones legales para recortar los trasvases por sentencias del Supremo, ha asegurado que de aquí a 2027 se acometerán inversiones para garantizar 120 hectómetros cúbicos de agua adicionales para Almería, Murcia y Alicante. Asimismo, ha anticipado que volverá a subvencionar el precio de la desalada.
En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, Ribera ha destacado que es preciso en España anticipar soluciones a los problemas con el agua derivados de una disminución importante de la disponibilidad de recursos hídricos y ve «absurdo» pensar que cada vez se tienen que aprobar planes hidrológicos, «gobierne quien gobierne» se produzca esa «tensión» que tiene más de emocional que de racional.
Ribera ha insistido en la necesidad de encontrar soluciones para garantizar el suministro de agua de boca, pero también la necesaria para gestionar la agricultura, «una buena parte de la economía», de manera eficiente, inteligente y para que siempre haya recurso disponible.
Así, ha explicado que en esta planificación hidrológica «por primera vez» se trabaja sobre la hipótesis de escenarios extremos de inundación o de sequía prolongada y para ello ha asegurado que el Gobierno va a destinar «la mayor cantidad de recursos jamás destinada», de 8.000 millones de euros, a infraestructuras hidráulicas, como la desalación, la reutilización o la conexión entre desaladoras.
De esta cantidad, 1.100 millones son inversiones en infraestructuras en Murcia; 540 millones para inversiones en Alicante y más de 44 millones en Almería para que a lo largo del tiempo, el efecto de estas inversiones permita «garantizar» el acceso al agua.
Acerca del caudal ecológico para el río Tajo, que está compartido con Portugal, la ministra ha indicado cuando se hizo el cálculo del que correspondía era «muy difícil de absorber desde el primer día».
Así, ha precisado que «fruto del esfuerzo» entre regantes, las comunidades autónomas afectadas y el Gobierno se encontró un caudal ecológico que empezará a subir a partir de 2025 para conseguir el objetivo de caudal ecológico en 2027. De ese modo, confía en cumplir con los plazos en infraestructuras para que cuando el caudal ecológico empiece a subir de forma importante, se pueda aportar más de 120 hectómetros adicionales disponibles para Alicante, Murcia y Almería.
«Está en nuestra mano el que esta sea definitivamente una solución para todos los territorios«, ha valorado la vicepresidenta, que ha añadido que también hay que trabajar con los regantes para que el precio que paguen por el agua sea razonable y no distorsione su capacidad de utilización del agua en la agricultura.
Por ello, confía en que a través de los Presupuestos Generales del Estado se cubra una «muy buena parte» del precio del agua desalada, ya que en esos 8.000 millones de euros de inversión, se invertirá en energías renovables para que el coste de la energía de desalar agua se reduzca «drásticamente».
En todo caso, ha afirmado que en tanto esas inversiones estén plenamente operativas, el Gobierno va a seguir habilitando vía Presupuestos Generales del Estado una transferencia de recursos para garantizar un precio del agua desalada estable.
El PP insta a Puig a acudir a la manifestación
El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha pedido al 'president' de la Generalitat y líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que acuda a la manifestación en defensa del trasvase Tajo-Segura del miércoles en Madrid. «La unidad de nuestra tierra por encima de los partidos», ha reclamado.
Es más, ha instado a Puig a que acuda «en primera persona» a la concentración y que «no mande simplemente unos representantes para cubrir el expediente». «Que estemos todos juntos y demostremos que, además de tener la razón, la sabemos poner en valor todos juntos, independientemente de reflexiones electorales, partidistas o de cualquier otra reflexión», ha reclamado.
«Es el PSOE, desde el Gobierno de España, quien nos está escamoteando el agua que nos merecemos, sin ninguna razón. Pido que demos una imagen de la unidad de nuestra tierra, por encima de los partidos. A 48 horas de probablemente uno de los últimos gritos que vamos a poder dar, pido que tengamos a todos los principales representantes de la sociedad civil, política y empresarial de la Comunitat Valenciana defendiendo lo que necesita la provincia de Alicante», ha señalado.
«Tenemos la razón de nuestra parte, la razón objetiva, la de los datos, de la solidaridad, de la ciencia, del estudio, del medioambiente. Tenemos la razón y no la vamos a tirar por la borda gritando ni insultando a nadie, pero necesitamos también ganárnosla con la unidad», ha sostenido.
Además, tras las alegaciones que la Generalitat presenta este lunes al decreto del agua y consultado por si cree que es la forma de solucionar el problema, Mazón ha resaltado que «es su obligación». «Espero que Ximo Puig se dé cuenta de que nos han querido engañar durante todo este tiempo y que él también nos ha contado cosas que no es justo la realidad», ha señalado.
En este sentido, ha apuntado que el PSOE, desde el Gobierno de España, «está vulnerando los derechos hídricos» y la «justicia» para la Comunitat Valenciana y ha lamentado que el trasvase se ha «recortado injustificadamente» 22 veces.
«Lo más importante que habría que preguntarle a Ximo Puig es por qué la Generalitat Valenciana se abstuvo en el Consejo del Agua, por qué se calló, por qué se rindió, por qué bajó los brazos. Porque probablemente esas alegaciones ahora tendrían mucha mayor importancia», ha subrayado.
Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha aseverado que el agua del trasvase es «absolutamente vital« para la ciudad y para la provincia, al tiempo que ha apuntado que »no tiene ningún sentido el castigo sistemático al que el Gobierno de Sánchez está sometiendo a esta provincia«. »Por eso estaremos con los agricultores, con los sectores productivos de la provincia, defenderemos el trasvase y la igualdad de agua para todos«, ha concluido.
La consellera de Agricultura y Transición Ecológica, Isaura Navarro, y otros miembros del Consell -además de alcaldes socialistas como Carlos González (Elche)- asistirán el próximo miércoles, 11 de enero, a la manifestación convocada por el colectivo de regantes en defensa del trasvase Tajo-Segura, que se celebrará en Madrid.
Se trata de esta manera de mostrar el rechazo «rotundo» del Consell a los cambios en la disposición sobre caudales ecológicos del real decreto refrendado por el Consejo Nacional del Agua, y exigir que se respeten los acuerdos adoptados con el fin de defender el trasvase Tajo-Segura.
La Generalitat reclamará al Gobierno
La consellera de Agricultura, Isaura Navarro, asistirá a la manifestación de los regantes en Madrid junto al secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, y el secretario autonómico de Transición Ecológica, Francisco Candela, y ha destacado que el Gobierno del Estado «tiene que respetar lo que se acordó recientemente en el Consejo Nacional del Agua para garantizar el mantenimiento del trasvase».
En este sentido, ha asegurado que insistió personalmente en ese órgano consultivo en que el Consell apoyaría el real decreto «si se respetaba la disposición novena que aseguraba que no será necesario incrementar los caudales ecológicos si se cumplen los objetivos».
Asimismo, la consellera también ha anunciado que el miércoles por la tarde mantendrá una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, «ante estos cambios que nos afectan directamente y para exigir lo que nuestros agricultores y el campo alicantino necesita».
«Desde el Consell estamos en total desacuerdo con el cambio de guion que ha hecho el gobierno español en cuanto a caudales ecológicos, porque rompen a última hora los acuerdos para garantizar el mantenimiento del trasvase del que depende la agricultura del sur de Alicante», ha valorado la consellera.
Además, ha insistido en que la Generalitat «ha hecho los deberes» en materia de inversiones para la depuración y desalinización de aguas con el fin de garantizar el suministro hídrico en las comarcas alicantinas, y ha recordado que el Gobierno central ha previsto también inversiones por valor de 1.000 millones de euros para la depuración de aguas en Madrid «que continúa sin depurar aguas, aumentando los niveles de contaminación, y esa dejadez no es justo que la cargue nuestra agricultura«, ha concluido Navarro.
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