Cristina Dexeus: «La creación de comisiones de investigación supone una auténtica coacción a jueces y magistrados»

—¿Corre un peligro real la separación de poderes en España?

—Sí, sin duda alguna. Uno de los principios básicos de la Constitución es el de separación de poderes y en este caso lo que hace la ley de amnistía es una intervención del Poder Legislativo en el Poder Judicial, de forma que se impide que determinadas causas que se están instruyendo por la comisión de hechos delictivos se puedan cerrar adecuadamente por parte de los jueces. Es una injerencia además que no tiene una justificación real, una utilidad real o un fin de justicia o interés social. La ley de amnistía de 1977 sí respondía a ese ideal de justicia para favorecer el tránsito a un Estado social democrático. Pero esta no es la situación actual, en la que determinadas personas, amparándose en una reclamación de independencia de Cataluña, han transgredido el Código Penal de 1995, el llamado Código Penal de la democracia. Es un momento delicado, no solo por esa interferencia entre poderes sino que también lo es porque sufren principios como el de igualdad entre todos los españoles o el de seguridad jurídica.

—El acuerdo PSOE-Junts ha provocado la reacción unánime de todos los colectivos judiciales y jurídicos del país. ¿Qué le preocupa más, en lo que se van a traducir esos pactos o la compra del relato independentista?

—Me preocupan los dos aspectos: que el partido que sustenta al Gobierno compre el relato independentista es muy grave, desde luego. El marco mental de los independentistas es lo que se ha estado intentando romper o quebrar durante muchos años para que no fuera su relato el único existente, sino que también se oyera la voz de los constitucionalistas en Cataluña y en España. Habíamos conseguido establecer argumentos en contra de las pretendidas verdades del independentismo y a favor del Estado de derecho y la defensa de España como país democrático de primer orden, pero ahora mismo con esos pactos se está haciendo una involución total y además por parte del partido que va a gobernar España. Por otro lado, el compromiso de crear comisiones parlamentarias para investigar actuaciones judiciales supone una interferencia absoluta del Poder Legislativo en el Poder Judicial, es tanto como hacer un revisionismo en el Parlamento de las actuaciones judiciales. El hecho de hacer referencia a esas comisiones como un mecanismo para visar la actuación de los jueces es una actuación indeseable en cualquier Estado democrático que tenga una confianza absoluta en su Poder Judicial. Supone una auténtica coacción a jueces y magistrados.

—¿Se equivocó el Estado al castigar el 1-O?

—En aquel momento se produjeron unos hechos que, conforme al Código Penal vigente en ese momento, eran constitutivos de delito; no se trataba de tener un planteamiento ideológico ni de respaldar la posición legítima de querer la separación de Cataluña, no. Se cometieron hechos que se incluían en el Código Penal y eso es lo que determinó el inicio de actuaciones penales. Ni más ni menos. No es que la justicia fuera a por el 'procés', sino que el 'procés' vino a la justicia a través de la comisión de delitos por parte de algunos de los que sustentaban esas ideas.

—¿No cree que reconocer que aquello no debió «judicializarse» nunca deja al Estado deslegitimado, desarmado, ante un ataque similar?

—Yo no entiendo el término. ¿No debió «judicializarse» el qué? ¿Qué pretenden decir, que los jueces deberían haber prevaricado, haber hecho oídos sordos, no haber perseguido los delitos flagrantes que se estaban cometiendo? Eso es comprar el marco mental y el relato del independentismo. Insisto: no se judicializó el 'procés'; fue el 'procés' el que vino a la justicia cuando hubo personas que se saltaron la ley penal. En democracia nadie está por encima de las leyes.

—¿Qué pasaría si vuelven a hacer lo mismo otra vez?

—Habría que ver; el delito de sedición ya no existe, se ha rebajado la pena del delito de malversación, los desórdenes públicos se han descafeinado… Veremos qué pasa. El Estado queda limitado evidentemente.

—¿La Fiscalía de hoy plantaría cara al órdago independentista como hizo en su momento el fiscal general José Manuel Maza?

—Ni la situación es la misma ni las personas son las mismas. La situación no es la misma que en 2017 porque, entre otras cosas, el Código Penal ya no cuenta con las mismas herramientas que en aquel momento. Partiendo de eso, la reacción no podría ser la misma. Aun así estoy convencida de que la Fiscalía General del Estado actuaría ante un ataque flagrante al Código Penal por parte de quien sea, independentista o no. No puede ser de otra manera.

—La posición del fiscal general del Estado se está cuestionando especialmente en las últimas semanas porque, según ustedes, no está siendo todo lo combativo que debería ser con los pactos con los independentistas, la ley de amnistía….

—La Asociación de Fiscales habría deseado en más de una ocasión que el fiscal general hiciese didáctica explicando a los ciudadanos cuáles son nuestros principios, cómo actuamos, y que además recordara que el Ministerio Público está sometido al imperio de la ley y que persigue hechos delictivos y no persigue a nadie por razones políticas. Debería haber dado amparo inmediato a los fiscales del 'procés' cuando se lo han pedido y a otros compañeros que ya están empezando a ser señalados, como Pedro Ariche, el compañero del TSJ de Cataluña a quien un diputado de Junts le dijo el otro día que no era bienvenido al Parlament por su persecución al independentismo. Para eso tiene que estar el fiscal general del Estado, para amparar a los compañeros que reciben ataques injustificados cuando actúan conforme a la ley.

—¿Por qué han pedido su dimisión?

—Nosotros no participamos del silencio que ha mantenido el fiscal general del Estado. Cuando el fugado señor Puigdemont dijo que Pedro Sánchez tenía que frenar a los fiscales era una ocasión perfecta para haber salido en defensa de la institución y haber dicho que se equivocaba al decir eso porque no dependemos del Gobierno, somos Poder Judicial con autonomía funcional; la Constitución no nos quiso como correa de transmisión entre el Gobierno y los tribunales. Era un momento perfecto para poner pie en pared y hacer pedagogía con la ciudadanía explicando que no somos Gobierno.

—Sin embargo, desde Fiscalía General consideran que ustedes hacen política.

—Nosotros no hacemos política; uno de nuestros fines es la defensa del Estado de derecho, y cuando creemos que hay que opinar al amparo de esa libertad de expresión que defendemos a ultranza, y que como asociación tenemos y se nos reconoce, podemos opinar libremente sobre lo que está ocurriendo a día de hoy y sobre lo que nosotros entendemos que pueden ser ataques a la separación de poderes, a la seguridad jurídica, a la imparcialidad del Ministerio Fiscal, al Poder Judicial… En definitiva, a los poderes fundamentales del Estado de derecho. Eso no es hacer política.

—La mayoría del Consejo Fiscal ha pedido un pleno extraordinario sobre la amnistía. ¿Por qué es importante ese pleno?

—Porque muy probablemente no haya otra ocasión para hacer en el seno de la carrera un debate sobre esta cuestión, porque al acudir a la vía rápida, por decirlo de alguna manera, se hurta a los técnicos la posibilidad de emitir un dictamen sobre la materia. Lógicamente el Consejo Fiscal, como asesor del fiscal general del Estado, tiene interés en hacer un pronunciamiento al respecto.

–¿Es constitucional esta ley de amnistía?

—Creo que hace falta un estudio profundo de lo que se apruebe, porque posiblemente esta proposición reciba aportaciones de enmiendas de otros grupos, pero en principio desde la Asociación de Fiscales consideramos que no encaja en la Constitución. Primero porque la Constitución no recoge la amnistía, y no porque hubiera habido un despiste del legislador: es que en las sesiones constituyentes se debatió y se rechazó introducirla al considerar que no tenía cabida en una democracia como la que se estaba construyendo en España en ese momento. En la tradición histórica española la amnistía siempre había respondido al fin útil de favorecer el tránsito hacia la democracia, olvidar, perdonar aquellos supuestos de persecución delitos o penalización de delitos por ideología. Pero evidentemente no es el caso de un Estado de derecho donde las ideologías no se persiguen en absoluto, sino que se sancionan delitos. Entendemos además que es una injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial, se impide al Poder Judicial llegar a dic tar sentencia y a ejecutar la pena, porque en cuanto se dicte la ley las causas abiertas se tendrán que archivar.

–¿Cree que García Ortiz volverá a ser nombrado fiscal general?

Yo creo que sí, nada me hace pensar lo contrario.