La justificación de García Ortiz para el ascenso de Delgado que ahora tumba el Supremo: «Lo voy a solucionar yo, que soy fiscal general»

En una sentencia demoledora, que responde al recurso que presentó contra este nombramiento otro de los aspirantes a esa plaza, los magistrados destapan los argumentos que esgrimió García Ortiz ante el Consejo Fiscal para ascender a su exjefa: reconoció ante los vocales que lo hacía con «orgullo» y para paliar una laguna de la ley que el PSOE ya intentó arreglar en su momento -sin éxito, por el escándalo que causó- vía enmienda. Se trataba de que al abandonar el puesto de fiscal general, Delgado no tuviera que volver a ser una fiscal rasa sino que pudiera formar parte de la máxima categoría de la carrera con un ascenso que la ley no contemplaba. Para los magistrados, esta es la evidencia de que este nombramiento no se ajustó a más parámetros que a la voluntad del hoy fiscal general de compensar a la persona de la que fue mano derecha y que anteriormente le había ascendido a él a primera categoría como jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía.

«Su voluntad fue explícita: asegurar la promoción a la máxima categoría a quien había ocupado la jefatura de todo el Ministerio Fiscal sin tener la categoría de fiscal de sala. Cualquiera que sea la opinión que a cada uno le merezca, lo cierto es que esa promoción automática no ha sido querida por el legislador, ni está prevista en la ley. Y, desde luego, la potestad del fiscal general del Estado consistente en hacer la propuesta de resolución de convocatorias de plazas de la primera categoría no tiene por finalidad reescribir las reglas de promoción en la carrera fiscal, ajustándolas a sus personales preferencias«.

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La sentencia, de la que ha sido ponente Luis Díaz-Picazo, recuerda que en la sesión en la que el Consejo Fiscal debía informar sobre los aspirantes, Rueda obtuvo seis votos frente a los cinco de Delgado y que los vocales que apoyaron al primero hicieron hincapié en su conocimiento del Derecho Militar, derivado del hecho de haber pertenecido al Cuerpo Jurídico Militar antes de su incorporación a la carrera fiscal, así como de haber continuado escribiendo e impartiendo conferencias sobre dicha rama del ordenamiento. Por contra, los favorables a Delgado -vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y miembros natos nombrados por la propia Delgado- consideraron más relevante su dilatada experiencia en la jurisdicción penal y sus méritos como ministra de Justicia y luego como fiscal general del Estado.

En esa sesión, del 22 de septiembre de 2022 y cuya grabación reproduce en parte la sentencia del Supremo, García Ortiz insistió ante los vocales en que quien ha sido fiscal general del Estado no debería retornar a la carrera fiscal en una categoría inferior a la más alta, es decir, la de fiscal de sala; y que, si bien el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no prevé una promoción automática en ese sentido, él, como fiscal general del Estado, estaba dispuesto a remediar esa situación.

Lo dijo exactamente así: «Efectivamente, el legislador no lo ha previsto (...) si lo puedo solucionar yo que soy fiscal general del Estado, lo voy a solucionar. Porque lo tengo en mi mano, y como lo tengo en mi mano, sin ningún problema moral; al revés, con orgullo de fiscal. (…)«. En otro momento de su intervención ante los vocales sostuvo: »(...) Y a la persona que merece, que tiene los méritos, la capacitación, la especialidad, si lo queréis llamar así, para ser el fiscal de sala de la togada, démosle lo que se merece. Lo tengo tan claro, que en el momento de la toma de posesión, alguien me preguntó: ¿Cuándo vas a hacer fiscal...?«. Perdón por esta forma de expresarme, que no es... Y diré (sic): En la primera oportunidad que tenga, sin ningún tipo de dudas. En la primera oportunidad«. Y añadió a continuación: »(...) Y no me mueve, desde luego, el afecto ni la pasión ni las deudas que tengo, y muchas, con la anterior fiscal general del Estado, en muchos sentidos. Porque si ha sido algo Dolores Delgado, y lo pueden decir quien ha trabajado aquí con ella, es extremadamente generosa con todos nosotros y con su esfuerzo, sobre todo, con su esfuerzo hacia la fiscalía española. A mí no me mueve eso, me mueve un deber institucional (...)«.

En la motivación de su propuesta, García Ortiz subrayó los méritos de la aspirante propuesta a lo largo de su carrera profesional como fiscal, especialmente en el ámbito de la jurisdicción penal. Y también hacía valer su responsabilidad como ministra de Justicia y como fiscal general, lo que le le había permitido tener «un profundo conocimiento, entre otras cosas, de la realidad práctica de la justicia militar». Los magistrados coinciden con el recurrente en que «es indiscutible» que Delgado no había tenido ninguna experiencia en lo Militar a lo largo de su carrera como fiscal. «Ciertamente como ministra de Justicia y como fiscal general del Estado pudo tener contacto con los órganos del Ministerio Fiscal en este ámbito, pero no más del que tuviera con aquellos que operan en otros ámbitos. Desde el punto de vista de la especialización en Derecho Militar, por anticuados que fueran el conocimiento y la experiencia del recurrente son innegablemente superiores a los de Delgado».

No obstante, la especialización no es el principal problema para la Sala, sino esa arbitrariedad o desviación denunciada cuya existencia termina confirmando. Señala que haber ocupado cargos de naturaleza política (ministra) o haber sido titular de un órgano con relevancia constitucional (fiscal general) «no constituye un demérito, pero tampoco puede comportar automáticamente un mérito a efectos de la progresión profesional. Sostener lo contrario -esto es, que haber ocupado altas responsabilidades de designación política debe considerarse un mérito para la promoción y asignación de plazas en el empleo público- podría traer consecuencias perversas, en forma de clientelismo, erosión de la meritocracia y, en definitiva, frustración de las legítimas expectativas de carrera de quienes se dedican de manera exclusiva y profesional a la correspondiente función o servicio público«. La Sala considera que la desviación de poder es »visible e innegable en el presente caso« y que lograr el objetivo del ascenso de su exjefa era para él »una prioridad«.

La propia Dolores Delgado reaccionó ayer en la Cadena Ser. Muy afectada, aseguró que se «reivindica» a sí misma y que «combatirá» esta sentencia «hasta las últimas fuerzas y consecuencias» al considerarla «injusta». Manifestó su «profundo rechazo» a esta decisión del Supremo y anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional« por considerar que se han »vulnerado« sus derechos fundamentales.

Los fiscales catalanes emitieron ayer un comunicado para censurar que Junts les acuse de 'lawfare' en el Parlament, donde el diputado Joaquím Jubert señaló a uno de ellos, Pedro Ariche, por falta de imparcialidad en causas del 'procés'. El pasado día 16, Jubert se dirigió a Ariche para decirle que «no era bienvenido en la cámara». Tras ello, profirió «graves acusaciones» contra el fiscal, como que «había vulnerado la presunción de inocencia en numerosas ocasiones», en relación a los independentistas enjuiciados. La Fiscalía Superior de Cataluña lo define como un «ataque injustificado contra la labor de jueces y fiscales por parte de quienes ejercen cargos públicos, con la inequívoca intención de generar contra los mismos una corriente de opinión negativa entre la ciudadanía». Los fiscales respaldan de forma unánime la actuación de Ariche y de «todos los miembros de las diversas Fiscalías en los procedimientos judiciales derivados del denominado 'procés'», informa Elena Burés. Además, los jueces vascos se concentrarán mañana en Bilbao contra las acusaciones de 'lawfare' que implican los acuerdos de Sánchez con los independentistas, como han hecho sus compañeros en casi toda España, informa Miriam Villamediana.

La sentencia acuerda retrotraer las actuaciones al momento anterior al de elevar al Consejo de Ministros la propuesta del fiscal general del Estado, a fin de que se realice otra nueva.La Unión Progresista de Fiscales, a la que está adherida Delgado, envió un comunicado por la noche lamentando la decisión del Supremo en el que insinuaba que la Sala había puesto «otras pretensiones» por encima de los principios de mérito y capacidad.

«Nos encontramos ante un cambio no fundamentado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, donde los méritos y la capacidad, así como el trabajo jurisdiccional, no parecen resultar suficientes frente a otras pretensiones que no benefician a la carrera fiscal y al servicio público que prestamos a diario», dice la nota.

Consideran que con esa doctrina, de facto se «anula» la capacidad discrecional del fiscal General del Estado de realizar nombramientos y así, que «merma la autonomía del Ministerio Fiscal».