El PP ve inconstitucional que el Congreso ignore el 'no' del Senado a la ley que beneficia a presos de ETA

El proyecto de ley para trasponer una directiva europea sobre intercambio de información de antecedentes penales entre países miembros de la Unión Europea, por tanto, sigue en entredicho. La norma, aparentemente aséptica, introdujo en la fase de ponencia, antes de su debate en la Comisión de Justicia del Congreso, dos enmiendas de Sumar cuyo efecto permite que los etarras en prisión puedan descontarse de sus penas el tiempo pasado en cárceles francesas por la comisión de otros delitos. La oposición, que había apoyado el texto en el Pleno del Congreso, donde se aprobó por unanimidad, se enteró de las consecuencias que entrañaba ya en la Cámara Alta, pero cuando se había superado el plazo para registrar un veto o enmiendas.

Esas son las dos vías, el veto y las enmiendas, que recoge la Constitución, en su artículo 90.2, para que una ley regrese del Senado al Congreso. Ese mismo precepto establece que para aprobarse un veto debe respaldarlo la mayoría absoluta de la Cámara Alta. Este lunes, aunque no se debatía formalmente un veto porque no se había registrado, la mayoría absoluta de los senadores del Pleno se opusieron a la norma y el presidente del Senado anunció que la consideraba vetada —apoyado en un informe de los letrados— y que la devolvía por tanto a la Cámara Baja para su revisión.

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La Mesa del Congreso, en su reunión del martes, introdujo el debate sobre qué responder al Senado de viva voz y con un informe verbal de Galindo optó por ignorar el veto anunciado por Rollán, al entender que ni se había registrado ni se había aprobado en plazo, y enviar la ley al Gobierno para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ese mismo día, al filo de las diez de la noche, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja, Miguel Tellado, registró un duro escrito de reconsideración contra la decisión del órgano presidido por Armengol.

En el escrito de ocho páginas, al que ha tenido acceso ABC, Tellado subraya que discrepa «profundamente» del acuerdo adoptado por la mayoría de la Mesa —al que se opusieron los cuatro representantes del PP en el órgano— porque «no se ajusta a derecho» y desprecia la voluntad del Senado «sin tener habilitación constitucional alguna para consumar tal desatino».

El PP, de hecho, considera que el acuerdo de la Mesa, de la que corresponsabiliza al PSOE, a Sumar y a Galindo, «aboca a un abierto choque institucional entre ambas cámaras». «Debe ser revertido inmediatamente por las graves consecuencias que un conflicto constitucional entre ambas instituciones necesariamente comporta», apunta, aunque desde la formación conservadora no aclaran si esto supone un paso previo para acudir en amparo al Tribunal Constitucional —como ha anunciado Vox que hará si no se debate la ley en el Pleno del Congreso— o, directamente, registrar un recurso de inconstitucionalidad —cosa que el PP, con más de cincuenta diputados, puede hacer—.

En su apelación a la Mesa del Congreso, los populares destacan la celeridad con la que tomó la decisión el órgano, algo que también puso de relieve Rollán este miércoles en la carta de queja que le envió a Armengol, dado que el anuncio del presidente del Senado entró formalmente en la Cámara Baja el lunes a las cuatro y un minuto de la tarde y el martes a las diez de la mañana se acudía a la reunión del órgano con la resolución bajo el brazo. Eso, a pesar de que inicialmente se había trasladado desde el entorno de la tercera autoridad del Estado que la cuestión se iba a tratar el martes de la próxima semana para estudiarlo jurídicamente.

Desde el Grupo Parlamentario Popular también se subraya que «no se acompaña la necesaria justificación debidamente motivada» y se reclama que la ley que favorece a los presos de ETA vuelva a ser debatida por el Pleno del Congreso, donde, en todo caso, si la mayoría absoluta vuelve a apoyar el texto que se remitió al Senado, algo garantizado con los votos del PSOE y sus socios, la norma quedaría aprobada definitivamente.

La decisión se toma, lamenta el PP, «apenas dieciocho horas después de recibirse la comunicación del presidente del Senado, sin estar incluido el asunto en el orden del día, sin la unanimidad que requiere debatir sobre un asunto que se incorpora fuera de él, sin el preceptivo informe jurídico previo, [y] sin respetar el plazo de 48 horas de antelación para que los cuatro miembros de la Mesa pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular tuvieran la documentación y los informes jurídicos pertinentes».

En este último punto el PP se refiere a la comunicación previa a los diputados de los debates que se van a celebrar, con 48 horas de antelación, «en el pleno o en la comisión», recogida en el artículo 69 del 'Reglamento del Congreso'. Algo que puede subsanar la Mesa cameral o de la pertinente comisión con un acuerdo «debidamente justificado». Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, si bien «convendría» que en un asunto tan relevante el letrado mayor hubiese manifestado su criterio por escrito, es habitual que se aborden cuestiones que se llevan 'in voce' a la reunión del órgano rector de la Cámara Baja.

El PP cree que la decisión en este caso es «de extrema gravedad» y vulnera el derecho de los diputados a pronunciarse sobre el rechazo del Senado a la ley que favorecerá a los reos etarras. Es, inciden, «un acto de arbitrariedad intolerable». Se toma, además, «sin el preceptivo informe jurídico más allá de una somera explicación verbal por parte del secretario general», algo común en muchos casos, según las fuentes jurídicas antes mencionadas, pero no en una cuestión de este alcance, donde el presidente de la Cámara Alta plantea un escenario sin precedentes —con una ley rechaza por la mayoría absoluta de su Pleno sin que existiese un veto interpuesto formalmente— amparado por sus servicios jurídicos.