Los ataques de lobo aumentan un 33% desde el cambio de estatus de la especie

Hasta 5.500 cabezas de ganado fueron presas del lobo en Castilla y León en el pasado 2023, una cifra que aumenta un nueve por ciento respecto a un año atrás y que es un 30 por ciento superior si se compara con los datos de 2021, ejercicio en el que se modificó el estatus de los cánidos con su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), un cambio que afectaba en Castilla y León al norte del Duero, donde hasta entonces se mantenía una política de gestión con controles cinegéticos. Hace unos meses, la UE instó a replantear esta consideración, sin que por el momento se haya pronunciando el Gobierno al respecto.

A excepción de Salamanca, todas las provincias de Castilla y León registraron un incremento «continuado de daños» respecto de las estadísticas del año 2021, han señalado este domingo en un comunicado desde la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que recogía el balance de los ataques de 2023: 3.558, un 33 por ciento más que en 2021, con 1,6 víctimas de media. Tras analizarlos la pasada semana junto a las organizaciones profesionales agrarias (OPA), el Ejecutivo autonómico insiste al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relajar las medidas de protección de la especie ante una «situación límite» en su convivencia con la ganadería extensiva.

El mayor volumen de ataques se concentraron al sur de Duero –donde nada cambió–, en la provincias de Ávila y Segovia, que aglutinaron uno de cada dos animales muertos certificados por ataques de lobo, con 1.652 casos en la primera y 1.062 en la segunda. En estas zonas el vacuno fue el más afectado, mientras que otras fue diferente tipo de ganado la víctima de ataque de los cánidos. El ovino, que representa el cuarenta por ciento de las cabezas afectadas (hasta 2.205, frente a las 2.889 de vacuno) fue presa preponderante en Zamora y Burgos. El equino, por su parte, representa el cinco por ciento de las bajas, y sus fallecimientos por cánidos se acotaron a la Cordillera Cantábrica. Por último, los decesos de caprino fueron mas bajos, del tres por ciento, y se localizaron en Soria, Palencia y León, mayoritariamente.

En términos absolutos, son las provincias de Ávila y Segovia las que registran las peores cifras, si bien si se ponen en comparación con los datos anteriores a la inclusión en el Lespre, al norte del Duero o en provincias salpicadas por el río en las que antes convivían ambas políticas –conservacionistas y cinegética– se registra un mayor incremento porcentual. Así, si en las dos primeras el aumento es del treinta y el 23 por ciento, respectivamente; en Burgos, se multiplicaron por siete los daños en dos años, pasando de 84 reses muertas a 697, señalan desde Medio Ambiente. Soria o Palencia también duplicaron cifras (con 162 y 343 bajas en cada caso) en 2023. Salamanca rompió la tendencia autonómica, con una reducción, desde los 356 decesos en 2021 a setenta en el ejercicio pasado.

A lo largo de 2023 la administración autonómica hizo frente a un desembolso de 3,45 millones de euros, de los cuales en su inmensa mayoría se correspondían con compensaciones a los ganaderos por las muertes de sus ejemplares, que desde el año pasado cubren las zonas al norte del Duero, donde el cambio normativo había dejado un vacío al no poderse pagar los daños por el anterior sistema. En torno a un millón se abonó en concepto de responsabilidad patrimonial en ejecución de sentencias de daños de 2020 y 2021.

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«A la vista de estos datos», tanto la Junta de Castilla y León como las OPA instan a que se «recupere la senda del diálogo para flexibilizar la gestión del lobo asegurando, en todo momento, el mantenimiento de la especie en un estado de conservación favorable», pero en equilibrio con la ganadería. «La posición europea es un respaldo» a esta tesis y «deja en evidencia la decisión del Gobierno de España de dictar una orden que catalogaba el lobo al norte del Duero de forma que pasaba a ser de estricta protección sin que Europa lo exigiese», concluye Medio Ambiente.