Los letrados del Congreso ven «improcedente» el conflicto que plantea el Senado por la amnistía

Juan Casillas Bayo

Madrid

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15/04/2024
Actualizado a las 17:36h.

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Con una celeridad inesperada, los letrados del Congreso han elaborado un informe sobre el conflicto institucional planteado por el Senado, a raíz de la ley de amnistía. Lejos de asumir ese choque inédito entre las dos cámaras legislativas, los servicios jurídicos de la Cámara Baja lo tachan de «improcedente» y piden que se inste a la Cámara Alta a tramitar con normalidad el olvido legal del 'procés'.

Fuentes cercanas a la Mesa trasladaban otros ritmos hace unos días y no se esperaba una respuesta de los servicios jurídicos del Congreso hasta la sesión de la próxima semana, por lo que los miembros del órgano rector de la Cámara Baja podrían debatir y votar ya este martes qué respuesta dar al Senado, una vez conocido el criterio de los letrados que capitanea Fernando Galindo, el letrado mayor que fue nombrado antes de la calificación de la ley de amnistía y que procede directo de un puesto en el Gobierno.

Desde el PSOE ya habían descartado entrar en el cuerpo a cuerpo con el PP, que con su mayoría absoluta en el Senado impulsó el choque institucional, respaldado por un informe de los letrados de la Cámara Alta que no solo veían posible hacerlo, sino que también apreciaban que la amnistía es inconstitucional. La madre de todas las batallas. El criterio de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, adelantado por 'El País' y confirmado en fuentes de la Mesa por ABC, no solo rechaza la estrategia de los populares, sino que avala las actuaciones del Congreso hasta la fecha.

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Este diario ha tenido acceso a parte de las conclusiones, que son contundentes. «El conflicto planteado es improcedente por referirse a decisiones que no constituyen el objeto propio de un conflicto de atribuciones, sino, en su caso, de un recurso de inconstitucionalidad», subrayan los letrados del Congreso, que, además, apuntan que el choque institucional se planteó «fuera del plazo establecido» en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El artículo 73.1 de dicha norma prevé que el órgano constitucional que vea sus atribuciones invadidas por otro «se lo hará saber así dentro del mes siguiente a la fecha en que llegue a su conocimiento la decisión de la que se infiera la indebida asunción de atribuciones y solicitará de él que la revoque», por lo que, según su criterio, el Senado debería haber reaccionado en el mes siguiente a la calificación de la ley de amnistía en la Mesa del Congreso y no una vez la norma ha aterrizado ya en la Cámara Alta.

«El requerimiento del Senado es igualmente improcedente por pretender la modificación de los acuerdos adoptados por el Congreso en el ejercicio constitucional y reglamentario de sus competencias en el marco de un procedimiento legislativo, contrariamente a lo preceptuado en el artículo 90 de la Constitución», continúan los letrados, que inciden en que la Cámara Baja «actuó correctamente, ejerciendo su propia competencia, en sus justos términos» y, por tanto, «no procede acceder al requerimiento» del Senado, que pide la retirada de la ley de amnistía al considerarla inconstitucional.

Los letrados aconsejan a los miembros de la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría frente al PP, que insten al Senado «a desistir del planteamiento de este conflicto y dar cumplimiento al deber de tramitación de la iniciativa legislativa conforme a lo establecido en la Constitución». Conocido ya el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara Baja, lo lógico es que este martes, su órgano rector, que se reúne a las once de la mañana, remita una respuesta al Senado. Entonces, la Cámara Alta podrá acudir al Tribunal Constitucional para que ejerza de árbitro en este choque de competencias entre el Congreso y el Senado, sin entrar aún en el fondo de la ley de amnistía. Para eso habrá que esperar a los recursos de inconstitucionalidad, una vez esté aprobada definitivamente.

Por último, el informe remitido a los miembros de la Mesa del Congreso señala que la Cámara Alta, «bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones», no puede «intentar subvertir las legítimamente ejercidas» por la Cámara Baja. «El planteamiento del conflicto supondría así un artificio para evitar cumplir su obligación constitucional y suplantar al Congreso en el ejercicio de sus atribuciones», zanjan.