El fiscal del Tribunal de Cuentas pide que Puigdemont, Junqueras y Mas paguen por el procés pese a la amnistía

El representante del Ministerio Público ante el órgano fiscalizador ha presentado su informe de conclusiones -igual que hizo la semana pasada la entidad demandante Sociedad Civil Catalana (SCC), como avanzó ABC- en el que insiste en que los políticos independentistas deben responder económicamente por el uso irregular de esos fondos a pesar de que la ley de amnistía registrada en el Congreso por el PSOE especifica que también se anulará el alcance contable del 'procés'.

Martín-Granizo señala como «presuntos responsables contables directos de los daños a Artur Mas, Carles Puigdemont, Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Oriol Junqueras y Raül Romeva», expresidentes, ex vicepresidente y exconsejeros, respectivamente, de la Generalitat.

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Cifra en tres millones el alcance de los fondos de la Generalitat no previstos en la ley e insiste en que «lejos de adoptar una actitud respetuosa con los mandatos constitucionales y responsabilizarse de que los fondos públicos no se destinaran a sufragar actividades cuya finalidad estaba dirigida a expandir y buscar apoyo internacional para el proceso secesionista, la autodeterminación y la idea del referéndum participaron activamente en la consecución de dichos objetivos, a los que contribuyeron e impulsaron en el ejercicio de su cargo».

El fiscal se ratifica en que «los demandados infringieron los procedimientos resultantes de las normas y vulneraron las obligaciones resultantes del desempeño de su cometido; realizaron un comportamiento necesariamente intencional y doloso, directamente dirigido a conseguir disponer de cantidades. El menoscabo es real y efectivo al haberse producido la salida de los fondos implicados del patrimonio del ente perjudicado (la Generalitat) y se encuentra plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio; y por último se encuentra acreditado que fueron los actos desplegados por los demandados los que dieron lugar a la producción del perjuicio por ser una causa inmediata y directa, sin que exista ninguna duda acerca de que los daños resultan objetivamente imputables a su conducta».

Sobre la ley de amnistía que el PSOE presentó en la Cámara Baja tres días antes de que se celebrase la vista por los gastos del 'procés' en el Tribunal de Cuentas, Martín-Granizo afirma que «en el acto de la vista celebrado el pasado 17 de noviembre tuve ocasión de informar acerca de la petición de suspensión del procedimiento, oponiéndome a la misma, manifestando que la transformación de una proposición de ley en una norma que extinguirá la responsabilidad contable que aquí se dilucida es un hecho futuro y no exactamente incierto, pero tampoco dotado de una certeza plena, al desconocer la fecha de entrada en vigor de la ley y su exacto contenido y alcance. Las razones alegadas subsisten en este momento procesal, razón por la cual debemos emitir el informe de conclusiones escritas que nos solicita la Excma. Consejera de Cuentas».