El Gobierno pierde 50 millones por el "fiasco" de las tarjetas monedero que se reparten entre familias pobres para gastar en ciertos supermercados

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ABC / Servimedia

Bustinduy sí descargó en que «la competencia del sistema es exclusiva de las autonomías», gestionada en colaboración con Cruz Roja, aunque lo ha tutelado su ministerio hasta fin de año y a partir de 2025 lo harán las regiones en solitario. El ministro olvidó tres matices, que ayer afearon las autonomías consultadas por ABC: una, que 65.000 familias pueden ser muchas o pocas según se mire, pero a las que se ha adjudicado esta subvención del Gobierno este diciembre solo se les carga la tarjeta con entre 130 y 220 euros (por mes), por lo que pueden ser numerosas pero el dinero es escaso; dos, que las familias excluidas fueron muchas más porque solo beneficia a aquellas con menores a cargo. Las estimaciones más suaves hablaban de 250.000 familias al margen del nuevo modelo. Por poner un ejemplo, 100.000 madrileños quedaron fuera.

Y, tercero, en la visita de ayer no hubo mención al dinero presupuestado cuando es el asunto mollar: solo se han podido ejecutar 46 de los 95 millones de euros recibidos de los fondos europeos para 2024. Estos datos corresponden todos a finales de noviembre, hace dos semanas.

Las familias tendrán hasta el 31 de marzo para gastar lo que se les haya cargado hasta el 31 de diciembre de 2024. Las mismas fuentes señalan que en la reunión que el Ministerio tendrá el viernes con las 17 autonomías, Ceuta y Melilla, ese porcentaje ascenderá como máximo a un 55%. Y así se lo harán saber a Bustinduy.

Alrededor de la mitad de los fondos europeos no se han ejecutado. ¿Qué significa esto? Según recoge el real decreto de implantación del modelo, Cruz Roja tendrá que devolver la mitad de la partida del Fondo Social Europeo Plus FSE+ (más intereses de demora y la mitad de lo que haya cobrado por el contrato ejecutado al 100%) pues está sujeta a la ley de Subvenciones.

Además, a esa reunión del día 20, cada una de las autonomías sondeadas irá con una queja sobre por qué no ha podido poner a punto el modelo «diseñado a la carta de forma unilateral por Derechos Sociales», afean. Las circunstancias son diferentes, y es que solo dos de las 17 –Galicia y Cantabria– han podido ejecutar el sistema de reparto de alimentos (que ha reemplazado por completo a la dotación que se hacía a los 54 bancos de alimentos del país). Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, que ha ejecutado el plan al 23%, recuerdan que al entrar en vigor el sistema en periodo vacacional fue al ralentí y desde septiembre solo se ha podido «cargar como mucho a las familias con cuatro meses en la tarjeta».

Además de empezar «tarde», se da la circunstancia de que el ayuntamiento más potente, la capital, tiene una tarjeta propia, por lo que no se han derivado a familias a Cruz Roja para «solo seis meses». Ocurre en otros lugares. La comunidad ha acelerado para el próximo marzo su propia tarjeta monedero que sí funcionará en 2025. Pero no todas las comunidades han licitado todavía esa fórmula para caminar solas.

Algunas, como Asturias, solo habían ejecutado hasta hace dos semanas el 19% del programa; Andalucía lo tiene al 95; y Castilla-La Mancha, al 87%. Castilla y León criticó en su día que los supermercados adheridos tenían una presencia residual en la región (son Carrefour, Alcampo, Spar Gran Canaria, Más y Maás, Alimerka, Dinosol y Eroski-Caprabo), que los más cercanos eran gasolineras y que el medio rural lastraba la posibilidad de las personas en situación vulnerable. Esta región solo ha gestionado el 14% de las ayudas (datos de finales de noviembre).

«Lo que venden como éxito desde el Gobierno es un fracaso estrepitoso, han dejado perder 50 millones de euros por no escuchar a las autonomías –dicen esas fuentes–». El sistema se acordó en 2021, con Ione Belarra al frente del departamento, para sustituir al antiguo Programa FEAD; Bustinduy lo heredó. «Después de tres años, han acabado 'palmando' dinero –completan–. Pedimos una prórroga de seis meses en 2025 porque no podíamos llegar a tiempo. Ahora comprobarán que este primer semestre ha sido el fiasco anunciado», dicen desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Las quejas no provienen únicamente de autonomías gobernadas por el PP ni son aisladas, sino bastante generalizadas. Encuentran su espacio incluso en un documento interno de Cruz Roja, única adjudicataria del contrato del Gobierno por el que percibió 100 millones este año.

Este periódico ha tenido acceso a esa documentación donde la propia organización encargada de implantar el programa con los parámetros del Ministerio de Derechos Sociales evidencia sus carencias: Cruz Roja señala en su evaluación preliminar de ejecución que hay una «falta de estrategia de ayudas global»; que «son ayudas aisladas»; «el programa favorece una cronificación de la pobreza»; «deja fuera al medio rural y zonas en situación de emergencia»; «la selección de productos es compleja, dificulta la logística operativa del personal de caja»; y las tarjetas «presentan dificultad de consulta del saldo previo a la compra», entre otras.