García Ortiz cambió de teléfono una semana después de que el Supremo empezara a investigarle

La UCO responde así a la petición que le formuló el juez el pasado 23 de diciembre, cuando le solicitó que le facilitara los números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas que fueron requisadas durante el registro del pasado 30 de octubre en su despacho de la Fiscalía. Hurtado trataba de averiguar precisamente si los teléfonos intervenidos fueron los utilizados por el fiscal general la noche del 13 al 14 de marzo, cuando presuntamente se produjo la filtración del correo reservado del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En su informe, la UCO informa al instructor de que ha identificado dos números de teléfono asociadas a las tarjetas objeto de esta diligencia: una línea operada por Movistar de la que es titular García Ortiz (este número es en el que se reciben los mensajes procedentes de Pilar Rodríguez) y otra línea operada por Vodafone a nombre de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda.

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Nati Villanueva

El instructor trata de averiguar si la noche del 13 de marzo el fiscal general utilizó un móvil distinto al requisado

El término IMSI es la Identidad Internacional de Abonado Móvil (International Mobile Subscriber Identity en inglés). Se trata de un número único de 15 dígitos que figura en la tarjeta SIM y sirve para identificar a un abonado de telefonía móvil. «El inicio de actividad de los IMSIs aparejados a estos IMEIs (el identificador único de cada terminal telefónico) es de fecha 23.10.2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas».

Las acusaciones personadas en la causa han tenido claro desde el primer momento que el borrado de mensajes era «gravísimo» y un indicio incriminatorio más, y que la UCO tenía que seguir profundizando en este aspecto, entre otras cuestiones porque del análisis del móvil de la otra imputada, la jefa de la Fiscalía provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se desprende ese «papel preminente» de García Ortiz en el episodio de la filtración. Así lo reflejaba el intercambio de mensajes con Rodríguez la noche del 13 de marzo y su interés por conseguir los correos de la defensa de Alberto González Amador (el novio de Ayuso) y del fiscal del caso, Julián Salto.

Ese mismo 23 de diciembre la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) había pedido al magistrado Ángel Hurtado una batería de diligencias relacionadas con los dispositivos requisados. Una de ellas era averiguar si García Ortiz «ha cambiado de terminal desde el 13 de marzo a nuestros días y los IMEI afectados». Alertaba la API de que la UCO pudo peritar un teléfono que no fuera el usado por el investigado los días 13 y 14 de marzo.

Asimismo pedía que se investigara si ha habido «otros fiscales» que hayan cambiado de número de terminal inmediatamente después de que se produjeran los registros, porque al abogado de esta asociación Juan Antonio Frago, fiscal en excedencia, le consta que al menos la jefa de inspección, María Antonia Sanz, sí lo hizo, además al día siguiente de esos registros del 30 de octubre.

En la misma línea el letrado de González Amador (acusación particular en el caso) pidió al juez que requiriera a la UCO para que reclamara al departamento de informática de la Fiscalía General del Estado información sobre el número de veces que el fiscal general ha cambiado de dispositivo móvil con indicación de los datos de referencia de cada terminal (IMEI y modelo), que le obligara a entregar a los agentes los dispositivos móviles que dejó de utilizar desde el pasado 7 de marzo y que informara sobre si esos dispositivos han sido formateados y en caso afirmativo, quién se encargó de hacerlo.

Solicitaba, además, que se requiera al delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal (Agustín Hidalgo de Morillo) para que aporte copia de los protocolos o normativa interna aprobada y existentes en la institución del Ministerio Fiscal y, específicamente, en la Fiscalía General del Estado relacionados con el uso de teléfonos móviles por los miembros del Ministerio Fiscal con ocasión de sus actuaciones como funcionarios públicos (detallando sus versiones y vigencias desde su inicial aprobación, y copia de todas las versiones); con el uso de direcciones de correo de carácter personal por los miembros del Ministerio Fiscal con ocasión de sus actuaciones como funcionarios públicos (detallando sus versiones y vigencias desde su inicial aprobación, y copia de todas las versiones); relación de ocasiones en las que desde el 7 de marzo de 2024 fiscales del órgano han cambiado de dispositivo móvil indicando de quién o quiénes se trata y datos de referencia de cada terminal (IMEI y modelo).