Enmienda a la totalidad de los obispos a las nuevas leyes sociales del Gobierno

Pero no solo se detiene en los textos legislativos concretos, sino que se adentra en la filosofía y la antropología que subyace en ellos, como la «ideología de género», la «cultura de la cancelación o el movimiento woke». En definitiva, condenan el intento de «construcción de un nuevo modelo social, para lo que es preciso 'deconstruir' lo esencial del sistema vigente».

Un ataque directo a la línea de flotación del actual Gobierno de coalición que contrasta con la política de perfil bajo que los obispos han mantenido, de cara a las instituciones públicas en estos últimos años, tanto en la etapa del cardenal Blázquez en la presidencia, como en los casi tres que la ocupa el cardenal Omella.

Un cambio de estrategia que ya anticipó el propio Omella, tímidamente, en su discurso de apertura de la Plenaria, pero que ahora cobra más fuerza auspiciada por quien es el autor «intelectual» de este documento, el actual arzobispo de Valladolid y, hasta el pasado noviembre, secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.

De hecho, fue él propio Arguello quien este viernes volvió a la sala de prensa de la Conferencia para presentar el documento, De alguna manera, el texto recoge las ideas y planteamientos que ha ido desgranado en sus encuentros con la prensa los últimos cuatro años. Un hecho que algunos han querido interpretar como un legado.

Pero en la práctica, más que una herencia se parece a un programa de trabajo. Argüello, con 69 años y con el prestigio ganado entre los obispos como secretario y portavoz en estos años, abandera a la generación de «arzobispos» que están llamados a ocupar los cargos de mayor responsabilidad en la Conferencia dentro de un año, cuando Omella, cercano a los 78 años, agote su mandato como presidente. Un grupo de obispos que serán los encargados de liderar –'pastorear' de acuerdo a la terminología propia– la Iglesia española de los próximos años, en sustitución de la generación de los Omella, Osoro, o Cañizares, ya jubilados o a punto de hacerlo.

Así, aunque lo llamativo en el documento sea la directa condena a las leyes del Gobierno, el texto también plantea una autocrítica y muestra las «carencias eclesiales que favorecen este proceso», como la secularización interna en la propia Iglesia, sus fallos en la catequesis y evangelización, la falta de acompañamiento a situaciones como los separados, divorciados y madres solteras y el escaso compromiso público de los católicos.

Además, el objetivo es que sea un documento de trabajo dentro de la Iglesia, que fomente el diálogo y la reflexión en cada diócesis y grupo parroquial. Para eso incorpora incluso unas fichas con el tradicional esquema del «ver-juzgar-actuar», habitual en los grupos católicos hace años.

Sin embargo, no todos los obispos han compartido la oportunidad del documento, que se ha discutido durante más de dos años en el seno de la Conferencia Episcopal. El viernes, Argüello destacaba «las aportaciones explícitas de 45 obispos» y las remitidas por escrito por otros 12. Un amplio respaldo de 57 prelados de los 76 en activo, el 75 por ciento.

Pero no relató los intentos de retrasarlo, o incluso frenarlo, que ha vivido el documento, por parte de una minoría (en algún caso cualificada, por venir desde la misma cúpula) que no consideraban adecuado el momento para hacerlo público o proponían sucesivas relecturas o revisiones en profundidad, que parecían abocadas a dejarlo en algo caduco cuando por fin viera la luz.

Esa es la razón que ha llevado a que el texto se haya discutido tres veces en la Plenaria (se hacen dos por año) y, otras tres, en la Comisión Permanente. Hasta que en la última, este noviembre, Argüello se plantó ante ese sector y planteó la disyuntiva de aprobarlo definitivamente o dejarlo olvidado para siempre en un cajón. Se aprobó, pero con modificaciones que la comisión Ejecutiva que tuvo que ratificar en su siguiente reunión.

Ahora, ya publicado, habrá que esperar la reacción del Gobierno a las críticas y comprobar el recorrido intraeclesial que le espera al documento, tras ese diálogo que propone. De momento, queda la posición de los obispos sobre las leyes aprobadas recientemente por el Gobierno o que se encuentran en vías de tramitación.

La Lomloe, aprobada hace un año, «avanza en la disminución del derecho de las familias a decidir el modelo educativo para sus hijos». Además, los obispos condenan que incorpore «elementos ideológicos respecto a la antropología y la historia –como denunció ABC–, al tiempo «que disminuye la importancia de asignaturas humanistas como la enseñanza religiosa escolar». Para la Conferencia Episcopal la solución pasa por «un pacto educativo por el bien común» aunque consideran que «sigue pareciendo imposible».

Sobre la Ley de protección de la infancia, el episcopado reconoce que «tiene muchos aspectos positivos», pero, en cambio, «reafirma una débil valoración de la familia», y plantea una «comprensión de la persona como individuo sobre el que el Estado, so capa de protegerlo, tiene cada vez más poder de decisión». La ley también está imbuida «de la ideología de género».

Sobre la modificación de la ley del aborto, pendiente de su paso por el Senado, los obispos recuerdan que pretende «hacerlo todavía más fácil, restringir la objeción de conciencia e impedir la información a las madres gestantes sobre el drama del aborto y sobre otras propuestas para afrontar el embarazo». «La muerte de otro nunca es la solución al problema que puedan sufrir», afirma con convicción el documento.

El texto también incide en que «el movimiento abortista se sigue fundamentando en una ideología ya obsoleta», además que, desde la aprobación de la primera norma que lo despenalizó en España, en 1985, «los conocimiento sobre el ADN, las ecografías 3D, 4D y 5D permiten afirmar aún con más contundencia que negar que existe una nueva vida en el seno de una mujer embarazada desde la concepción es irracional , y afirmar que un supuesto 'derecho a decidir sobre el propio cuerpo', una falacia».

Los obispos lamentan que estas normas no hayan servido para reducir el número de abortos que, por el contario, se «mantiene en cifras dramáticas, en torno a cien mil al año, ahora con muchas menos mujeres embarazadas».

Con respecto a la 'ley tras', el documento recupera algunas de las ideas que ya habían adelantado algunos obispos, como el cardenal Omella en la apertura de la última Plenaria. Así, inciden en que «absolutiza el derecho a decidir» y que «rechaza razonamientos científicos y médicos y prescinde de los datos de la naturaleza».

El texto no es ajeno al «debate social social en muy diversos grupos» que está generando esta norma, aprobada por el Congreso y pendiente de su debate en el Senado. No falta una referencia a quienes «ahora rechazan esta ley» –como fue el caso de la exvicepresidenta Carmen Calvo, que se abstuvo en la votación– a quienes recuerdan «que sus principios filosóficos dualistas y su concepción antropológica individualista están presente en las anteriores leyes».

El documento también incide en la «anunciada ley de nuevas realidades familiares», cuyo proyecto –adelantado por ABC– fue aprobado por el consejo de Ministros el pasado diciembre y está pendiente de su debate en ambas cámaras. Para los obispos, el texto pretende recoger «lo sembrado con planteamientos culturales y legislativos anteriores».

En ese sentido, señalan que «al someter la familia al relativismo, a la radical autodeterminación y al sentimiento, se llama familia a cualquier tipo de relación, devaluando así la familia en la que esposos y padres coinciden que acoge, custodia y educa a los hijos que un hombre y una mujer han engendrado en la expresión de su amor».