El PSOE usa el informe 'ad hoc' de Galindo para acusar de «deslealtad» a la Cámara Alta
Los socialistas tildan al PP de «antisistema» y le retan a llevar al Constitucional la ley de amnistía
Armengol usurpa las funciones del Pleno para despachar al Senado
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![El vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, charlando durante un Pleno parlamentario](https://s2.abcstatics.com/abc/www/multimedia/espana/2024/04/17/armengol-gomezcelis-U60534944844Y6G-Rbkbnz4xwto4tpnD6wM5UiL-1200x840@diario_abc.jpg)
Los miembros del PSOE en la Mesa del Congreso se sirvieron ayer del informe 'ad hoc' del secretario general de la Cámara Baja, Fernando Galindo, para acusar al Senado de «deslealtad institucional» e incrementar el conflicto entre los dos órganos. El Partido Popular había ... aprovechado su mayoría absoluta en la Cámara Alta para plantear al Congreso de los Diputados un requerimiento de retirada de la proposición de ley de la amnistía. Anteayer, con una llamativa celeridad, los servicios jurídicos del Congreso, liderados por Galindo, que es nada menos que un ex alto cargo del Gobierno socialista, elaboraron dicho informe crítico para desestimar la iniciativa articulada por el PP.
En la reunión de la Mesa, que duró más de una hora cuando no suele demorarse más de treinta minutos, Galindo asumió la autoría y responsabilidad del contundente informe y los miembros del PSOE en la Mesa hicieron suyas al dedillo sus premisas contra el Senado y añadieron otra.
El PP denunció el procedimiento, pero no pudo pararlo. Así, la mayoría de PSOE y Sumar desestimó la intentona popular y logró que no se produzca un bronco debate en el Pleno del Congreso para abordar la constitucionalidad del olvido legal a los delitos de los investigados por el 'procés' en pleno contexto electoral por las citas vasca, europea y, sobre todo, catalana.
El vicepresidente primero de la Mesa y diputado socialista, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, fiel sanchista desde los inicios, propuso introducir en la respuesta de rechazo al requerimiento de la Cámara Alta un décimo argumento, político, de «deslealtad institucional», que se sumó a los nueve que Galindo planteó en la reunión a través de su propuesta de acuerdo adjunta al índice rojo, el documento donde plasman los temas a abordar.
El PP tildó este añadido de «ataque intolerable» al Senado. Además, como informa hoy ABC, los populares consideran que el procedimiento para rechazar el choque de atribuciones fue irregular porque la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, incumplió el Reglamento del Congreso al no permitir su debate en el Pleno.
Por eso, el PP estudia ya qué acciones legales adoptar contra la decisión de Armengol, mientras siguen valorando si impugnar o no ante el Constitucional este choque competencial. Lo cierto es que los populares temen que la mayoría progresista del Tribunal de Garantías falle en su contra.
El plazo del requerimiento
En este sentido, Gómez de Celis retó al PP a recurrir al Constitucional la amnistía con la seguridad, según dijo, de que «todo» lo que ha hecho su grupo parlamentario, tanto en el fondo como en la tramitación de la ley, «tiene presunción de constitucionalidad». «Después del tiro por la culata que tuvieron en el Senado con la Comisión de Venecia, entiendo que el PP se esté pensando seriamente si recurrir al TC, porque con un segundo tiro por la culata entraríamos en un nivel de ridículo enorme por parte del PP», dijo el vicepresidente de la Mesa, que tildó a los populares de «partido antisistema».
Gómez de Celis también argumentó que se desestimó el choque institucional del PP porque ha intentando «travestir» al Senado de algo que no es, dado que la Cámara Alta está «supeditada» al Congreso y sirve de segunda lectura. «Únicamente el Tribunal Constitucional es el competente para dirimir si alguno de los pasos no cumplen con la Carta Magna», señaló.
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Otro argumento fue que el requerimiento llegó fuera de plazo al aprobarse en el Senado la semana pasada. El PSOE alega que debería haberse hecho en el mes siguiente a la calificación de la ley en la Mesa del Congreso, pero según el artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, debe plantearse desde que llega a la Cámara Alta y esta tiene conocimiento.
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