El Congreso ignora el veto del Senado y ordena publicar la ley que beneficia a presos de ETA

El veredicto de la Mesa llega mucho antes de lo esperado y es que fuentes cercanas a la Presidencia del Congreso decían este lunes que ante la «inédita decisión» de la máxima autoridad del Senado, los servicios jurídicos de la Cámara Baja iban a estudiar la respuesta para abordarla en la reunión del martes de la próxima semana. Finalmente, tras analizar Galindo lo sucedido, se ha optado por pisar el acelerador y ya a primera hora de la mañana de este martes esas mismas fuentes avisaban que se iba a tratar la cuestión en la cita de este mismo día. «Los letrados lo han visto claro y no tiene sentido dilatar los plazos», han informado a este diario.

La respuesta al Senado se ha discutido en la reunión que ha celebrado este martes el órgano rector del Congreso y se ha llevado en mano a la misma, porque no figuraba en el orden del día repartido este lunes a sus miembros. No ha habido tampoco argumentación escrita de los letrados de la Cámara Baja, aunque Galindo sí se ha posicionado a favor de la publicación directa de la norma en el BOE al no haberse registrado formalmente ningún veto ni enmienda como para que esta se tenga que debatir nuevamente.

La Mesa, presidida por la socialista Francina Armengol, da así carpetazo al asunto por la vía rápida, sin tomarse una semana para reflexionar ni permitir que el Congreso debata nuevamente el texto, ahora que, tras el despiste de la oposición durante su tramitación, todas sus señorías son conscientes de los efectos que producen las enmiendas introducidas por Sumar –en un texto para trasponer una directiva europea sobre antecedentes penales– en favor de los presos de ETA: que se puedan descontar los años de prisión cumplidos en Francia por la comisión de otros delitos.

El vicesecretario primero de la Mesa, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha afirmado al término de la reunión que el presidente del Senado cometió «una triquiñuela» que el Congreso no podía asumir de brazos cruzados. El diputado del PSOE ha citado el artículo 90.2 y 90.3 de la Constitución y los preceptos 106 y 107 del 'Reglamento del Senado' y ha concluido: «Creo que el presidente del Senado está actuando deliberadamente al servicio del PP». Fuentes del PSOE van más allá y apuntan que el Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Alta está estudiando acciones legales contra Rollán. «El PP puso en una situación muy delicada al presidente del Senado. El presidente del Senado, a sabiendas, ha incumplido la ley», señalan esas fuentes.

El artículo 90.2 de la Constitución establece que el Senado puede oponer «mediante mensaje motivado» su veto o enmiendas a una ley para su devolución al Congreso en un plazo de dos meses. El 90.3 reduce los tiempos a «veinte días naturales» en los casos donde, como en este, se tramite la norma por el procedimiento de urgencia. En el artículo 106 del 'Reglamento del Senado' se introduce el mismo tiempo para que se apruebe una ley en la Cámara Alta o que «mediante mensaje motivado» se validen enmiendas o un veto. Esas enmiendas o veto, según el 107, deben presentarse en los diez días posteriores a su publicación y «formalizarse por escrito y con justificación explicativa».

Nada de eso sucedió en la Cámara Alta, donde, al no haberse percatado los senadores de las consecuencias reales de la ley que favorecerá a los presos de ETA, estos tampoco habían vetado la norma ni registrado enmiendas. El presidente del Senado, después de la votación, en la que la mayoría absoluta del Pleno se posicionó en contra del texto, anunció que la daba por vetada porque esa mayoría absoluta es la que exige la Constitución para un veto.

Lo hizo amparado por un informe de los letrados del Senado, donde se ponía de relieve la falta de precedentes comparables y la voluntad real de la Cámara Alta, más allá de «formalismos». El único antecedente fue una proposición de ley en 1995 para declarar reserva natural las Salinas de Ibiza. La norma no fue enmendada ni vetada, pero el Pleno del Senado la rechazó por mayoría simple. Se devolvió al Congreso y este, como sucede ahora, decidió ignorar a la cámara de segunda lectura y enviar la iniciativa al BOE. La controversia terminó en el Tribunal Constitucional, que dio la razón a la Cámara Baja. La diferencia ahora, y el matiz al que se agarran los letrados del Senado y su presidente, es que el Pleno se opuso a la ley que beneficia a los etarras condenados por mayoría absoluta.

«Lo llaman veto, pero no es un veto», ha sentenciado este martes Rodríguez Gómez de Celis, quien ha subrayado que no se registró ninguno: «Nadie sabía que se estaba debatiendo un veto». El socialista ha rescatado de la intranet del Senado –la red interna a la que solo pueden entrar los trabajadores de la Cámara Alta– el guion del orden del día que estaba preparado para esa sesión: «Dice que una vez rechazada la ley, se envía al BOE. El presidente se saca de la manga algo que es impropio de su cargo». Este diario tuvo acceso al citado documento antes del debate y rezaba lo siguiente: «En consecuencia, sin perjuicio del resultado de la votación inmediatamente anterior, como el Senado no ha opuesto veto ni introducido enmiendas en los términos establecidos en el artículo 90 de la Constitución, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley».

Fue después, con un informe de los letrados del Senado, cuando el presidente cambió la fórmula: «Al haber sido rechazado el proyecto de ley orgánica por mayoría absoluta del Senado, que es la exigida por el artículo 90.2 de la Constitución para oponer el veto, de acuerdo con el artículo 160.1 del reglamento, ha de entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto».

Gómez de Celis, además, ha dicho que la decisión se tomó «fuera de plazo» por no haberse registrado veto los diez días siguientes a su llegada al Senado y por no haberse aprobado los veinte días naturales posteriores recogidos por la Carta Magna. El artículo 135.5 del 'Reglamento del Senado' permite una prórroga de un día si el plazo de veinte días concluye en día inhábil, como sucedía ahora por terminar el domingo.

Vox, como ha adelantado ABC, exige a la Mesa del Senado que plantee un conflicto con el Congreso ante el Tribunal Constitucional «por el manifiesto ataque a las funciones constitucionales» de la Cámara Alta, informa Patricia Romero. Los de Santiago Abascal han registrado también un escrito de queja a la Mesa de la Cámara Baja y han dicho que si este asunto no se debate en el pleno, recurrirán en amparo al órgano de garantías. «Ahora pretenden impedir que se debata aquí el veto que aprobó el Senado contra una ley que beneficia a los presos de ETA», ha lamentado el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro, miembro de la Mesa, durante un debate en el pleno, si bien su partido no ha anunciado ninguna acción.