La Justicia europea declara ilegal la ley de Castilla y León que permite la caza del lobo

No debió cazarse el lobo en Castilla y León entre 2019 y 2022. Es la conclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que considera la ley autonómica que permitió la captura de estos cánidos contraria al derecho comunitario. El motivo radica en que el estado de conservación de la especie era «desfavorable» a nivel nacional, a pesar de que no fue hasta finales de 2021 cuando el Gobierno prohibió su caza al norte del Duero.

El tribunal con sede en Luxemburgo se basa en un informe remitido en 2019 por el Gobierno de España a la Comisión Europea sobre la situación del cánido entre 2013 y 2018. En él, la evaluación apuntaba a la mala situación del lobo en España. «Castilla y León no tuvo en cuenta, al elaborar el plan controvertido, el informe del año 2019, según el cual el lobo se encontraba en un estado de conservación desfavorable en España», dice el comunicado del TJUE.

El tribunal europeo apunta que cualquier decisión para permitir la caza de una especie en peligro de extinción tiene que «estar justificada y basarse en los datos relativos a la vigilancia del estado de conservación». La situación de estas especies y la conveniencia de adoptar medidas de gestión, sostiene, se tiene que realizar de acuerdo al informe elaborado por los Estados miembros y basarse en los datos científicos más recientes. Pide que cuando haya «incertidumbre sobre los riesgos existentes para el mantenimiento de una especie en un estado de conservación favorable», prime el principio de cautela y se tomen medidas de protección, como la restricción o la prohibición de caza.

Tras conocer el fallo judicial, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que no solo lo «acatamos» sino que «lo compartimos» al asegurar que en esta Comunidad «nunca se ha cazado cuando la situación de conservación del lobo era desfavorable». Además de señalar que la sentencia no tiene ninguna repercusión ahora porque «está prohibida» la caza en España desde 2021, ha criticado el informe «erróneo» que remitió en su día el Gobierno de España y que las comunidades loberas -las del noroeste- «demostramos que no se ajusta a la verdad» porque «la realidad que conoce todo el mundo rural es que el lobo está en expansión tanto en territorio como en población». Al respecto, Quiñones espera que el nuevo informe que se enviará a Europa el próximo año -«y para el que esta vez el Gobierno ha pedido datos a las autonomías afectadas»- refleje «esta realidad» para que el lobo pueda volver a ser cazable «como también quiere la Comisión Europea».

Ya en julio de 2022 el Tribunal Constitucional tumbó las menciones al lobo como especie cazable de la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, ahora también rechazados desde Europa. Entonces, desde el Gobierno autonómico se consideró que el fallo no tenía «efectos prácticos» ya en la Comunidad no se pueden abatir estos animales desde que el Gobierno central decidió incluirlo en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE), «una acción dañina para Castilla y León, para su ganadería y para la pervivencia de nuestro medio rural», defendían en aquel momento.

Además, desde la Junta de Castilla y León se sostiene que la población del lobo se ha disparado en los últimos añosy ha reclamado en diferentes ocasiones que el Ministerio retire la prohibición de la caza del cánido al norte del Duero avalado además con los pronunciamientos recientes de Europa en el sentido de recomendar una rebaja en la protección del cánido.