El Gobierno consuma su plan para rebajar 380 años a cuarenta etarras

El Senado iba a debatir este martes el conocimiento directo del proyecto de ley del Gobierno, en el que se buscaba originalmente la trasposición de una norma europea sobre intercambio de antecedentes penales entre países miembros, pero en el que, de tapadillo, se introdujo en la Comisión de Justicia del Congreso una «enmienda técnica» que a la postre permite que decenas de etarras conmuten penas de prisión cumplidas en países extranjeros, básicamente Francia, por condenas en España en causas distintas. Los letrados no advirtieron de ello.

Fuentes del PP han informado esta tarde de que se quitará del orden del día del pleno de este martes esta polémica ley y piden al Gobierno que utilice su potestad para retirarla en base al artículo 127 del 'Reglamento del Senado', que contempla esa posibilidad, como había exigido Vox esta mañana. Si el Ejecutivo no lo hace, apuntan, buscarán «cualquier alternativa jurídica y parlamentaria». «El PSOE es el único partido con capacidad para parar este despropósito», sostienen, y subrayan que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado este lunes con la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, para disculparse personalmente por lo sucedido.

El proyecto de ley original no incluía este extremo, pero dos enmiendas de Sumar aprobadas en la Comisión de Justicia lo permiten. ABC, en enero del año 2022, ya había informado de que el Gobierno estaba negociando con el PNV y Bildu para aprobar un atajo que favoreciese aliviar las penas de los etarras. El Ministerio del Interior, entonces, lo desmintió por carta a las asociaciones de víctimas, pero este lunes 'El Confidencial' ha adelantado la vía utilizada para hacerlo.

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El problema es que, esta vez, la oposición no se enteró de la treta ni en el Congreso, donde el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, ni en el Senado, donde al no registrarse ni vetos ni enmiendas, salvo que el Gobierno lo retire, ya no hay margen para impedir la reforma, según diversas fuentes parlamentarias consultadas por ABC. En cualquier caso, al no haber enmiendas o vetos en la Cámara Alta y tramitarse por el procedimiento de urgencia, el plazo para que el Ejecutivo mueva ficha, antes de publicarse la norma, concluye el 14 de octubre.

Las enmiendas, presentadas por Sumar y no por Bildu, modifican el artículo 14.1 de la ley orgánica 7/2014 y derogan la disposición adicional única del texto. Esa cláusula se introdujo en el Senado, 'in extremis', cuando en 2014 y con varios años de retraso, se trasponía en esa ley la decisión marco europea sobre reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. Se trataba de acatar el mandato de modo que las sentencias en otros Estados miembros tengan los mismos «efectos jurídicos» en España que si se hubiesen dictado aquí, pero con salvedades.

La más relevante, la mencionada disposición adicional: no se aplicaba en los casos previos al 25 de agosto del 2010, fecha en la que debía estar ya en vigor esa decisión europea que tanto estaba tardando en adaptarse. Esto, de facto, cerró la puerta a los presos de ETA, que querían restar al límite de cumplimiento efectivo en España de veinte, treinta o cuarenta años, según el caso, el periodo que hubiesen pasado entre rejas en Francia por terrorismo. Allí la mayoría son condenados por pertenencia. Aquí lo son por otros delitos, con o sin sangre; hechos distintos.

La negativa a descontar las penas francesas fue avalada por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional después de que dos de sus secciones hubiesen dictado resoluciones contradictorias. También hubo una sentencia del Supremo que acumulaba una condena, pero luego el Pleno sentó jurisprudencia fijando que no se descontaban. Tres etarras acudieron al Constitucional y recibieron un portazo y en 2018 llegaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que avaló la norma española sin que la empañase tampoco el Tribunal de Justicia de la UE cuando respondió a las dudas de otro Estado miembro al respecto. La doctrina es pacífica desde entonces.

Pese a todo, se introduce este cambio para estupor de las víctimas, que llevan años avisando que la acumulación es un paso clave en la hoja de ruta del entorno de ETA, que el Gobierno está siguiendo a pies juntillas: traslados, traspaso de competencias, terceros grados y ahora, rebajas.

Sumar era plenamente consciente y este lunes, su portavoz en la Comisión de Justicia, Enrique Santiago, se escudaba en que habían «aprovechado para corregir una discriminación de la legislación española» y encima, por unanimidad. El ministro del ramo, Félix Bolaños, lo que subrayaba es que la reforma «nada tiene que ver con el Gobierno» y su tramitación había sido «absolutamente pacífica» y «se votó por todos los grupos parlamentarios sin excepción, también por PP y Vox», informan Patricia Romero y Nati Villanueva.

Sobre ellos, los grupos de la oposición, estaban este lunes todos los focos para pedir explicaciones a lo inexplicable. Y ni el PP ni Vox han sabido justificar qué pasó para que ninguno hubiera detectado antes la «trampa» o el «engaño», como lo definen. «Ha ocurrido un error generalizado», acertaba a decir Borja Sémper, portavoz del PP, que ha culpado al Gobierno por «una jugarreta» que considera «inconstitucional». Vox, que reconoce no haber tenido ningún indicio, ha pedido perdón por el «error» y ha anunciado que está estudiando qué ha ocurrido para que no vuelva a repetirse. Mientras, reclamaba al PP que retrase su aprobación retirándola del orden del día de este martes en el Senado, como finalmente ha sucedido, informa Pilar de la Cuesta. En la Comisión de Justicia hay catorce diputados del PP y tres de Vox y en la ponencia donde se introdujeron las enmiendas participaron los populares Ana Belén Vázquez, José Manuel Velasco y Rafael Belmonte y los derechistas Emilio del Valle y Pedro Fernández.