Congreso y Senado, en un choque institucional sin precedentes contra la amnistía: «El conflicto existe y es real»

Fue Alicia García, portavoz del PP en el Senado, la encargada de anunciar esta medida. La misma que venía reclamando Vox desde hace meses, y que los populares han terminado abrazando tras recibir el visto bueno de los letrados. El informe de la Secretaría General, encargado por el presidente del Senado, fue el que abrió la puerta para este choque inédito entre cámaras que abre un camino incierto y difícil de anticipar. En el último párrafo del extenso documento llevado este martes a la Mesa se recogía esta posibilidad a la que el PP se entregó para tratar de frenar la ley antes de que vuelva al Congreso para su aprobación definitiva.

Al entenderse que la amnistía es, en realidad, una «reforma constitucional encubierta», el Senado reclama su papel de igual a igual con la Cámara Baja y no de segunda lectura, como ocurre en la tramitación de una proposición de ley ordinaria. Se apoya en el informe de los letrados, quienes explicaban en su última conclusión que «tras la entrada de la iniciativa en el Senado, y para la defensa de las atribuciones constitucionales de la Cámara Alta, se podría plantear un conflicto entre órganos (artículos 73 y 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional)». La petición del PP, que ya había exigido también Vox mediante un escrito, deberá ahora ser calificada por la Mesa en la próxima reunión -que no tiene fecha- antes de ir a pleno, donde se requerirá formalmente al Congreso la retirada de la proposición de la ley. Si en un plazo de treinta días no se ha retirado o no hay respuesta, la siguiente batalla sería en el Tribunal Constitucional. «El conflicto existe, es real, y si el TC no estuviera secuestrado por el PSOE, así lo determinaría», explican a ABC fuentes de Génova.

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El anuncio del choque institucional pilló por sorpresa al Gobierno, que acusó a los populares de utilizar el Senado en su propio beneficio. «Están intentando convertir al Senado en una cámara de confrontación. La han convertido en un mero freno a la actividad parlamentaria. Una cámara dilatoria y obstruccionista que solo aspira a paralizar las normas», explicó Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia, que durante el día había asistido en la distancia a la tramitación de la norma.

Una situación extraña, la que se produjo durante la reunión de la Mesa, con el PSOE votando en contra de la admisión y el PP, a favor. «El mundo al revés», definía una fuente popular presente en el cónclave. A los socialistas no les gustó que el borrador que la Presidencia presentó para la tramitación incluyera varias de las dudas expresadas por los letrados de la cámara en su informe de inconstitucionalidad y se negaron a votar el documento. No lo hicieron a favor ni se abstuvieron. Simplemente, no se prestaron a ello, pues entendían que era «una trampa». Expresaron, como señaló Juan Espadas, su portavoz en la Cámara Alta, su intención favorable a que se tramitara, pero sin votar a favor del acuerdo de tramitación. Sí, pero no. Lo que los letrados reflejaron como un voto en contra en el acta, según pudo confirmar ABC. Esa resistencia la hicieron constar en la reunión de la Mesa, en la que la mayoría del PP tumbó cualquier oposición y el acuerdo salió adelante con todas las reservas; con las dudas de constitucionalidad, las de vulneraciones materiales y formales, así como posibles transgresiones de leyes europeas. «Se da la paradoja de que los miembros del PP quieren cumplir la legalidad y votan a favor de la tramitación de la amnistía, aunque estén en contra, y que los del PSOE, por una excusa, han votado en contra», señalaban fuentes populares, que justificaban esta fórmula de tramitación, con una extensa explicación, para proteger jurídicamente a los miembros de la Mesa. «Es excepcional, porque esta ley es profundamente especial y convulsa», señala uno de ellos.

Mientras, en Vox se desataba el entusiasmo. En conversación con ABC, el jefe de su delegación europea, Jorge Buxadé, celebró que «por fin» el PP haya planteado el choque institucional que, como informó este diario el 28 de noviembre, quince días después de que el PSOE registrase la ley de amnistía en el Congreso, la formación de Santiago Abascal venía reclamando. «Lo dijimos hace meses», subrayó.

Antes de conocerse la decisión del PP, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, había pedido «valentía» para elevar el conflicto al Constitucional. Después, la senadora de Vox por Andalucía, Paloma Gómez, anunciaba el envío de un escrito de su partido a la Mesa del Senado para que actuase en consecuencia. Vox sigue pensando, a pesar de la opinión de los letrados, que todavía cabía la inadmisión a trámite de la amnistía. Pero el paso popular, aplauden, es fundamental.